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Ley 2303 - CPP CABA (Libro II)
 Libro II. Investigación preparatoria

Título I. Inicio de las actuaciones

Capítulo 1. Inicio

Art. 77. Modos de iniciación.
La investigación preparatoria se iniciará:
1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo de la
presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su
competencia;
2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación de
prevención que lo justifique;
3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;
4) como consecuencia de una denuncia o querella.

Art. 78. Flagrancia.
Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el
momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza
pública, por la víctima o el clamor público.
Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este Código, la
persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan
presumir que acaba de participar en un delito.

Capítulo 2. Denuncia

Art. 79. Formulación de la denuncia.
Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública, podrá
denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera dependiente de instancia
privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su representante o los organismos autorizados
por la ley.
La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o cuando
sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del delito, la pérdida
de la prueba o la fuga de sus partícipes.
El simple denunciante no será parte en el proceso.

Art. 80. Obstáculos para denunciar.
Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,
descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio del
denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo ligue con
el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz de valerse por sí
misma.

Art. 81. Obligación de denunciar.
Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios públicos
que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Art. 82. Modos de formular la denuncia.
La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio de
mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la representación invocada,
bajo consecuencia de tenerla por formulada por el presentante a título personal.
El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público Fiscal que
reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del denunciante y
hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará un acta.

Art. 83. Contenido de la denuncia.
La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y circunstanciado
del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados, testigos y demás elementos útiles
para la comprobación del delito y la determinación de su calificación legal.

Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos.
El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro funcionario público
que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente al Ministerio Público Fiscal,
sin perjuicio de realizar de las actuaciones urgentes que correspondan.

Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.
Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la policía, otra
fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo, planteará ante el/la Juez/a
la incompetencia o dará curso a la investigación preparatoria, según corresponda. En este
último caso dictará el decreto de determinación de los hechos.

Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad

Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.
Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando lleguen a su
conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o por orden de autoridad
competente.
Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:
1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;
2) individualizar a los culpables;
3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.
Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el menor
tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de urgencia,
siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la libertad o los bienes de
las personas o la prueba de los hechos y en casos de flagrancia.

Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.
Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la vía pública,
además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las actas de prevención
deberán contener en lo posible:
1) la identificación del/la imputado/a;
2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;
3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las diligencias
practicadas y toda otra prueba del hecho;
Las actas deberán ser remitidas de inmediato al/la Fiscal cuando hubiera
aprehendidos/as, se hubieran adoptado otras mediadas precautorias o cuando éste lo
indique.

Art. 88. Deberes específicos.
Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los siguientes deberes:
1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado de
las cosas no se modifique.
2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer que
ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias,
se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan.
De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.
3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los
lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes
técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo efecto de
orientar las pesquisa.
5) Aprehender a los presuntos/as autores/as en los casos y formas que este Código
autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.
6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con inmediata
noticia al/la Fiscal competente.
7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este Código
autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.
8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria, adecuada a
la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.

Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.
La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la imputado/a.
Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto deberán
previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de guardar silencio sin
que ello importe presunción en su contra y de designar defensor/a o contar con uno/a de
oficio. De lo actuado se labrará acta.
El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto y sus
consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de la comunicación
que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la
debida sanción administrativa por tal grave incumplimiento.
En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar, el/la
funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga, deberá instruirlo
acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la Fiscal competente o en su
defecto, si por algún motivo éste no pudiera recibirle declaración en un lapso
razonablemente próximo, ante cualquier otro Fiscal que al efecto puede ser requerido.

Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.
Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la
correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en soporte
informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal
competente; sin embargo, en los casos urgentes, podrán ocurrir al juez competente más
cercano, el que le autorizará la apertura de considerarlo oportuno. Una vez conocido el
contenido, el/la Juez/a podrán autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la
inspección de correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático
legalmente incautados, a los fines periciales.

Título II. Investigación preparatoria.

Capítulo 1. Finalidad y objeto

Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.
El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de
arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente previstas o
promover o desechar la realización del juicio.
A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:
1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y averiguaciones
conducentes al descubrimiento de la verdad;
2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o
justifiquen o influyan en la punibilidad;
3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;
4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos
legalmente previstos.
Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate en la
forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la condena del
acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya incorporación al debate sea
admitida.

Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.

Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.
Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77 y no
disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto de
determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá contener:
1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera
posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación provisoria;
2) las condiciones personales de los/las imputados/as y, en su caso, de la víctima
que fueran conocidas;
Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados, o cuando
otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del hecho se deberá
modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos en este artículo.
La investigación preparatoria se limitará a los hechos referidos en el decreto de
determinación y sus ampliaciones.

Art. 93. Actos de investigación.
A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a testigos, requerir
los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles, practicar las inspecciones de
lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de elementos y todas las medidas que
considere necesarias para el ejercicio de sus funciones. Deberá solicitar orden judicial
para practicar allanamientos, requisas o interceptaciones de comunicaciones o
correspondencia

Art. 94. Actuaciones. Delegación.
La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto cuando se
trate de actos definitivos e irreproducibles.
Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados por el/la
Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o en investigadores de
las fuerzas de seguridad debidamente individualizados. Éstos reportarán el cumplimiento
de las diligencias encomendadas mediante informes firmados, los que se reservarán en la
Fiscalía.
El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la notificación
al/la imputado/a de los hechos investigados.

Art. 95. Uso de la fuerza pública.
En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir la intervención
de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el
seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene.
El Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en función
judicial.

Capítulo 3. Intervención de las otras partes.

Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.
El/la defensor/a del/la imputado/a y el/la querellante, sus respectivos/as letrados/as y/o
mandatarios/as tendrán derecho a participar de todos los actos formales de la
investigación preparatoria, con excepción de aquellos que se realicen durante el secreto
de la investigación. En ningún caso se podrá restringir el acceso de los/as letrados/as de
la defensa en los actos en que deban participar personalmente los/as imputados/as.
Las partes deberán ser notificadas únicamente de los actos en los que ello esté
expresamente previsto.

Art. 97. Proposición de diligencias.
La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la Fiscal practicará las diligencias
propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los fines de la investigación
preparatoria o cuando fueren actos que no puedan producirse en el debate.

Capítulo 4. Actos definitivos e irreproducibles.

Art. 98. Actos definitivos e irreproducibles. Notificación.
Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros domiciliarios,
deberá citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a estuviese identificado/a. La
incomparecencia las partes debidamente notificadas no impedirá la realización del acto,
que tendrá valor para todos sus efectos.
Sólo en casos de suma urgencia se podrá proceder sin notificación o antes del término
fijado, dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para estos casos, se
deberá intentar la comparecencia del/la defensor/a oficial si no estuviese el/la defensor/a
particular. Si la presencia de aquél fuera imposible, deberá dejarse constancia de los
motivos que impidieron.
A pedido de la defensa, el/la juez/a podrá establecer las condiciones de realización del
acto para asegurar el control de las partes sobre su producción.

Art. 99 Violación de recaudos.
Los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos
precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia, carecerán de valor
probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto.

Art. 100. Actuación en actos definitivos e irreproducibles.
En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje constancia
de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los testigos con
autorización del/la Fiscal o del/la Juez/a, según el caso.

Capítulo 5. Publicidad de la investigación preparatoria.

Art. 101. Legajo de investigación.
El fiscal formará un legajo de investigación, con el fin de preparar su requerimiento. Se
incorporarán al legajo de actuación:
1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles;
2) las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluír para promover
decisiones jurisdiccionales.
3) las actas de la prevención y los informes de los auxiliares del/la fiscal;
4) los actos que le correspondan al/la Juez/a;
5) los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.
Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a de la
Fiscalía deberá compilar ordenadamente.

Art. 102. Carácter de las actuaciones. Secreto.
El legajo de investigación será público para las partes y sus defensores/as y/o letrados/as
o quienes tengan interés legítimo a partir de la intimación del hecho y la constitución de
querellante, según el caso, quienes lo podrán examinar libremente en cualquier momento,
salvo que se haya dispuesto el secreto de la investigación. Las audiencias orales que se
realicen durante la instrucción serán públicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a
pedido de parte, disponga que sean reservadas por motivos de seguridad, para garantizar
derechos de las partes o el resultado de la investigación.
El fiscal por resolución motivada podrá disponer la reserva parcial de las actuaciones
imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas dispuestas, hasta que
concluyan las diligencias y por un plazo que no podrá superar los diez días.
No obstante, podrá decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otros/as
imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto de las
actuaciones. En tales casos el secreto se limitará al tiempo indispensable para orientar la
investigación o cumplir con el acto ordenado, que no podrá exceder de diez (10) días.
El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputado/a y su defensor/a conozcan
todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele los hechos
imputados.

Art. 103. Control del/la Juez/a.
Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podrá plantear su oposición
al/la Juez/a, quien deberá oír de inmediato al/la Fiscal y resolver sin más trámite. La
resolución será irrecurrible.

Art. 104. Duración.
La investigación preparatoria deberá concluir dentro del término de tres (3) meses a partir
de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese término resultare insuficiente, el/la
Fiscal deberá solicitar prórroga a el/la Fiscal de Cámara, quien podrá acordarla hasta por
dos (2) meses más, según las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.
Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difícil investigación, el/la Fiscal
podrá solicitar que la prórroga otorgada exceda excepcionalmente dicho plazo, debiendo
fijar el Tribunal el término perentorio de finalización de la investigación preparatoria que,
no podrá exceder de un (1) año a partir de la intimación de los hechos.
Si hubiere más de un/a (1) imputado/a el término correra independientemente para cada
uno de ellos.
El imputado podrá cuestionar las prórrogas ante el juez, solicitando que se fije un plazo
razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que no podrá exceder los
previstos precedentemente.

Art. 105. Vencimiento del término.
Dentro del quinto día de vencido el término previsto en el artículo anterior y sus prórrogas,
el/la Fiscal deberá solicitar la remisión a juicio, disponer la clausura provisional o el
archivo de las actuaciones.
Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la Fiscal se hubiera
expedido, se archivará la causa respecto del imputado por el cual hubiera vencido y no
podrá ser nuevamente perseguido penalmente por el mismo hecho.

Título III. Prueba

Capítulo 1. Reglas generales.

Art. 106. Amplitud probatoria.
Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los principios
contemplados en este Código.
No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con
excepción de las relativas al estado civil de las personas.

Art. 107. Admisibilidad de la prueba.
Los elementos de prueba sólo serán admisibles cuando sean obtenidos por un medio
lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.
Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten manifiestamente
sobreabundantes y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida para acreditar un hecho
notorio.
Las partes podrán acordar que circunstancias determinadas, que no integren los
requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal o sean cuestiones de interés público, no
necesitan ser probadas. Ello constará en acta que podrá incorporarse por lectura a
cualquier audiencia y al debate a pedido de cualquiera de las partes concurrente, si
hubiera sido firmada por todas ellas y sus defensores.

Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal

Art. 108. Causales para el allanamiento.
Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al
hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del/la imputado/a o de alguna persona
requerida o fuere necesario el ingreso para la aplicación de alguna medida precautoria,
ante el pedido fundamentado del/la Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso
y/o el registro de ese lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por
cualquier medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del
juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.
A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la fuerza pública
y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el funcionario debidamente
individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las fuerzas de seguridad que estime
pertinente. En este caso la orden deberá realizarse por escrito y contener el lugar, día y
hora en que la medida debe efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario
actuante labrará un acta conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.

Art. 109. Horario.
Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas,
la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se ponga el sol, salvo
cuando el interesado o su representante consienta que se realice en cualquier horario o
en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos casos la autorización de ingreso
nocturno deberá emanar del auto.

Art. 110. Edificios que no son morada.
Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando las
diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas administrativas, los
establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las asociaciones y cualquier otro
lugar cerrado que no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales,
salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.
Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá requerirse la
autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del Congreso Nacional
donde deba practicarse el allanamiento.

Art. 111. Formas del allanamiento.
La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a quien
habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá notificarse
al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier persona mayor de edad
que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a presenciar el registro.
Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el acta y el registro se llevará a
cabo.
Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las
circunstancias útiles para la investigación.
El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere, deberá
constar el motivo.
Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en la orden
judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad judicial para su
incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos pertinentes para preservarlos.
Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el procedimiento,
la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los motivos en el acta bajo
consecuencia de nulidad.

Art. 112. Requisa
Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que
una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su cuerpo o en el vehículo
en que circula, cosas constitutivas de un delito o que pudieran haber sido usadas para
cometer un delito, las autoridades de prevención podrán disponer que se efectúen
requisas personales. De lo actuado deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo
ratificará o dispondrá la devolución de los efectos incautados.
En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá disponer, de
manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que portare o de su vehículo,
para la obtención de elementos probatorios determinados, dando inmediata noticia de lo
dispuesto a el/la Juez/a competente.
En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas por
autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a mostrar sus
efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas, elementos que porten y
vehículos.
De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de secuestro, a los
fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán disposición del/la Fiscal. En el acta
deberán constar los motivos que justificaron la actuación bajo consecuencia de
inadmisibilidad de la prueba obtenida.

Art. 113. Secuestro y clausura provisional.
El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la garantías
constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados en el art. 13 inc. 8
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán disponer la requisa
y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el hecho, o aquellas que puedan servir
como medios de prueba.
En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en la
forma prevista para los registros.
El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o
documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los elementos citados en el
art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un local o la
inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser
mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las reglas precedentes.
Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte
informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el previsto
para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.

Art. 114. Restitución.
La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo clausura, podrá
requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza convocará a una audiencia con
citación de el/la Fiscal y resolverá de inmediato. La decisión solo será susceptible de
recurso de reposición, que se substanciará en la audiencia.
Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén
sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean
necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se
retiraron o a quien acredite su derecho.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e imponerse al
poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea requerido.

Capítulo 3. Intervención de comunicaciones

Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia.
Siempre que lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido
fundamentado del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el
secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto remitido por
el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun cuando sea bajo nombre
supuesto.
Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la
correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público Fiscal
competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la
apertura si lo creyere oportuno.

Art. 116. Apertura y lectura.
Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá a su
apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá examinar los
objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.
Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá
en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o
parientes próximos, bajo constancia.
El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de comunicaciones,
se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.

Art. 117. Intervención de comunicaciones.
Ante pedido fundamentado del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante auto, la
intervención de comunicaciones del/la imputado/a por cualquier medio, para impedirlas o
conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá carácter excepcional y sólo podrá
efectuarse por un plazo de treinta días, pudiendo ser renovada sólo una vez por quince
días más, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo.
Rige para los funcionarios encargados de efectuar la intervención el deber de
confidencialidad y secreto respecto de la información obtenida por estos medios, excepto
respecto de la autoridad que la haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán
en responsabilidad personal.
En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho del/la
imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su contra o suplir las
declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de parentesco o secreto profesional.

Art. 118. Prohibición.
No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a
defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones por
cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.

Capítulo 4. Prueba testimonial

Art. 119. Facultad de interrogar.
El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca los hechos
investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.
Art. 120. Entrevista con el testigo.
Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones testimoniales
que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como definitivas e
irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la sentencia en caso de
avenimiento.
Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración en el
legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en el domicilio del
testigo o en otro sitio. También podrá delegar el interrogatorio informal en un auxiliar o en
un investigador de las fuerzas de seguridad según lo previsto en el artículo 94.
Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.

Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.
Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar sobre lo que
sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere
preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración del
testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus ministros y
secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores, ministros y secretarios de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los legisladores nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes de los poderes
judiciales y ministerios públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo precedente
decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y deberán ser contestadas en el
menor tiempo posible, bajo juramento de decir verdad y con mención sobre si le
comprenden las generales de la ley.

Art. 122. Facultad de abstención.
Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del/la imputado/a:
a) su cónyuge;
b) la persona con la cual se encuentra unido/a civilmente;
c) sus ascendientes, descendientes o hermanos/as, parientes colaterales hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
d) sus tutores/as, curadores/as y pupilos/as.
Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará constancia.

Art. 123. Deber de abstención.
Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que
hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión los
ministros de un culto admitido; los/as abogados/as, procuradores/as y escribanos/as;
los/as médicos/as y demás auxiliares del arte de curar; los/as militares y funcionarios/as
públicos/as sobre secretos de Estado.
Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos/as y demás
profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un delito hubiera
recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad física o la del/la ofendido/a.
Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del
deber de guardar secreto por el/la interesado/a.
Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no comprendido
en el secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a interrogarlo.
Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de valor
probatorio y no podrán usarse en la causa para ningún efecto.

Art. 124. Personas sordas o mudas.
Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipoacúsica bilateral profunda
se le deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de una persona muda se le
harán oralmente las preguntas y responderá por escrito.

Art. 125. Examen en el domicilio.
Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente impedidas,
serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o internación.

Art. 126. Declaración por exhorto.
Cuando el testigo resida a más de cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, para la
recepción de declaración formal se deberá requerir al/la Juez/a que arbitre los medios
necesarios para que se la obtenga por exhorto a la autoridad judicial de su residencia,
salvo que el/la Fiscal considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad
del hecho investigado y la importancia del testimonio. En este caso se fijará
prudencialmente el reembolso de los gastos ocasionados al citado.

Art. 127. Detención. Declaración.
El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado de que
se oculte, fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta medida durará el
tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca podrá exceder de
veinticuatro (24) horas. Si el testigo mantuviera su negativa a declarar vencido ese
término, se formulará la pertinente denuncia penal y se lo pondrá a disposición de la
autoridad judicial competente.

Art. 128. Declaración. Formalidades.
Al comenzar el interrogatorio, aun en los informales, el testigo deberá ser instruido
acerca de las penas por el delito de falso testimonio y prestar juramento o promesa de
decir verdad, con excepción de los menores inimputables y de las personas imputadas de
un hecho conexo.
El/la Fiscal o el auxiliar delegado interrogarán separadamente a cada testigo, requiriendo
su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de
interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar la veracidad
de su declaración.
Después de ello lo interrogará sobre el hecho.
Si se temiera por su integridad física o de otra persona, se podrá indicar su domicilio en
forma reservada, pero no podrá ocultarse su identidad salvo en los casos en que esté
incluido en un programa de protección de testigos. La reserva de identidad solo podrá
mantenerse hasta el juicio.
Para cada declaración formal se deberá labrar un acta o dejar constancia de lo sustancial
en el acta de la audiencia oral, según el caso.

Capítulo 5. Prueba pericial

Art. 129. Oportunidad.
El/la Fiscal ordenará informes periciales durante la investigación preparatoria cuando los
considere necesarios para fundar sus peticiones.

Art. 130. Designación. Intervención de las partes.
El/la Fiscal, según el procedimiento que determine la reglamentación, designará de oficio
a un (1) perito, salvo que considere indispensable que sean más.
Notificará esta resolución a las partes antes de que se inicien las operaciones periciales,
informándoles de su facultad de designar peritos de parte, dentro de los tres (3) días, a su
costa, para que participen de los análisis periciales o examinen sus conclusiones y
propongan puntos de pericia.

Art. 131. Obligatoriedad del cargo.
El/la designado/a como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el
cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en
conocimiento del/la Fiscal, al ser notificado de la designación.
Si no acudiera a la citación o no presentara el informe a debido tiempo, sin causa
justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos.
Los peritos no oficiales deberán aceptar el cargo bajo juramento.

Art.132. Directivas.
El/la Fiscal dirigirá el peritaje, formulará concretamente las cuestiones a dilucidar, fijará el
plazo en el que habrá de expedirse el perito y si lo juzgare conveniente asistirá a las
operaciones. Los peritos procurarán practicar juntos el examen. Las partes y sus
consultores técnicos podrán asistir a él y solicitar las aclaraciones pertinentes, debiendo
retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación.
El fiscal podrá autorizar a los peritos a examinar las actuaciones o a asistir a
determinados actos procesales.

Art. 133. Conservación de la materia a peritar.
Tanto el/la Fiscal como los peritos deberán procurar que las cosas a examinar sean
conservadas, de modo que el peritaje pueda repetirse.
Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiera discrepancia sobre el
modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar al/la Fiscal antes de
proceder.

Art. 134. Contenido del dictamen pericial.
El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o constar en acta y comprenderá:
1) la descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones
en que hubieren sido hallados;
2) una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados;
3) las conclusiones que formulen los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o
técnica;
4) lugar y fecha en que se practicaron las operaciones;
5) firma.
Cuando por sus características el peritaje fuera irreproducible, su desarrollo deberá ser
grabado o filmado.

Art. 135. Cuerpo de escritura
El/la Fiscal podrá solicitar que el/la imputado/a o un/a testigo forme cuerpo de la escritura.
La solicitud al/a imputado/a deberá hacerse en presencia de la defensa, bajo constancia
en acta. De la negativa del/la imputado/a se dejará constancia, pero ello no podrá
invocarse como presunción en su contra. Los /las testigos tendrán obligación de formar el
cuerpo de escritura cuando les sea requerido como parte integrante de su declaración.

Art. 136. Deber de reserva.
El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación.
Cuando la práctica pericial involucrara injerencia en la intimidad de una persona los
peritos deberán informarle al interesado que están limitadas las reglas del secreto
profesional. Las manifestaciones del imputado en el curso del examen médico o
psicológico, no podrán ser usadas en su contra y los peritos deberán guardar reserva a su
respecto.
El/la Juez/a podrá corregir, de oficio o a pedido de parte, con medidas disciplinarias la
negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos y aun sustituirlos, sin perjuicio de
las responsabilidades penales que puedan corresponder.

Art. 137. Honorarios.
Los peritos designados por el Ministerio Público Fiscal tendrán derecho a percibir
honorarios, a menos que tengan remuneración por cargos oficiales desempeñados en
virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que el peritaje requiera.
El perito nombrado a petición del/la imputado/a y/o de la querella podrá percibir
honorarios siempre, directamente de éste o de el /la condenado/a en costas.

Capítulo 6. Reconocimientos

Art. 138. Procedencia.
A pedido del Fiscal, el Juez, ejerciendo el control de legalidad de la forma en que se
realice la medida, podrá disponer que se practique el reconocimiento de una persona,
para identificarla o establecer que quien la mencione o aluda efectivamente la conozca o
la ha visto. El reconocimiento podrá efectuarse por medios técnicos, testigos o cualquier
medio que permita la identificación.
Cuando el imputado o su defensor lo solicitaren, deberá concurrir el/la Juez/a a presenciar
el acto.

Art. 139. Interrogatorio previo.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a
la persona de que se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto
personalmente o en imagen.
El/la declarante prestará juramento de decir verdad, salvo que fuera imputado/a en la
causa.

Art. 140. Forma de la diligencia.
La diligencia de reconocimiento deberá practicarse inmediatamente después del
interrogatorio, poniendo a la vista de quien deba realizarlo a la persona que deba ser
identificada o reconocida, junto con otras dos (2) o más de condiciones externas
semejantes. La persona a reconocer o identificar podrá elegir colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, conforme el/la fiscal o
el/la Juez/a, según el caso, lo estime oportuno, el que deba practicar el reconocimiento
manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia,
invitándosele a que, en caso afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las
diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba en la
época a la que se refiere su declaración.
La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias
útiles, inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren participado en la rueda.

Art. 141. Pluralidad de testigos y/o de sujetos a reconocer.
Cuando varias personas deban identificar o reconocer a una, cada reconocimiento se
practicará separadamente sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pudiendo labrarse
una sola acta. Cuando fueran varias las personas a las que una deba identificar o
reconocer, podrá hacerse el reconocimiento de todas en un solo acto.

Art. 142. Reconocimiento por fotografía.
Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estuviere presente,
no fuera conocida o no pudiera ser habida, de la que se tuvieran fotografías o pudiera
estar en un registro fotográfico, se les presentarán éstas, con otras semejantes de
distintas personas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se deberá
observar lo dispuesto en los artículos 139, 140 y 141. Solamente podrá realizarse el
reconocimiento fotográfico de personas conocidas que puedan ser habidas cuando fuera
notorio que al momento del reconocimiento ha cambiado su fisonomía, voluntariamente o
por el transcurso del tiempo, y se cuenten con fotografías de época más cercana al
hecho”.

Art. 143. Reconocimiento de cosas.
Antes del reconocimiento de una cosa deberá invitarse a la persona que deba efectuarlo a
que la describa.
Los documentos, objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al
imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan o informen sobre ellos.
Cuando se disponga el reconocimiento de voces, sonidos y cuanto pueda ser objeto de
percepción sensorial, se observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de
personas.
En lo demás y en cuanto fuere posible regirán las reglas que anteceden.

Capítulo 7. Careo

Art. 144. Oportunidad. Objeto. Juramento.
Podrán ordenarse careos en el legajo de investigación, en las audiencias orales y en el
debate.
Se podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepado
sobre hechos o circunstancias importantes, o cuando se estime de utilidad para el
esclarecimiento de los hechos.
El/la imputado/a podrá también solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse.
Los que vayan a ser careados deberán prestar juramento antes del acto, bajo
consecuencia de nulidad, a excepción del/la imputado/a.

Art. 145. Forma.
El careo se realizará entre dos (2) personas. Cuando se realice en el legajo de
investigación, al del/la imputado/a no podrán asistir la querella ni sus representantes,
excepto que se trate de la persona careada.
Para efectuarlo se leerán, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen
contradictorias y se llamará la atención de los careados sobre las discrepancias, a fin de
que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. De la ratificación o rectificación que
resulte se dejará constancia, así como de las reconvenciones que se hagan los careados
y de cuanto en el acto ocurra; pero no se hará referencia a las impresiones del/la Fiscal
acerca de la actitud de los careados.

Título IV. Situación del/la imputado/a

Capítulo 1. Presentación y comparecencia

Art. 146. Demora de personas.
Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubieran
participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables y a los
testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el/la Fiscal
podrá disponer que los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes
de interrogarlos y aún ordenar el arresto si fuera indispensable.
Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el estrictamente necesario
para escuchar los testimonios, a lo cual se procederá sin tardanza y no podrán durar más
de seis (6) horas. Sin embargo, a pedido del/la Fiscal, el/la Juez/a podrá prorrogar dicho
plazo por dos (2) horas más, por auto, si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. El
pedido podrá formularse por cualquier medio, con la debida constancia, y el contenido del
auto que lo conceda o deniegue se podrá adelantar por vía telefónica, fax o por cualquier
medio electrónico. Vencido este plazo deberá disponerse el cese de la restricción a la
libertad de todos los afectados, salvo que procediera la aprehensión para alguno de ellos.

Art. 147. Presentación espontánea.
La persona que presuma que se ha iniciado una investigación preparatoria en su contra,
podrá presentarse ante el/la Fiscal con la finalidad de aclarar su situación. En su caso
será notificada del decreto de determinación de los hechos. El descargo se podrá
presentar ante el Juez quien lo remitirá a sus efectos al Fiscal .

Art. 148. Citación del/la imputado/a. Comparendo.
El/la Fiscal podrá ordenar la comparencia del/la imputado/a mediante citación a los fines
que corresponda.
Si el citado no se presentara en el término fijado sin justificación, se ordenará su
comparecencia por la fuerza pública al sólo efecto de dar cumplimiento a los actos
procesales que justificaron la citación.

Art. 149. Fueros.
Si el imputado tuviera fueros constitucionales, no se podrá ordenar su detención.
Si el imputado con fueros constitucionales no compareciera voluntariamente, el/la Fiscal
deberá remitir los antecedentes al Juez o Jueza, solicitando se requiera, cuando
correspondiere, el desafuero a fin de ordenar su comparecencia por la fuerza pública.

Art. 150. Orden de comparendo. Efectos.
La orden que emita el/la Fiscal deberá ser escrita, contener los datos personales del/la
imputado/a u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye.
En caso de suma urgencia el/la Fiscal podrá impartir la orden verbal o telefónicamente,
sin perjuicio de dar cumplimiento a los requisitos formales previstos en el párrafo que
antecede.

Art. 151.- Extradición.-
Si el/la imputado/a se encontrara radicado o estuviera circunstancialmente en el exterior,
se le notificará la citación por exhorto. Si no compareciera sin causa justificada, se
requerirá la extradición por exhorto, conforme el procedimiento de las leyes nacionales y
tratados celebrados por la Nación.
Art. 152. Flagrancia. Detención del/la imputado/a.
En los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la detención del/la
imputado/a y consultará sin demora al/la Fiscal, quien deberá ratificarla o hacerla cesar. Si
éste/a la ratificara, dará avio al juez/a, procediendo según lo establecido en el art 172 y si
considerara que debe cesar, el/la imputado/a será inmediatamente puesto en libertad, sin
perjuicio de la continuación del proceso.

Art. 153. Reglas sobre la detención.
La detención se ejecutará de modo que perjudique en el menor grado posible a la persona
y reputación del/la aprehendido/a.
Al momento de la aprehensión, se labrará un acta que será firmada por el/la
aprehendido/a en la que se le hará saber:
a) la causa de la detención;
b) los cargos que se le formulen;
c) el derecho de comunicarse con una persona de su confianza y los otros derechos que
le asisten según su situación procesal;
d) el lugar donde será conducido;
e) el/la Juez/a y el/la Fiscal intervinientes.

Art. 154. Restricciones a la comunicación.
En caso de riesgo para la pesquisa o la detención de otros autores, cómplices o
encubridores las autoridades de prevención podrán restringir al imputado aprehendido la
comunicación con otras personas, con inmediata noticia a el/la Fiscal, quien ratificará o no
la medida, sin perjuicio del derecho previsto en el art. 13 inc. 6 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando el/la Fiscal ratifique la incomunicación, lo
pondrá inmediatamente en conocimiento del/la juez/a.

Art. 155. Niños, Niñas y Adolescentes.
Cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada como delito sea
menor de dieciocho (18) años, el/la Fiscal o la autoridad de prevención dispondrá
inmediatamente la intervención pertinente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio Público Tutelar, sin
perjuicio de la tramitación del proceso y las medidas cautelares que correspondan.

Art. 156. Ebrios e intoxicados.
Cuando el/la imputado/a de un delito flagrante se hallare en estado de embriaguez
alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico, deberá ser inmediatamente conducido a
un establecimiento asistencial, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares
pertinentes.

Art. 157. Identificación.
Las autoridades de prevención procederán a la identificación del imputado por los medios
técnicos disponibles o por testigos. Deberán recabar sus antecedentes penales en el
menor tiempo posible a partir del momento de la detención e informar a el/la Fiscal
inmediatamente.

Art. 158. Declaración de rebeldía.
Será declarado rebelde por el/la Juez/a, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el/la
imputado/a que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación del/la
Fiscal o del/la Juez/a, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido,
o se ausentare, sin licencia de la fiscalía, del lugar asignado para su residencia.
Inmediatamente se librará orden de captura y, si se encontrare en el exterior, se librará el
pedido de extradición.

Art. 159. Efectos de la declaración de rebeldía.
La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la investigación preparatoria.
Si fuera declarada durante la etapa de juicio, se suspenderá con respecto al rebelde y
continuará para los demás imputados/as presentes. Declarada la rebeldía, se reservarán
las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera
indispensable conservar.

Art. 160. Comparecencia voluntaria. Efectos.
Si el/la imputado/a se presentare con posterioridad a la declaración de su rebeldía y
justificara que no concurrió hasta ese momento a la citación judicial debido a un grave y
legítimo impedimento, aquélla será revocada y se tendrá por no pronunciada

Capítulo 2. Vinculación del/la imputado/a al proceso.

Interrogatorio del/la imputado/a.

Art. 161. Intimación del hecho. Delegación.
Cuando el/la Fiscal considere que existe sospecha suficiente de que una persona puede
ser autor o partícipe de un delito, le deberá notificar mediante acta los hechos que se le
imputen, en forma clara, precisa y circunstanciada, y las pruebas que haya en su contra.
La intimación del hecho se deberá hacer inmediatamente si estuviera detenido, cuando
compareciera en los casos de flagrancia y cuando lo cite al efecto.
En el acto de intimación del hecho, hará saber al/la imputado/a el derecho que le asiste de
ser asistido por un/a defensor/a de su confianza o de designar al/la Defensor Oficial y de
prestar declaración personalmente o por escrito, en el momento o cuantas veces quiera,
sobre los hechos imputados o de abstenerse sin que ello importe presunción en su contra,
y demás derechos previstos en el artículo 28.
El/la Fiscal podrá, por decreto, delegar en el/la Secretario/a de la Fiscalía el acto de
intimación del hecho al imputado, cuando otras obligaciones funcionales impostergables
le impidieran cumplirlo personalmente.

Art. 162. Facultad de interrogar al/la imputado/a.
Luego de formular la intimación del hecho, el/la Fiscal invitará a el/la imputado/a a prestar
declaración de inmediato o en otro momento, si entendiera que ello es necesario para la
investigación o para aclarar la situación del/la compareciente.
Si el/la imputado/a estuviere detenido, lo invitará a prestar declaración inmediatamente
después de ratificar la privación de libertad.
La recepción de la declaración del/la detenido/a podrá prorrogarse prudencialmente
cuando este lo pidiere para designar defensor/a.
El/la defensor/a deber estar presente en el acto de la declaración, siempre que el
imputado acepte declarar.

Art.163. Derecho de abstención.
El/la imputado/a podrá abstenerse de declarar sobre cualquier aspecto del interrogatorio o
consultar previamente con su defensor. En ningún caso se le requerirá juramento o
promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él/ella coacción o amenaza ni medio alguno
para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos
o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.
La inobservancia de este precepto importará la nulidad del acto, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda.

Art. 164. Trámite de la declaración del/la imputado/a.
Cuando el/la imputado/a aceptare declarar deberá estar presente el defensor. El/la Fiscal
lo/la invitará a dar sus datos personales, medios de vida y a constituir domicilio.
Seguidamente se le reiterarán el hecho atribuido y las pruebas existentes en su contra, de
cuya descripción se dejará constancia en el acta.
A continuación se lo invitará a manifestar lo que crea conveniente sobre el hecho y a
indicar las pruebas que estime oportunas.
Luego, el/la Fiscal podrá formularle las preguntas que estime convenientes, en forma
clara y precisa. El/la declarante podrá dictar las respuestas, que no podrán ser instadas
perentoriamente.
Los/as defensores/as podrán dirigir preguntas después de que termine el interrogatorio
del/la Fiscal y pedir que consten expresamente en el acta las circunstancias del acto que
estimen conducentes. Si no se hiciera lugar, deberá dejarse constancia en el acta de lo
pedido y lo resuelto.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el/la
imputado/a, la declaración se deberá suspender hasta que estos desaparezcan.

Art. 165. Acta de la declaración del/la imputado/a.
El acta será leída en voz alta y suscripta por todos los presentes. Los concurrentes al acto
podrán solicitar la enmienda de algún aspecto mal asentado. Si alguno de ellos no pudiere
o no quisiere firmar el acta, esto se hará constar y no afectará la validez de aquélla. Al/la
imputado/a le asistirá el derecho de rubricar todas las fojas de su declaración, por sí o por
su defensor/a.

Art. 166. Pluralidad de imputados/as.
Cuando hubiere varios/as imputados/as en la misma causa, las declaraciones se recibirán
separadamente.

Art. 167. Ampliación de las declaraciones del/la imputado/a.
El/la imputado/a podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea
pertinente y no importe un procedimiento dilatorio o perturbador.
Asimismo, el/la Fiscal podrá invitarlo a ampliar sus declaraciones.

Art. 168. Evacuación de citas.
El/la Fiscal deberá investigar todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles a que
se hubiere referido el/la imputado/a en sus declaraciones o en sus escritos de descargo,
que objetivamente pudieran incidir en su situación procesal y/o la remisión o no de las
actuaciones a juicio.

Título V. Medidas precautorias y cautelares. Audiencia ante el/la Juez/a.

Capítulo 1.- Detención y prisión preventiva

Art. 169.- Libertad del imputado.-
Las únicas medidas de coerción admisibles serán las autorizadas por este Código, su
carácter será excepcional y durarán el tiempo mínimo razonable dentro de los máximos
previstos por la ley.
La libertad ambulatoria del imputado solo podrá limitarse en caso de peligro de fuga o
entorpecimiento del proceso.-

Art. 170. Peligro de fuga
Se entenderá que existe peligro de fuga cuando la objetiva valoración de las
circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del/la imputado/a
permitan sospechar fundadamente que intentará substraerse a las obligaciones
procesales.
Se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias:
1) Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la
familia, de sus negocios o trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el
país o permanecer oculto. La falsedad o la falta de información al respecto constituirá
presunción de fuga.
2) La magnitud de la pena que podría llegarse a imponer en el caso. Se tendrá en cuenta
especialmente la escala penal correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos
que tuviese una pena máxima superior a los ocho años de privación de libertad y se
estimase fundadamente que en caso de condena no procedería la condena condicional.
3) El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso, en la medida
que indique su voluntad de no someterse a la persecución penal.

Art.171. Riesgo de entorpecimiento del proceso.-
Se entenderá que existe riesgo de entorpecimiento del proceso cuando la objetiva
valoración de las circunstancias del caso, las características personales del/la imputado/a
y el estado de la pesquisa, permitan sospechar fundadamente que la libertad del
encausado pondrá en peligro la recolección de elementos probatorios, individualización
y/o aprehensión de otros/as imputados/as o el normal desenvolvimiento del proceso.

Art. 172. Detención por peligro de fuga.-
El/la Fiscal solicita al juez/jueza competente, por resolución fundamentada la detención
del/la imputado/a cuando exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso. Luego
de haber intimado al imputado por el hecho, en el menor tiempo posible dentro de las
veinticuatro horas deberá resolver sobre la libertad del detenido, en forma irrestricta o bajo
caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con conformidad
de la defensa o solicitar audiencia para que el tribunal resuelva la prisión preventiva.
La audiencia podrá ser solicitada por la defensa en caso de disconformidad con la
modalidad de libertad dispuesta por el/la fiscal.

Art. 173. Audiencia.-
El tribunal deberá fijar la audiencia prevista en el artículo precedente dentro de las 24 hs.
y resolverá sobre la prisión preventiva u otra restricción a la libertad, excarcelación bajo
caución o libertad irrestricta u otra medida cautelar, previo escuchar a el/la fiscal y a la
defensa.
Para dictar la prisión preventiva deberá haberse notificado al imputado el decreto de
determinación de los hechos y reunido elementos de convicción suficientes para sostener,
provisoriamente, la materialiad del hecho, que el imputado resulte con probabilidad su
autor o partícipe y que existe peligro de fuga o entorpecimiento del proceso.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá
concurrir con ellas a la audiencia y tribunal resolverá sobre su procedencia sin más
trámite ni recurso.
El tribunal luego de escuchar a al Fiscal y a la defensa resolverá de inmediato, por auto,
que será apelable dentro del tercer día.
De todo lo actuado se dejará constancia en acta y se registrará por grabación, filmación u
otro medio idóneo. La decisión será apelable sin efecto suspensivo dentro del tercer día y
podrá ser revocada de oficio o a pedido de parte en cualquier momento del proceso.

Capítulo 2.- Otras medidas cautelares.-

Art. 174. Medidas restrictivas
El fiscal o la querella podrán solicitar al tribunal la imposición de cualquiera de las
medidas que se indican a continuación:
1) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución
determinada, en las condiciones que le fije;
2) la obligación de presentarse ante el tribunal o ante la autoridad que él designe;
3) la prohibición de salir del ámbito territorial que se determine;
4) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares o
de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho
a la defensa;
5) el abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la víctima
conviva con el imputado;
6) la suspensión en el ejercicio del cargo público o privado cuando se le atribuya un
delito cometido en su ejercicio;
7) el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o
con la que el tribunal disponga;

Art. 175.- Determinación de las medidas procedentes.-
Siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación pueda ser evitado
razonablemente por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado que la
requerida por el fiscal o la querella, el tribunal deberá imponerle alguna de las previstas en
el artículo precedente, en forma individual o combinada.

Art. 176. Embargo.
Al momento de disponer la prisión preventiva u otra restricción cautelar, a pedido del/de la
Fiscal y/o de la querella en su caso, el tribunal podrá disponer el embargo de bienes de
el/la imputado/a para garantizar las costas del proceso y en su caso el daño causado por
el delito.
También podrá disponerse el embargo de bienes si no se adoptare otro medida cautelar,
a pedido del/de la Fiscal y/o querella, quienes solicitarán audiencia al efecto.
Si el/la imputado/a o el/la civilmente demandado/a no tuviera bienes, o lo embargado
fuera insuficiente, se podrá decretar su inhibición.

Art. 177. Audiencia.
El tribunal deberá celebrar la audiencia, para resolver el pedido de las medidas restrictivas
y/o embargo de bienes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada,
prorrogables por otras veinticuatro horas (24) si no pudiere por causas fundadas y no
existiere grave riesgo para las personas o bienes por la demora, y después de escuchar
al/la Fiscal, a la querella si la hubiere y a la defensa, resolverá sin más trámite.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá
concurrir con ellas a la audiencia y tribunal resolverá sobre su procedencia sin más
trámite ni recurso.
Para la imposición de alguna de las medidas mencionadas, deberá haberse intimado al
imputado por el hecho y reunido elementos de convicción suficientes para sostener,
provisoriamente, la materialidad del hecho y que el/la imputado/a resulte con probabilidad
su autor o partícipe.
La resolución será apelable sin efecto suspensivo dentro del tercer día y podrá ser
modificada de oficio o a pedido de parte en cualquier momento del proceso.

Título VI.- Cauciones

Capítulo 1

Art. 178.- Caución.
El tribunal o el/la Fiscal podrán imponer caución juratoria, personal o real cuando hagan
cesar la detención, la prisión preventiva u otra medida cautelar.-
La caución tendrá por exclusivo objeto asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones
que se le impongan, no evadirá su comparecencia en el proceso y, en su caso, que se
someterá a la ejecución de la sentencia condenatoria.
El tribunal o el/la Fiscal determinarán la caución de modo que constituya un motivo para
que el imputado se abstenga de infringir sus obligaciones.
Queda prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento para el imputado, teniendo
en cuenta su situación personal y las características del hecho atribuido.

Art. 179.- Caución juratoria.
La caución juratoria consiste en la promesa jurada del imputado de cumplir fielmente las
condiciones impuestas por el tribunal o el/la Fiscal.

Art. 180.- Caución personal.
La caución personal consiste en la obligación que el imputado asuma junto con uno o
más fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el tribunal o
el/la Fiscal fije al conceder la excarcelación.
Art. 181.- Fiador personal.
Podrá ser fiador quien tenga capacidad para contratar, acredite solvencia suficiente y no
tenga otorgadas más de cinco (5) fianzas subsistentes, conforme el registro que el
Consejo de la Magistratura llevará al efecto.

Art. 182.- Caución real. Procedencia.
La caución real se constituirá depositando dinero, efectos públicos o valores cotizables,
otorgando prendas o hipotecas o seguro de caución por la cantidad que el tribunal o el/la
Fiscal determine.
Los fondos o valores depositados quedarán sometidos a privilegio especial para el
cumplimiento de las obligaciones procedentes de la caución.
Esta caución sólo será procedente cuando de las circunstancias de caso surja la
ineficacia de los tipos de cauciones precedentemente previstas y que, por la naturaleza
del delito atribuido y las circunstancias personales del imputado, resulte la más adecuada.

Art. 183.- Otorgamiento de cauciones.
Las cauciones se otorgarán antes de ordenarse la libertad y/o al momento de imponerse
otra medida cautelar, bajo constancia en acta que será suscrita ante el Secretario, en la
que constarán las obligaciones asumidas por los obligados. En caso de gravamen
hipotecario, se agregará al proceso el título de propiedad y previo informe de dominio, el
tribunal ordenará la inscripción de aquél en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Art. 184.- Cancelación de la caución.
La caución se cancelará y las garantías serán restituidas:
1) Cuando el imputado, revocada la excarcelación, fuere constituido en prisión dentro
del término que se le acordó.
2) Cuando se revoque el auto de prisión preventiva, se disponga el archivo o se
sobresea en la causa, se absuelva al acusado o se lo condene en forma
condicional.
3) Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido
dentro del término fijado.

Art. 185.- Substitución de fiador.
Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrá pedir al tribunal o
a el/la Fiscal que lo sustituya por otra persona.
También podrá sustituirse la caución real.

Capítulo 2. Cese de medidas cautelares.-

Art. 186.- Audiencia.-
En cualquier etapa del proceso, el/la imputado/a personalmente o por intermedio de su
defensor, podrá solicitar al tribunal una audiencia para requerir su excarcelación o el cese
de otra medida cautelar.
El tribunal fijará la audiencia dentro de las veinticuatro (24) horas con citación por
cualquier medio a el/la Fiscal, si se hubiera pedido la excarcelación y tras escuchar a las
partes resolverá. La audiencia podrá fijarse dentro de los tres (3) días si se hubiera
solicitado para promover en cese de una medida restrictiva que no implique privación de
libertad y se deberá citar también a la querella, por cualquier medio fehaciente, si la
hubiere.
Si alguna de las partes quisiera presentar pruebas documentales o testimoniales deberá
concurrir con ellas a la audiencia y tribunal resolverá sobre su procedencia sin más
trámite ni recurso.
Si hubieran cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva, se dispondrá por
auto su cese o la excarcelación del/la imputado/a bajo caución.
Si hubieran cesado los motivos que justificaron la adopción de cualquier otra medida
cautelar o se justificara su atenuación, el tribunal dispondrá de inmediato por auto lo que
corresponda. El cese o la atenuación podrán ser dispuestos bajo caución.
De lo actuado se dejará constancia en acta y se registra por grabación, filmación u otro
medio idóneo. La resolución será apelable dentro del tercer día sin efecto suspensivo.

Art. 187.- Excarcelación. Procedencia
La excarcelación se concederá con o sin caución:
1) Cuando hubieren cesado los motivos que justificaron la prisión preventiva.
2) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva el
máximo de la pena prevista por el Código Penal para el o los delitos que se le
atribuyan.
3) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva la pena
solicitada por el fiscal.
4) Cuando el imputado hubiere cumplido en detención o prisión preventiva un tiempo
que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional,
siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.
5) Cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no firme.
6) Cuando el imputado hubiera cumplido dos años en prisión preventiva.

Art. 188.- Requisitos y obligaciones.
El imputado y su fiador deberán fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el acto de prestar la caución, denunciando el real y las circunstancias de trabajo que
pudieren imponerle al imputado su ausencia de éste por más de veinticuatro (24) horas,
lo que no podrá ser alterado sin autorización del/la magistrado/a interviniente. El fiador
será notificado de las resoluciones que se refieran a las obligaciones del excarcelado, y
deberá comunicar inmediatamente al tribunal si temiere fundadamente la fuga del
imputado.

Art. 189.- Intimación al imputado.
Si el imputado no compareciera al ser citado o se sustrajere a la ejecución de la pena
privativa de libertad, el/la Fiscal o el tribunal fijará un término no mayor de diez (10) días
para que comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura. La resolución será notificada al
fiador y al imputado en sus domicilios constituidos y reales apercibiéndolos de que la
caución se hará efectiva al vencimiento del plazo, si el segundo no compareciere o no
justificare un caso de fuerza mayor que lo impida.

Art. 190.- Ejecución de la fianza.
Al vencimiento del plazo previsto por el artículo anterior, el tribunal dispondrá, según el
caso, la ejecución de la fianza o la transferencia de los bienes que se depositaron en
caución y los fondos ingresarán al presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Capítulo 3.- Exención de prisión.-

Art. 191.- Procedencia.
Toda persona que se considere imputada de un delito o tuviera orden de captura
pendiente, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que ésta se
encuentre podrá, por sí o por terceros, solicitar a el/la Fiscal interviniente su exención de
prisión.
El/la Fiscal podrá concederla dentro de las cuarenta y ocho horas, en forma irrestricta o
bajo caución, u otra medida restrictiva que no implique privación de libertad, con
conformidad de la defensa.
Procederá siempre que no existan motivos bastantes para presumir, en el caso concreto,
que el imputado intentará entorpecer la marcha de la investigación o substraerse a los
requerimientos del proceso o evadir sus consecuencias.
Si el/la Fiscal la denegara, el interesado podrá recurrir ante el tribunal competente. Si el
órgano judicial competente fuere desconocido, el pedido podrá hacerse al juez o jueza en
turno, quien determinará el/la juez que debe intervenir y le remitirá, si correspondiere, la
solicitud.

Art. 192.- Trámite.
El tribunal resolverá en audiencia oral y pública, aplicándose en lo pertinente lo
establecido en el art, 186.

Art. 193.- Apelación.
El auto que conceda o niegue la exención de prisión será apelable por el/la Fiscal, el
defensor o el/la imputado/a, dentro del tercer día sin efecto suspensivo.

Art. 194.- Revocación.
El auto de exención de prisión será revocable a petición del Ministerio Público Fiscal.
Deberá revocarse cuando el/la imputado/a no cumpla las obligaciones impuestas o no
comparezca a las citaciones sin excusa bastante o realice preparativos de fuga o cuando
nuevas circunstancias exijan su detención.

Título VII. Excepciones

Capítulo único

Art. 195. Excepciones.
Durante la investigación preparatoria se podrán interponer ante el/la Juez/a las siguientes
excepciones de previo y especial pronunciamiento:
a) falta de jurisdicción o de competencia;
b) falta de acción;
c) manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, inexistencia del hecho o falta de
participación criminal del imputado respecto de la conducta descripta en el decreto de
determinación del hecho o en el requerimiento de juicio;
d) cosa juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento;
e) amnistía;
f) litispendencia;
g) prescripción;
Si concurrieren dos (2) o más excepciones, deben interponerse conjuntamente.

Art. 196. Interposición.
Las excepciones se interpondrán por escrito ante el/la Juez/a, debiendo ofrecerse, en su
caso y bajo consecuencia de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en
que se basen.
Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista a las otras partes, quienes
podrán ofrecer las pruebas pertinentes.

Art. 197. Audiencia. Resolución.
Las excepciones se sustanciarán y resolverán en audiencia, sin perjuicio de continuarse la
investigación preparatoria.
Evacuada la vista dispuesta por el artículo anterior, el/la Juez/a llamará a audiencia dentro
de los diez días. En la audiencia se recibirá la prueba y a continuación resolverá por auto.
De lo actuado se dejará constancia en acta.
Al resolverse favorablemente una excepción que implique la extinción de la acción se
dictará auto de sobreseimiento, con la aclaración de que la formación del sumario no
afecta el buen nombre y honor de el/la imputado/a.
Art. 198. Apelación.
El auto que resuelva la excepción será apelable dentro del término de tres (3) días.

Título VIII. Archivo

Capítulo único

Art. 199. Archivo de la denuncia y de las actuaciones de prevención. Revisión.
El archivo de las denuncias y de las actuaciones de prevención procederá cuando:
a) A criterio del Ministerio Público Fiscal el hecho resulte atípico.
b) A criterio del Ministerio Público Fiscal la acción este prescripta o extinguida. Esta
decisión deberá ser convalidada por el Juez.
c) El/la autor/a sea inimputable o se encuentre amparado en alguna causa de
justificación o exención de pena. Esta decisión deberá ser convalidada por el Juez.
d) De la objetiva valoración de los elementos acompañados surja claramente que no
hay posibilidad de promover la investigación o individualizar a los autores del
hecho.
e) La naturaleza e importancia del hecho no justifiquen la persecución, cuando la
decisión no contraríe un criterio general de actuación.
f) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, cuando fuera indispensable respecto
de algún imputado para asegurar el esclarecimiento del hecho y/o el éxito de la
pesquisa respecto de otros autores, coautores y/o partícipes necesarios que se
consideren más relevantes y aquél hubiera dado datos o indicaciones conducentes
al efecto. El imputado beneficiado quedará obligado a prestar declaración como
testigo en caso de ser convocado y deberá ser informado fehacientemente de esta
obligación antes de disponerse el archivo.
g) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara, respecto algunos de los hechos
investigados, cuando contra una o varias personas se investiguen varios hechos y
por el concurso real de delitos se hubiera arribado con sólo algunos de ellos a la
máxima escala de pena posible y/o resulte innecesaria la persecución por todos
para arribar al resultado condenatorio adecuado.
h) Se hubiera arribado y cumplido el acuerdo previsto en el art. 204 inciso 2º.
También se podrá archivar si no se cumplió el acuerdo por causas ajenas a la
voluntad del imputado pero existió composición del conflicto. Para que proceda el
archivo por esta causal en caso de pluralidad de víctimas, deberá existir acuerdo
con la totalidad de ellas.
i) Con la conformidad del/la Fiscal de Cámara en los delitos culposos, cuando el
imputado hubiera sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave
que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena.

Art. 200. Archivo por proceso injustificado.
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por considerar que por la naturaleza e importancia
del hecho no se justifica la persecución, la víctima podrá plantear la revisión de la medida
ante el/la Fiscal de Cámara dentro del tercer día.
Si el/la Fiscal de Cámara confirmara la decisión del/la Fiscal de Primera Instancia, ésta se
mantendrá. Si el/la Fiscal de Cámara considerase que los elementos reunidos son
suficientes para promover la investigación preparatoria, designará al/la Fiscal que deberá
proceder en consecuencia.

Art. 201. Archivo por autor desconocido.
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo de las actuaciones por no haber podido
individualizar al/la imputado/a, deberá notificar a la víctima de domicilio conocido que al
formular la denuncia haya pedido ser informada, quien dentro del tercer día podrá
oponerse al archivo ante el Fiscal de Cámara indicando las pruebas que permitan efectuar
la individualización.
Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución
de la investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas.
El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con
posterioridad aparecen datos que permitan identificar al/la imputado/a.

Art. 202. Archivo por falta de pruebas.
Cuando el/la Fiscal disponga el archivo por no haber podido acreditar que el hecho
efectivamente ocurrió, o individualizar al imputado o por el supuesto contemplado en el
inciso a) del artículo 199, debe notificar al damnificado, a la víctima, al denunciante, quien
dentro del tercer día podrá oponerse al archivo ante el Fiscal de Cámara indicando las
pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho.
Si el/la Fiscal de Cámara aceptara la oposición planteada, deberá ordenar la prosecución
de la investigación con el cumplimiento de las medidas propuestas.
El archivo dispuesto por esta causa no impedirá que se reabra la investigación si con
posterioridad aparecen datos que permitan probar la materialidad del hecho.

Art. 203.- Efectos del archivo
Si el archivo se hubiera dispuesto por las causas previstas en los incisos a), b), c), f) e i)
del artículo 199, la resolución del/la fiscal o en su caso del/la Fiscal de Cámara será
definitiva y el Ministerio Público Fiscal no podrá promover nuevamente la acción por ese
hecho.
En los casos previstos en el inciso f), la víctima no podrá ejercer la acción penal contra el
imputado respecto del cual se dispuso el archivo.
Si el archivo se hubiera dispuesto por las otras causales previstas en el artículo
mencionado, se podrá reabrir el proceso cuando se individualice a un/a posible autor/a,
cómplice o encubridor/a del hecho, aparecieran circunstancias que fundadamente
permitieran modificar el criterio por el que se estimó injustificada la persecución y cuando
se frustrara por actividad u omisión maliciosa del/la imputado/a el acuerdo de mediación.

Título IX. Clausura de la investigación preparatoria y citación a juicio.

Capítulo 1

Art. 204. Vías alternativas.
En cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá:
1) acordar con el/la imputado/a y su defensor/a la propuesta de avenimiento, en
cuyo caso se aplicará lo establecido en el artículo 266;
2) proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución
de conflictos en las acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción
pública en que pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a
recurrir a una instancia oficial de mediación o composición.
En caso de acuerdo el/la Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones sin más trámite.

Art. 205.- Suspensión del proceso a prueba.-
En cualquier momento de la investigación preparatoria y hasta inmediatamente antes del
debate o durante éste cuando se produzca una modificación en la calificación legal que lo
admita, el/la imputado/a podrá proponer la suspensión del proceso a prueba.
El tribunal convocará a una audiencia oral con citación al peticionario, al Ministerio Público
Fiscal y a la querellante, si lo hubiere, o a la víctima. Luego de escuchar a las partes
resolverá si concede la suspensión de la persecución penal, con las condiciones de
cumplimiento que estime pertinentes, o la deniega.
La oposición del Ministerio Público Fiscal, fundamentada en razones de política criminal o
en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio, será vinculante para el tribunal.
Contra la decisión no habrá recurso alguno.
Cumplidas las condiciones impuestas, el/la juez/a, previa vista al Ministerio Público Fiscal,
dictará sobreseimiento. En caso de incumplimiento dispondrá la continuación del proceso
o la prórroga de la suspensión, según corresponda.

Art. 206. Clausura de la investigación. Requerimiento de juicio.
Cuando el/la Fiscal considere que se encuentra agotada la investigación preparatoria y
que no va a proponer otra forma de resolución del conflicto o ésta hubiera fracasado,
formulará el requerimiento de juicio que contendrá la identificación del/la imputado/a y,
bajo consecuencia de nulidad,
a) la descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho y de la específica intervención
del/la imputado/a, concordante con el decreto que motivara la investigación preparatoria y
hubiera sido informado al/la imputado/a;
b) los fundamentos que justifiquen la remisión a juicio;
c) la calificación legal del hecho.
En el mismo acto ofrecerá las pruebas para el debate.
El/la Fiscal no podrá ocultar a la defensa la existencia de pruebas en contra o a favor
del/la imputado/a. Las pruebas conocidas no ofrecidas no podrán incorporarse al debate.

Art. 207.- Querella.
Formulado el requerimiento de juicio, el/la fiscal correrá vista a la querella para que lo
haga en el término de cinco días, prorrogables por otros tres, bajo los mismos requisitos y
obligaciones previstos en el artículo precedente.

Art. 208. Clausura provisional de la investigación preparatoria.
Cuando exista la posibilidad de incorporar concretas medidas de prueba pero fuera
momentáneamente imposible hacerlo por obstáculos ajenos a la actividad del/la Fiscal y
éste considere que con la prueba reunida no hay mérito suficiente para requerir la
elevación a juicio respecto de un/a imputado/a que haya sido intimado sobre los hechos,
dispondrá por auto la clausura provisional de la investigación preparatoria.
La clausura provisional dispuesta por el/la Fiscal implicará el cese inmediato de las
medidas precautorias y no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad
aparecieran datos que lo justifiquen.
Si luego de decretada la clausura provisional de la investigación preparatoria se lograra la
incorporación de las pruebas pendientes, se reabrirá el trámite de la causa y continuará
según el estado anterior a la clausura provisional. Si el/la Fiscal considerase necesaria la
reposición de las medidas cautelares, personales o reales, deberá solicitarlo al/la Juez/a
en audiencia.
Si las pruebas pendientes no se pudieran incorporar al proceso en el término de dos (2)
años, se dispondrá el archivo definitivo de las actuaciones.
La clausura provisional de la instrucción sólo podrá decretarse por una vez.
Si la querella no estuviera de acuerdo con la clausura provisional, podrá proponer la
incorporación de pruebas faltantes o concluir sobre la suficiencia de las pruebas ya
adquiridas requiriendo la remisión a juicio y, en caso de que el Ministerio Público Fiscal no
quiera acompañar a la víctima al debate, el proceso continuará bajo la forma prevista para
los delitos de acción privada.

Capítulo 2.- Etapa intermedia.-

Art. 209. Citación para juicio.
Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez/a correrá traslado a la defensa, que tendrá
cinco (5) días para ofrecer pruebas y plantear todas las cuestiones que entienda deban
resolverse antes del debate.

Art. 210. Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o Rechazo del juicio.
Ofrecida la prueba por la defensa, el/la Juez/a convocará a las partes a una audiencia
dentro de los diez (10) días. Con las partes que concurran resolverá sobre la admisibilidad
de las pruebas ofrecidas por todas ellas, previo escucharlas sobre su procedencia,
improcedencia y/o inadmisibilidad. Sólo podrá rechazar por auto aquellas que considere
manifiestamente improcedentes o inconducentes y las que sean inadmisibles conforme
las disposiciones de este Código. La decisión será irrecurrible, pero podrá ser invocada
como fundamento del recurso de apelación contra la sentencia definitiva.
Concluido el acto, el/la juez/a remitirá el requerimiento de juicio y el acta de la audiencia,
para que se designe el/la juez/a que entenderá en el juicio. No se remitirá el legajo de
investigación del fiscal ni otras actuaciones que no sean aquellas que se acordó
incorporar al debate y las actas labradas respecto de actos definitivos e irreproducibles.
En la audiencia se podrán interponer excepciones, formular acuerdo de avenimiento y
solicitar y resolver la suspensión del proceso a prueba.
De lo actuado se dejará constancia en acta.

Art. 211. Auxilio judicial de la defensa.
Antes de la remisión a juicio y a pedido de la defensa y del civilmente demandado, el/la
Juez/a podrá ordenar las medidas que resulten imprescindibles para completar la
preparación de la defensa o la contestación de la demanda que sólo pudieran adquirirse
con intervención de la autoridad, y resulten pertinentes y útiles.

Art. 212. Excepciones
Si en la audiencia del art. 210 se interpusieran excepciones, se procederá conforme lo
establecido en el art. 197.