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Caducidad de Instancia


AUTOS Y VISTOS:

Reiteradamente esta Sala ha decidido que el art. 20 de la ley 21.839 –hoy art. 12 inc. “g” de la ley 24.432- no es aplicable a los juicios en los que se ha decretado la caducidad de la instancia- siendo ésta una forma anormal de terminación de ellos- pues dicha norma se refiere a las hipótesis de pleitos no concluídos.

Se trata, entonces, de una situación análoga a la resuelta por este Tribunal en pleno en autos “Multiflex S.A. c/ Cons. Bartolomé Mitre 2257/59 s/sumario” del 30-9-75 (ver E.D. 64-250), que sentó como doctrina obligatoria para todos los jueces del fuero (conf. art. 303 del Código Procesal) que en las hipótesis de desistimiento del proceso y del derecho después de trabada la litis, se tomará como monto del juicio el importe reclamado, teniendo en cuenta para graduar el honorario la etapa en que el desistimiento se produjo, y aunque lo hizo en base a la interpretación del art. 80 del anterior arancel, su redacción no difiere en este aspecto del actualmente vigente. Y como la situación en estudio es semejante a la considerada por el Tribunal en pleno, en cuanto se trata en ambos casos de modos anormales de terminación del proceso (ver Título V del Cód. Proc.), parece clara la similitud de situaciones a los fines regulatorios (conf. esta Sala c. 115.139 del 11/8/92, c. 93.796 del 27/6/91, c. 27.927 del 16/2/87 entre muchas otras).

En atención al monto ejecutado, sin computar los intereses, ya que, como lo tiene decidido una reiterada jurisprudencia del Tribunal, ellos son el resultado de una contingencia procesal y constituye una condenación accesoria cuyo cómputo no prevé la ley de arancel (cfr. Esta Sala, c. 96.333 del 9/8/91; c. 116.202 del 13/8/91, entre muchas otras); a la calidad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapa cumplida y lo dispuesto por los art. 6, 7, 9, 33, 40 y concs. de la ley 21.839, se modifican las regulaciones apeladas, fijándose la retribución del Dr. C. A. G., letrado apoderado de la actora, en PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850) y la del Dr. P. F. A., letrado patrocinante de la ejecutada, en PESOS QUINIENTOS ($500). Devuélvase.-

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Contra la resolución de fs. 108, que declaró perimida la instancia alza sus quejas el ejecutante en el memorial de fs.116/120, cuyo traslado no se contestó.

II. Al decretarse la nulidad de la sentencia de trance y remate que se dictara a fs. 54, el ejecutante debió activar el proceso -enderezando la demanda contra los herederos de la ejecutada fallecida- o, en su caso, si consideraba que estaba agotado y que no había trámites que cumplir -como lo dijo a fs. 100-, debió desistir del mismo. Sin embargo, no hizo ni lo uno, ni lo otro.

En consecuencia, si entre el 28/11/2003, fecha en que el ejecutante retiró la partida de fs. 55 (ver fs. 95 vta) -para iniciar la sucesión de la deudora (ver fs. 92)- y el 26/4/2004, fecha en que se acusó la perención de la instancia (ver fs. 97), no se registró actividad procesal alguna, el rechazo de las quejas es ineludible.

No altera esta conclusión, la cuestión atinente a la pretendida falta de legitimación del peticionario de fs. 97 para pretender la caducidad, así como la alegada suspensión del proceso, pues son cuestiones que no fueron propuestas al Sr. Juez de la anterior instancia -ante quien el ejecutante dijo que el proceso estaba agotado (ver fs. 100)- y sobre las cuales la Sala no puede pronunciarse (cfr. Art. 277 del Código Procesal).

Por ello, SE RESUELVE: I) confirmar la decisión de fs. 108 en cuanto fue materia de recurso: II) las costas de Alzada se imponen al ejecutante (art. 68 y 69 del Código Procesal). Notifíquese y devuélvase.