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Daños y perjuicios - mordedura de perro


SANSEVERINO, CARMEN C/ EIDELSZTEIN, ALFREDO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 64, 11/11/2002 (en grado de apelación).-

Condena al pago de $ 7.950 por los daños y perjuicios producidos por la mordedura de un perro de propiedad del demandado.
///nos Aires, noviembre 11 de 2002.

Y VISTOS:
Estos autos caratulados "Sanseverino, Carmen c/ Eidelsztein, Alfredo y otro s/ daños y perjuicios", Expte. N 103.588/2000, que llegan a despacho para dictar sentencia, y de los que;
RESULTA:
I- A fs. 9/16 se presenta Carmen Sanseverino, por apoderado, promoviendo formal demanda de daños y perjuicios contra Alfredo Eidelsztein y Graciela Elisa Lewitan, en su caracter de dueños y/o guardadores del canino causante del daño y/o contra quien resulte civilmente responsable por el hecho motivo de la presente acción.
Manifiesta que el día 2 de febrero de 2000, siendo aproximadamente las 20:00 horas, fue sorpresivamente atacada y mordida por un canino de raza Ovejero Alemán, hembra de unos 8 años de edad, de color negro, en la acera de la intersección de las arterias San Luis y Aguero de esta Ciudad. Señala que caminaba tranquilamente por la calle San Luis, cercana a su domicilio cuando al arribar a la esquina con la arteria Aguero es repentina y sorpresivamente atacada por el perro antes referido, el cual sin razón alguna la mordió en su pantorrilla derecha tir ndola al suelo con suma brusquedad y fuerza ocasionando que golpee fuertemente su humanidad contra la acera. Destaca que el can se encontraba paseando sin bozal, en contravención con las normativas vigentes, así como tambi‚n carecía de toda vacunación preventiva. Agrega que, con motivo de la dentellada, sufrió abundante perdida de sangre, concurriendo para su asistencia a la sala de 1eros. auxilios perteneciente al area programatica del Hospital Ramos Mejía, donde la asistieron y luego la derivaron al Instituto Pasteur y de allí al Hospital Durand.
Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la presente acción, con costas.
II- A fs. 74/81 se presentan Alfredo Sergio Eidelsztein y Graciela Elisa Lewitan, por intermedio de apoderado, contestando la demanda incoada en su contra. Niegan todos y cada uno de los hechos expuestos en el libelo de inicio. Señalan que, la conducta de la actora sistem ticamente ha sido la de fastidiar al animal "Gala" (así se llama), al pasar por la puerta de los accionados, la cual es de hierro con vidrio; la accionante gritaba y azuzaba al animal, golpeando la puerta, lo mismo sucedía cuando la perra paseaba con algún miembro de la familia. Destacan que este tipo de animales, guarda en su memoria los hechos que lo perjudican o asustan y reaccionan ante la posibilidad de ser agredidos cuando quienes los molestan se acercan. Agregan que, la actora, el día del hecho se acercó a fastidiarlo y el animal se defendió con mucha menos agresividad que la relatada por la actora. Por último, mencionan que "Gala" es un animal dom‚stico, entrenado, conviviente con tres hijos del matrimonio Eidelsztein, los que siempre invitan amigos a su vivienda, amigos con los que "Gala" tiene una conducta de tolerancia, juego y cuidado. Los guardadores de Gala preservan su salud, tenía todas la vacunaciones exigidas y es un animal juguetón.
Alegan como eximente de responsabilidad el art. 1128 del Cód. Civil.
Fundan en derecho, ofrecen prueba y solicitan el rechazo de la presente demanda, con costas.
III- A fs. 114 se abre la presente causa a prueba por el t‚rmino de ley y, una vez producida la misma se clausura el período probatorio a fs. 267vta., coloc ndose los autos para alegar de conformidad con lo dispuesto en el art. 482 del Cód. Procesal.
IV- A fs. 271/276 y fs. 277/280 obran agregados los alegatos presentados por la parte actora y demandada, respectivamente.
V- A fs. 281 ll manse las presentes actuaciones a sentencia, por resolución que se encuentra consentida.
Y CONSIDERANDO:
I- Vienen a decisión judicial las presentes actuaciones en virtud del hecho dañoso ocurrido el día 2 de marzo de 2000, siendo aproximadamente las 20:00 horas, en la intersección de las calles San Luis y Aguero de esta Ciudad, cuando la aquí actora Carmen Sanseverino fue mordida en su pierna derecha por el perro de raza Ovejero Alem n perteneciente a los aquí accionados Eidelsztein y Lewitan (conf. escrito de inicio de fs. 9/16).
Por su parte, los demandados de litis señalan que la actora molestaba continuamente al perro y que el día del hecho se acercó a fastidiarlo, por lo cual el animal se defendió, alegando la eximente contemplada en el art. 1128 del Cód. Civil (fs. 74/81).
II- Ahora bien, cabe sentar los lineamientos jurídicos en base a los cuales se dilucidar la cuestión traída a decisión judicial.
El art. 1124 del Código Civil dispone que "El propietario de un animal, dom‚stico o feroz, es responsable del daño que causare. La misma responsabilidad pesa sobre la persona a la cual se hubiere mandado el animal para servirse de ‚l, salvo su recurso contra el propietario".
La norma transcripta no consagra una simple presunción iuris tantum de responsabilidad que desaparece con la prueba de que el dueño observó una conducta normal con respecto al animal, porque su fundamento reposa en la idea del riesgo; por el contrario, es menester que el dueño compruebe alguna de las circunstancias que la ley establece en forma taxativa como eximente de responsabilidad -excitación por un tercero, liberación o extravío sin culpa, fuerza mayor o culpa de la víctima-, no siendo suficiente para tales efectos que el dueño o guardi n hubieran observado una conducta normal (arts. 1125 y sig. del Cód. Civil).
Entonces, de acuerdo a la presunción legal establecida en el art. 1124 del Cód. Civil la culpa del damnificado debe ser acreditada en forma certera y clara, prueba que incumbe a quien la alega, ya que constituye una excepción al r‚gimen de responsabilidad dispuesto en aqu‚lla norma (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", t 5, p g. 677; Salas-Trigo Represas-Lopez Mesa, "Cód. Civil", T 4-A, p g. 617).
III- Antes de entrar a merituar las probanzas rendidas en las presentes actuaciones, señalar‚ que "es fundamental para la apreciación de la prueba, que el testigo manifieste las circunstancias en las cuales el hecho llego a su conocimiento. La razón del dicho es la explicación lógica que debe dar el testigo para fundar la credibilidad de sus declaraciones; la explicación particularizada de la razón de sus dichos es condición esencial de su validez, tanto, que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, impone al juez exigirla y la declaración que adolece de ese vicio, carece de atendibilidad" (CNEspCiv.Com., sala I, "Dragoto, Alberto c/ Dejdej, Antonio F. y otro s/ sumario", 19-6-81). Asimismo, es dable destacar que "Trat ndose de prueba testimonial, es condición de credibilidad conforme elementales reglas de sana critica, la extrañeidad del testigo respecto de la parte que lo propone" (CNEsp.Civ.Com., sala IV, "Vallone, Norberto Miguel c/ Aiello, Horacio Marcos s/ daños y perjuicios", 7-7-87).
Del testimonio de la Sra. Olga Estela Benitez, quien conoce a ambas partes de vista del barrio, se desprende que en marzo del año 2000, entre las 7:30 y 8:00 horas de la noche, cuando la testigo iba a la Iglesia, vio cuando el perro mordió a la actora, y ‚sta trataba que el animal la soltara. Señala que no vio momentos previos, solamente cuando el perro agarra a la accionante. Reitera que vió a la actora cuando caía y con el perro mordi‚ndola y aqu‚lla empezó a moverse para que la perra lo largue (fs. 173).
En concordancia con el testimonio precedente, la Sra. Josefina Rosa Pontoriero declaró que bajaba de la línea 29 de colectivos y vio que el perro mordió a la Sra. Carmen
-la aquí actora- y escucho los gritos y vio al perro que tenía agarrada a la actora, que la tiro al piso. Aclara que el hecho paso a principios de marzo del año 2000 y fue en las calles San Luis y Aguero, aproximadamente 7:30/8:00 horas de la noche. Agrega que, la accionante tenía la pierna derecha ensangrentada (fs. 174/175).
Asimismo, del informe emitido por el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" se desprende que dicho instituto ejerce el control sobre la Observación antirr bica del animal agresor. La misma puede realizarse, según las normas en vigencia, mediante la intervención de un profesional privado o internando al animal durante 10 días en dicho instituto. En el caso de litis, la propietaria del animal en cuestión, Graciela Eidelztein, optó por la Observación Antirr bica Privada de la cual estuvo a cargo el M‚dico Veterinario Dr. Jorge G. Archilla, quien otorgó el Alta Clínica del can el 13-3-00, procediendo según lo establecido en la Ordenanza N§ 41.831/87, acompañ ndose las respectivas copias del causa N§ 1327/2000, de donde surge que el animal de litis no presenta signos clínicos de rabia al día de la fecha -del informe- (fs. 180/184).
De las probanzas ut-supra merituadas, concluyó que el animal -perro de nombre "Gala"- mordió a la aquí actora en su pierna derecha, sin que se haya acreditado en autos que ésta última molestara al can en dicho momento ni agresiones anteriores, como alegan los accionados de autos, que me permitan apartarme del principio sentado en el art. 1124 del Cód. Civil, para cobijarlo en la normativa del art. 1128 del mismo cuerpo legal, toda vez que "la inculpabilidad a que se refiere el art. 1128, debe probarse por quien la alega, desde que la existencia de la presunta responsabilidad por el hecho dañoso causado por el animal doméstico recae sobre el dueño salvo que ‚ste pruebe que el suceso se debió al hecho de un tercero, a la culpa exclusiva del damnificado -alegación de litis-, si el animal fue excitado por un tercero o que el daño provino de caso fortuito o fuerza mayor" (conf. CNCiv., sala A, mayo 6-997, "Scaglia, Alicia F.D. c/ La Delicia Felipe Fort S.A.", publ. en L.L. 1998-A-5).
En suma, habiéndose demostrado que en la producción del daño padecido por la actora (mordedura de perro) intervino activamente el animal propiedad de la demandada, y no habiéndose acreditado la concurrencia de ninguna de las eximentes de ley, debe la accionada soportar la responsabilidad generada a raíz del ilícito de marras (arts. 1113 y 1124 del Cód. Civil).
De lo reseñado precedentemente, y no habiendo los accionados arrimado a autos prueba alguna que me lleve a apartarme de la presunción legal de marras, tengo como únicos responsables del hecho daños de autos a Alfredo Sergio Eidelsztein y Graciela Elisa Lewitan (conf. art. 1124 y cc. del Cód. Civil).
IV- Nos resta evaluar la viabilidad y monto -en su caso- de los rubros indemnizatorios solicitados.
1) Daño físico:
Bajo este acápite la actora reclama el resarcimiento por la incapacidad resultante del siniestro de autos.
En primer lugar destacar‚ que "dentro del concepto de incapacidad sobreviniente debe incluirse cualquier disminución física o psíquica, que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquella que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (cf. CNCiv. Sala E, 24.116 del 20-10-86; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, "Cód. Civil...", T 5, p g. 219, Nro.13).
Del dictamen pericial médico obrante a fs. 238/251, por el experto designado en autos, se desprende que la actora presenta a raíz del evento dañoso de autos una cicatriz por encima del maleolo medial del tobillo de 1 cm. de longitud sin compromiso de las estructuras óseas, como así tampoco se constata edema en la región. Destaca que en el examen semiológico practicado no se objetivo limitación funcional alguna, razón por la cual no presenta incapacidad física.
Atento a las conclusiones médicas, las cuales no fueran impugnadas por las partes en este punto, cabe desestimar el presente ítem.
2) Daño moral:
El daño moral se ha definido certeramente como la lesión en los sufrimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos susceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", p g. 205).
Se caracteriza como el que no menoscaba el patrimonio, pero hace sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley. Este particular daño no supone la existencia de un propósito determinado o malicia en el autor del hecho ilícito, resultando indiferente que provenga de dolo o culpa" (CNECy C., sala IV, "Pietrowsky, Martin c/ Expreso Caraza S.A. s/ sumario", 27-2-81).
Asimismo, se ha señalado que "El hecho de no haber dejado secuelas las lesiones que, con motivo del accidente, presentara el actor no significa de ningún modo que se deba dejar de lado la indemnización por daño moral, dado que los sufrimientos han existido, y, por ende, ellos abarcan, como consecuencia, la correspondiente indemnización por daño moral" (CNEspCivCom., sala I, "Salierno, Antonio S. y Adalberto D. c/ Lopez, Alfredo P. y/o Empresa de Transportes Fournier SACI s/ sumario", 16-4-82).
El Suscripto considera que la indemnización del daño moral es independiente del resarcimiento del daño patrimonial ya que se trata de perjuicios de naturaleza diferente que puede coexistir o no, así lo ha entendido la jurisprudencia al determinar que "es procedente otorgar este tipo de indemnización, porque no es necesario que la victima haya quedado incapacitada para poder percibir el resarcimiento correctivo al padecimiento espiritual experimentado, acorde con las circunstancias por las que atravesara. El daño moral, se configura por todo dolor, sufrimiento o cualquier otra molestia que pueda ser consecuencia del hecho perjudicial" (conf. CNApels.Civil, Sala A, "Di Paolo Patricia c/ Sayavedra, Jos‚ s/ daños y perjuicios", 7-12-93).
Si bien en el caso en examen, no se constataron lesiones que incidan en la capacidad laboral y vida de relación de la victima, el siniestro de litis provoco en la actora una serie de angustias, sufrimientos y padecimientos que sin lugar a dudas tuvo que soportar como consecuencia del hecho que se ventila en autos, por ello, considero equitativo fijar por este rubro la suma de $ 5.000 (conf. art. 165 del Cód. Procesal).
3) Daño psíquico:
En primer lugar, recordar‚ que "toda ineptitud transitoria o mera lesión física o psíquica sin secuelas permanentes, no puede ser objeto de resarcimiento, en si misma considerada, sino en sus efectos, estos pueden recaer en la esfera afectiva de la victima y, así, incidir n en la cuantía del daño moral, o en la órbita patrimonial, como, por ejemplo, si ella ha debido o deber efectuar gastos m‚dicos, de tratamiento, de farmacia, etc." (CNCiv., sala E, "Malvetti, María c/ Microomnibus Norte S.A. Línea 60 int. 199 y otro s/ daños y perjuicios", 16/12/97).
Asimismo, se ha sostenido que "no se configura la incapacidad psíquica indemnizable, si el padecimiento puntualizado en la pericia no reviste la calidad de permanente o irreversible, sino meramente transitorio, máxime cuando, al margen del porcentaje de incapacidad que se señala, se recomienda un tratamiento de un sesión semanal durante tres años, para que su equilibrio emocional pueda restablecer a la brevedad posible" (conf. CNCiv., sala A, de fecha 5-3-92).
De la pericia médica obrante a fs. 238/251 y contestación de impugnación de fs. 261, se desprende que el accidente de litis produjo un trastorno del equilibrio emocional previo; la actora presenta como consecuencia secuelares de aquél alteraciones psíquicas que pueden conceptualizarse como daño psicológico estando en relación causal con el accidente; por lo que a la fecha de la pericia (mayo 2002) padece una incapacidad leve, parcial, temporaria que determina una incapacidad del 10% de la T.O.. Asimismo, señala la necesidad que la demandante comenzar con psicoterapia de una sesión semanal durante el término de aproximadamente 12 meses (fs. 249).
En atención a las conclusiones periciales ut-supra merituadas y jurisprudencia detallada, cabe desestimar el presente rubro, atento al caracter temporario de la incapacidad y la recomendación de efectuar tratamiento psicológico.
4) Gastos de farmacia, asistencia medica y vacunas:
"Cuando se han acreditado lesiones, deben presumirse las erogaciones por gastos médicos y farmacéuticos aun cuando hayan intervenido establecimientos asistenciales hospitalarios y no se encuentre documentado su importe, pues es evidente que existen gastos que debe soportar el accidentado y, además el art. 1086 del Cód. Civil establece que la indemnización comprender el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido" (C.Civ.Com., Morón, sala 2, 4/2/93, "Caceres Perez, Alma C. c/ Morais, Ma. E. s/ daños y perjuicios", ED rev. del 12-4-95).
Atento a ello, entidad de las lesiones sufridas y conclusiones del dictamen médico, me llevan a acoger favorablemente el presente reclamo por la suma de $ 400 (conf. art. 165 del Cód. Procesal).
5) Gastos de traslado:
"En lo relativo a los gastos de traslado procede el pago de una suma prudencial que cubra la utilización de distintos medios de transporte (inclusive taximetros) aunque no se acredite fehacientemente su monto. La fijación de este ítem depende de los elementos de juicio obrantes en la causa, como ser lesiones sufridas, tiempo de curación, conclusiones médico legales de la pericia, etc., y si bien no es necesaria la efectiva prueba de ellos, ya que estos gastos por su naturaleza no requieren en principio prueba documentada, su fijación debe hacerse prudencialmente y en concordancia con las constancias de la causa" (CNEspCivCOm., sala IV, "Luz Fernandez Aurora c/ Tejedor, Pedro s/ sumario", 21-6-88).
Si bien del dictamen pericial médico obrante a 250, resp. 11, se determina que la actora por la lesión sufrida, no se hallaba imposibilitada para movilizarse en medio de transporte, no le cabe duda al Suscripto que al momento de sufrir la lesión debió recurrir a taximetros o remises, por lo cual considero que corresponde acoger el presente ítem por la suma de $ 150 (conf. art. 165 del Cód. procesal).
6) Gastos de vestimenta:
"En relación a los gastos de vestimenta, por lo general se atiende a este tipo de daño, sin exigir una acabada comprobación de los valores. Pero sería excedente de sensatez pretender que las víctimas aporten constancias precisas y detalladas de aquello que quedó arruinado en la mayor parte de los casos por actos profesionales médicos que exigen cortar o romper directamente las prendas para efectuar las curaciones m s urgentes" (CNCiv., sala B, "Soberón Blanco, F tima C. c/ Collazo, Fernando J. y otro s/ daños y perjuicios", 1/9/99).
"Lamentablemente si en el escrito de demanda la parte no detalló de qu‚ vestimenta perdida se trataba, aunque cupiere presumir que alguna prenda haya perdido, no se est en condiciones de fijarle suma alguna ni por vía de estimación" (conf. CNCiv., sala J, 9-2-99, "Piperio, Dario J. c/ Masso, Jorge L. s/ daños y perjuicios").
Atento a lo expuesto, cabe desestimar el presente reclamo.
7) Tratamiento pþíquico:
Al respecto, señalar‚ que la necesidad de tratamiento psiquiatrico y su costo deben admitirse cuando lo afirmado por el perito al respecto no ha sido desvirtuado por otras pruebas, dado que tiende al mejoramiento del estado psíquico del actor y hay que tenerlo en cuenta al valorar su incapacidad (CNEsp.Civ.Com., sala VI, "Hilzerman, Daniel S. c/ Modo S.A. (Linea 151) s/ daños y perjuicios", 14-11-83).
Asimismo, se ha sostenido que corresponde conceder indemnización por tratamiento psiquiátrico si es aconsejado por el perito en la materia (fs. 238/251). La necesidad de tratamiento psiquiátrico justifica la indemnización porque se trata de un daño con incidencia en las actividades normales que se ven afectadas por la perturbación nerviosa (CNEsp.Civ. Com., sala VI, "Paul Toribio Jos‚ y otros c/ Flores Hector Angel y otra y/o propietario o responsable s/ sumario", 1-7-82).
El perito de autos, luego de evaluar a la actora destaca que el tratamiento adecuado, resulta ser la psicoterapia individual con frecuencia de una sesión semanal durante un lapso de 12 meses, estimando el costo del tratamiento a tenor de $ 50 por sesión -$ 200 por mes-.
En atención a lo dictaminado por el experto de litis, cabe acoger el presente ítem por la suma de $ 2.400.
8) Tratamientos m‚dicos futuros:
Atento a que de la pericia médica efectuada a la actora se desprende que no necesita someterse a ningún tratamiento además del psicológico ut-supra detallado, cabe desestimar el presente ítem.
V- Plus petición inexcusable:
La parte demandada en su responde de fs. 74/81, solicita que se condene a la actora por pluspetición inexcusable.
Al respecto, cabe recordar que se entiende que no hay pluspetición inexcusable cuando el valor de la condena dependa legalmente del arbitrio judicial o del juicio pericial, etc. (conf. CNCiv., sala B, 25-3-69, La Ley, v.135, p.960; ídem, sala C, 24-10-68, entre otros). Es decir que, si no se trata de una solicitud de partidas resarcitorias que se hayan declarado improcedentes, ni de demanda en orden a una obligación con base en una determinación anterior a la sentencia, ni de perjuicios que puedan determinarse con elementos concretos, sino una simple estimación subjetiva efectuada por el actor del valor de la reparación que el sentenciante no ha compartido, efectuando su propia valoración judicial, falta uno de los presupuestos viscerales de la pluspetición inexcusable.
Recalcando lo ya señalado, interesa poner de relieve que la plus petitio es excusable si no se debe a la malicia, fraude o ligereza y, por lo tanto, aunque la reclamación no prospere en su totalidad deben imponerse a la accionada las costas del juicio, debiendo tenerse presente, asimismo, que aún cuando frente al monto reclamado el que se reconoce al actor haría aparecer a éste en principio en pluspetición inexcusable, no por ello cabe eximir a la demandada del cargo de las costas, pues éstas en ningún momento "ha admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia", que es la condición que la norma legal impone o debe cargar con las costas, si al no reconocer derecho alguno al actor obligó a ‚ste a la consiguiente tramitación del juicio.
En breve, la sola desproporción entre lo reclamado en la demanda y el importe de la condena, no da motivo -en principio- para que las costas se impongan al actor por plus petitio, si no se configuran los restantes presupuestos que prevé la norma (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Prov. de Buenos Aires y de la Nación Comentado y Anotado", T II-B, p g. 224).
En conclusión, cabe desestimar el planteo efectuado por la accionada en su contestación de fs. 74/81.
VI- Sanciones:
Asimismo, cabe destacar que el letrado de la actora ha solicitado a fs. 161, la aplicación de sanciones a la parte demandada en los t‚rminos del art. 45 del Código Procesal, al entender que aquélla ha incurrido en conducta maliciosa y temeraria.
A tal efecto, debe recordarse que "Las inconductas procesales calificadas en la norma de temerarias o maliciosas están consustanciadas con la función jurisdiccional, es decir, tiene un neto carácter procesal, puesto que tienden a perjudicar la preparación y decisión de la causa". Si bien se trata de dos conductas autónomas y distintas, pueden, como lo destaca Colombo, combinarse o entrelazarse cuando la obstrucción sistemática al curso del proceso permite inferir con fundamento que un litigante trata de retardar la sentencia, porque sus pretensiones carecen totalmente de fundamento (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", T 1, p g. 185).
Teniendo en consideración lo expuesto, y revisando la conducta de los co-accionados calificada por el letrado de la actora como maliciosa y temeraria (fs.161), cabe advertir que la misma no encuadra dentro de los términos ut-supra reseñados.
Por ello, se desestima la presente pretensión.
INTERESES:
Los accesorios deben liquidarse en la forma establecida por el fallo plenario "Gomez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transporte", de fecha 17-12-58 (ver La Ley 93-667), o sea, desde la fecha en que se produce cada perjuicio objeto de la reparación. Desde dicha data, hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva, deber n liquidarse a la tasa del 6% anual, toda vez que en ese momento se cuantifican los daños, que de deudas de valor pasan a ser deudas de dinero, en lo sucesivo no reajustables conforme a las prescripciones de la ley 23.928. Y, desde la fecha del presente decisorio hasta la del efectivo pago, corresponder utilizar la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, tal como lo establece la decisión plenaria recaida in re "Vazquez, Claudia c/ Bilbao, Walter", del 2-8-93, publicada en La Ley 1993-E-126, en El Derecho 155-142 y en Jurisprudencia Argentina 1993-IV-189 (conf. CNCiv., sala A, "Alarcón, María del Carmen c/ Empresa Copla s/ daños", Expte. N§ 138.625/93, de fecha 12-6-98; CNCiv., sala A, "Jeres, Cecilia Gabriela c/ Transporte El Tejar S.A.C.I. s/ daños y perjuicios", Expte. N§ 60.076/93, de fecha 18-6-98, entre otros).
Por las consideraciones precedentes, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el art. 68 del Cód. Procesal, en definitiva:
FALLO:
I- Haciendo lugar a la presente demanda de daños y perjuicios, y condenando en consecuencia a Alfredo Sergio Eidelsztein y Graciela Elisa Lewitan a pagar a la actora Carmen Sanseverino la suma de $ 7.950 (pesos siete mil novecientos cincuenta), con más los intereses que deberán calcularse conforme lo dispuesto en el considerando respectivo, dentro de los diez días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ejecución. Con costas (Art. 68 del CPCC.).
II- Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto se apruebe la liquidación definitiva.
III- Hágase saber el dictado de la presente sentencia al mediador.
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