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López Delfina Amalia c/ Valiente Carlos Roberto


Es obligación de los herederos escriturar a favor del comprador del inmueble, si se acredita que el precio fue abonado al causante fallecido, conforme las cláusulas contractuales pactadas.


Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia que ordenó a los demandados escriturar el inmueble a favor de la actora, dado que se había acreditado el cumplimiento de sus obligaciones como compradora del mismo. Antecede este litigio el boleto de compraventa suscripto por la actora con su concubino, el padre fallecido de los codemandados, con respecto a la mitad indivisa de un inmueble adquirido por ambos mediante mutuo hipotecario con una entidad bancaria. En las condiciones del boleto se estableció un precio pagadero en tres cuotas y la asunción, por parte de la compradora, de todas las cláusulas y condiciones que emergen de la hipoteca constituida sobre el inmueble. De tales condiciones surge que ante el fallecimiento del tomador del préstamo hipotecario -en autos, el concubino fallecido de la accionante - operaba la cancelación de la deuda por cobertura del seguro de vida, por tanto no corresponde hacer lugar a los agravios de los codemandados que pretenden que la actora abone el saldo de precio de hipoteca cuando, éste, ya fue cancelado por la respectiva aseguradora.

2.-La persona que asume una deuda no libera al deudor principal, pero tampoco puede asumir y encontrarse en una situación peor que la que se encontraba el deudor, salvo cláusula expresa de ello. En autos, la deuda asumida por la actora, respecto a la hipoteca del inmueble, no era una deuda pura y simple sino que era una obligación condicional, puesto que de las cláusulas del mutuo hipotecario, se contaba a su vez con el contrato de seguro de vida accesorio al contrato principal, por lo que ante un hecho incierto como el fallecimiento del deudor, la deuda debe abonarla la aseguradora y no los herederos -universales y/o particulares- del causante. Por ello, en autos, ocurrida la muerte del deudor, operaba la cláusula respecto al seguro de vida sobre saldo deudor de la hipoteca, por la que la accionante no debe responder ni integraba, su importe, el saldo de precio de compra del inmueble, tal como lo pretenden los codemandados.

3.-Constituye un enriquecimiento ilícito la pretensión de exigir al comprador de un inmueble el pago de la deuda hipotecaria ya cancelada por la aseguradora del saldo deudor del tomador del préstamo. Por lo tanto, no puede tener curso favorable la petición de los codemandados -herederos del vendedor fallecido- de exigirle a la actora el pago del saldo de una deuda ya cancelada, toda vez que esa obligación no fue la expresamente pactada en el boleto de compraventa respectivo.

4.-La intención del deudor asegurado en su crédito hipotecario, con el seguro de vida sobre saldo deudor, es el de favorecer a sus sucesores, mediante la extinción de una deuda que pesa sobre su patrimonio, sin necesidad de transmitírsela a ellos. En autos, el deudor fallecido, tuvo la intención de favorecer a su concubina, extinguiendo la deuda que aquélla había asumido en el boleto de compraventa. Es decir que si la deuda, para los herederos, eventualmente quedaba extinguida, no procede que ellos exijan de la accionante una deuda que no existe. Por lo tanto, no pueden hacerse lugar a los agravios de los demandados que pretenden dejar sin efecto la condena a escriturar el inmueble a favor de la accionante.

5.-Es improcedente la pretensión de los codemandados por la que reclaman el valor locativo por el tiempo en que la accionante ocupó el inmueble, desde el inicio de la sucesión de su concubino fallecido. Ello es inadmisible porque a la fecha de su comienzo, los codemandados ya se encontraban en mora en cumplimiento de la obligación de escriturar el inmueble a favor de la accionante, por lo que deben rechazarse los agravios al respecto.


Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de junio de 2009 reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala "E" para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados "LÓPEZ, DELFINA AMALIA C/VALIENTE, CARLOS ROBERTO S/SUCESIÓN AB INTESTATO Y OTROS S/ESCRITURACIÓN" respecto de la sentencia corriente a fs. 833/836, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada ¿es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres Jueces de Cámara Dres. Racimo, Dupuis y Calatayud

A la cuestión planteada el Dr. Racimo dijo:

I. Carlos Roberto Valiente suscribió el 24 de enero de 2001 un contrato de mutuo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $ 60.000 gravándose en garantía de ese préstamo con derecho real de hipoteca un inmueble sito en la calle Champagnat nº 740, Pilar, Provincia de Buenos Aires mediante escritura nº 2 pasada ante el escribano Federico Moreno Kiernan. El bien fue adquirido en esa misma fecha -según surge del referido instrumento público- por el mutuario -conjuntamente con su concubina Delfina Amalia López- a los vendedores Banco Río de la Plata S.A. y Las Mercedes Pilar S.A. según escritura del Registro Notarial 677. Dentro de las estipulaciones del contrato de mutuo se estableció que la entidad acreedora podría contratar en su beneficio un seguro de vida e incapacidad a nombre del deudor.

Valiente vendió el 28 de marzo de 2002 la mitad indivisa del inmueble reseñado a López -mediante boleto de compraventa obrante en escritura pública- por la suma de u$s 46.000 cuyo pago se desdobló por voluntad de ambos contratantes.Por un lado, se estableció el pago de tres cuotas, la primera de $ 900 y las dos restantes de u$s 7.550 cada una y por otra parte se convino que el saldo, "o sea la suma de treinta mil dólares estadounidenses (u$s 30.000), es el monto de una hipoteca preexistente correspondiente a la parte proporcional del vendedor que la compradora toma a su exclusivo cargo en las condiciones de su constitución, y que declara conocer y aceptar y que, junto con el vendedor, declara haber arreglado entre ellos todo lo relativo a las amortizaciones e intereses del crédito hipotecario aludido".

El 29 de julio de 2002 el Banco de la Provincia de Buenos Aires admitió -mediante escritura nº 172 pasada ante la escribana Ana María Lucasovsky- haber recibido el 19 de ese mes y año el importe total del préstamo que había sido concedido el 24 de enero de 2001 declarando totalmente cancelada la hipoteca inscribiéndose dicho acto el 30 de agosto de 2002 en el registro inmobiliario respectivo.

López afirmó haber satisfecho las obligaciones que le imponía el boleto de compraventa y demandó por escrituración a los herederos de Valiente -fallecido el 12 de septiembre de 2001 (ver fs. 289 vta.)- quienes negaron el derecho de la demandante a beneficiarse ilegítimamente del seguro del tomador y reconvinieron por resolución del contrato de compraventa ante la falta de pago de la adquirente y solicitaron el pago del valor locativo correspondiente al tiempo que la actora poseyó el inmueble.

La jueza de primera instancia consideró que se encontraba acreditado el cumplimiento de las obligaciones de la compradora y mandó a los herederos de Valiente a escriturar el bien respectivo, pronunciamiento contra el cual los vencidos dedujeron el recurso de apelación de fs. 837 que fundaron con la expresión de agravios de fs. 857/960 respondida por la actora a fs. 865/868.

Los demandados plantean varios agravios respecto de la sentencia de primera instancia.Sostienen que el hecho de que el banco acreedor del mutuo hipotecario haya quedado desinteresado se debió al contrato de seguro de vida del señor Valiente puntualizando que la compañía de seguros -en calidad de solvens- podría llegar a pensar que tendría un derecho de recupero por subrogación respecto de un sujeto ajeno a su contrato de seguro a quien identifica como la Sra. López. Entienden, además, que la jueza de primera instancia liberó a ésta sin que haya sido la beneficiaria del contrato de seguro no pudiéndose pretender la propiedad de un inmueble sin pagar el saldo de precio salvo que se tratase de una donación. Aducen que la magistrada rechazó la reconvención sin haber contemplado la acción autónoma de enriquecimiento sin causa y omitiendo examinar el planteo relativo al pedido de canon locativo.

II. Comenzaré por señalar en el análisis de los agravios que la deuda correspondiente al mutuo hipotecario -que la actora afirmó haber pagado oportunamente- fue, en realidad, satisfecha por la aseguradora Provincia Seguros S.A. mediante transferencia postal nº 1670478 efectuada el 22 de febrero de 2002 por la suma de $ 58.487,94 (ver contestación de oficio obrante a fs. 430). Según resulta del mismo informe se procedió al pago de esa suma en virtud de la póliza contratada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para cubrir el riesgo de muerte de Carlos Roberto Valiente con efecto cancelatorio del saldo de capital a vencer supuesto a una amortización normal del crédito respecto del crédito motivado en la escritura de fecha 24 de enero de 2001.

Queda así establecido de las constancias de autos que la deuda fue satisfecha por la aseguradora y no por la actora -como ésta sostuvo a fs.260 vta.- aunque ello, como se verá, no altera la suerte de la demanda.

El planteo original de la demandante se encontraba exclusivamente dirigido a obtener la escrituración del inmueble ante la negativa de los herederos de Valiente a suscribir el acto respectivo habiendo alegado y demostrado en el curso de la causa que se encontraban satisfechas las primeras tres cuotas indicadas en el referido boleto. Los demandados adujeron que la actora había asumido la obligación de pagar la suma de u$s 30.000, que ese saldo nunca fue pagado y que ese incumplimiento los relevaba de escriturar y permitía, en consecuencia, ejercer la facultad prevista por el art. 1204 del Código Civil. Sostuvieron que ese monto había sido fijado "como parte del precio de la venta" para mantener el sinalagma del contrato.

El problema principal con el que se enfrenta la postura de los apelantes no es otro que la insuficiente comprensión de las obligaciones que correspondían a López en virtud del boleto de compraventa suscripto con su concubino Valiente. En efecto, los demandados han identificado el saldo de precio con la suma de u$s 30.000 cuando ello no es exactamente lo que resulta del contrato de compraventa. La lectura del instrumento antes reseñado evidencia que López asumió el pago del monto de una hipoteca preexistente y no el pago de esa suma de moneda extranjera. Resulta claro de la cláusula 2ª, b (ver fs. 252) que ambas partes precisaron el contenido de esa prestación indicando la preexistencia de dicha hipoteca y expresando que López la tomaba a su cargo en las condiciones de su constitución que declaraba conocer y aceptar.Entre tales condiciones se encontraba, naturalmente, la existencia de un contrato de seguro de vida e incapacidad a favor de la acreedora en caso de muerte o incapacidad del mutuario Valiente (ver cláusula III.4 del mutuo hipotecario).

López no se había obligado por medio de esta cláusula a pagar la suma señalada y sólo se había comprometido a asumir la deuda garantizada con derecho real de hipoteca. Tanto era ello así que la cláusula cuarta del boleto disponía que ambas partes tomaban a su cargo la notificación "de la presente al acreedor hipotecario", debiendo entenderse en el caso que López asumía la deuda y no una fianza toda vez que las condiciones de la operación revelan que el interés que la había movido en calidad de adherente lo había sido en su propio beneficio (Boffi Boggero, Tratado de las Obligaciones, t. 3, Buenos Aires, 1975, nº 1258, pág. 655):

La situación jurídica estipulada en el boleto de compraventa era la de una asunción acumulativa de deuda según la cual un tercero se obliga a afrontar el pago de la deuda reteniendo el deudor su calidad de tal aunque pudiendo, al mismo tiempo, volverse contra el tercero en caso de verse obligado a pagar y demandarle la reparacion del perjuicio que la falta de cumplimiento de la obligación le ha causado (Borda, Obligaciones, Buenos Aires, 9ª ed., 2009, t. I, nº 637 b), pág. 494; Llambías, Obligaciones, 2ª. ed., Buenos Aires, t. II-B, 1975, nº 1351, pág. 67; Cazeaux y Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, 2ª ed., La Plata, 1969, t. 2, pág. 507: Wayar, Derecho Civil. Obligaciones, Buenos Aires, 2ª ed., 2004, nº 617, pág. 67 y también CNCiv. Sala I del 1-6-00 pub. en LL 2000-E, 675) lo cual se evidencia por la voluntad de ambas partes de comunicar en el futuro la existencia de ese deudor al acreedor hipotecario, a la sazón, el Banco de la Provincia de Buenos Aires.De la lectura del boleto de compraventa resulta que "la compradora toma a su exclusivo cargo" el monto de la hipoteca preexistente con lo que estaba claro para las partes (Valiente y López) que el deudor había dejado de tener ese carácter que pasó al tercero (en el caso la actora) quien debía afrontar el pago y quien ante la negativa del acreedor podría haber llegado a la vía de la demanda judicial de consignación en pago (Llambías, ob. y lug cit.).

Más allá se estas tipificaciones doctrinarias, debe advertirse, además, que no se ha producido estrictamente una cesión de contrato porque Valiente siempre se mantuvo dentro de la relación contractual con la respectiva garantía hipotecaria toda vez que la asunción de López sólo se refería al cumplimiento de la deuda (ver Compagnucci de Caso, "Cesión de contrato, Cesión de créditos y cesión de deudas", LL 1990-D, 327, punto IX y Santarelli, "De la cesión de créditos y de deudas a la transmisión de la posición contractual", LL 2000-E,427).

La teoría de los demandados es que López asumió la deuda, que ésta fu e pagada por un tercero (la aseguradora) y que eventualmente este subrogante les podría reclamar el monto satisfecho como herederos del deudor principal. Esta descripción de las relaciones jurídicas que unieron a López, Valiente, la acreedora y la aseguradora no tiene en cuenta ciertas características que no han sido desarrolladas en la expresión de agravios como los mismos apelantes reconocen a fs. 862, antepenúltimo párrafo, en clara violación a las exigencias del art. 265 del Código Procesal y cuyo análisis resulta decisivo para descartar la procedencia de la apelación intentada.Ocurre que la deuda original tenía inserta una cláusula según la cual el acreedor podría tomar un contrato de seguro para el caso de incapacidad o muerte del deudor, contrato que habría sido cumplido a estar a los dichos de los apelantes.

Éstos presumen que López había asumido una deuda de u$s 30.000 con el de cujus y señalan que al no haber sido pagada por ella -lo cual resulta cierto- debería entenderse que corresponde que les sea abonada a ellos en carácter de herederos, punto este último que desatiende las diversas relaciones jurídicas que existieron en el caso. El vendedor en el boleto de compraventa (Valiente) permitió que la compradora asumiera una deuda que estaba vinculada a un contrato suscripto entre la acreedora y la aseguradora Provincia Seguros en el cual un hecho condicionante (la muerte o incapacidad del asegurado) dentro del plazo de pago del préstamo permitía al acreedor exigir de la otra contratante el cumplimiento de la obligación respectiva (el pago de la deuda del mutuo hipotecario). Se trataba así de una obligación -la del pago del seguro- sujeta a una condición suspensiva en los términos de los arts. 528 y 545 del Código Civil (ver CNCiv, Sala K del 7-9-06 pub. en LL 2007-A, 39 y también Salvat, Tratado de derecho civil argentino. Parte general, actualizado por José María López Olaciregui, Buenos Aires, 1964 t . II, Nº 1628, p. 234) que hacía exigible a favor del acreedor el pago del saldo cancelatorio por parte de la aseguradora. El pago por la aseguradora tenía así también un beneficio indirecto para el deudor -en caso de su incapacidad- o para sus herederos en el supuesto de fallecimiento de Valiente ya que en ambos casos la deuda habría de ser satisfecha por la aseguradora.El banco contrató sobre la vida de un tercero en su propio interés y es el beneficiario de la póliza de deudor y el mutuario prestó conformidad para que la entidad financiera contrate sobre su vida (ver cláusula III.4 del contrato de mutuo) pero no es parte en el contrato y sus herederos tampoco adquieren un derecho propio para el caso de fallecimiento del asegurado (Facal, El seguro de vida en la Argentina, Buenos Aires, 2007, pág. 171 y también López Saavedra en Ley de Seguros Comentada y Anotada, Buenos Aires, 2007, pág. 671).

La deuda asumida por López no era una deuda pura y simple cuyo pago podía ser requerido por Valiente o actualmente sus herederos porque tenía dos modalidades distintas. La primera de ellas era la modalidad accesoria del contrato mismo de compraventa ya que su pago estaba sujeto a los plazos previstos en el mutuo hipotecario, más allá de que López naturalmente podría haber optado por abonar íntegramente el monto respectivo. La segunda modalidad se encontraba en el mismo mutuo hipotecario toda vez que la incapacidad o muerte del acreedor hacía nacer un crédito exigible a favor de la entidad bancaria (Banco de la Provincia de Buenos Aires) acreedora respecto de la aseguradora (Provincia Seguros). La deuda que asumió López se basaba en la existencia de estos presupuestos fácticos y jurídicos y ambas partes (compradora y vendedor) contaron obviamente con la existencia de dicho contrato de seguro toda vez que la asunción resultaba aquí accesoria del contrato principal de mutuo hipotecario (art. 525 del Código Civil).

Desde luego que, como ya señalé, la persona que asume una deuda no libera al deudor principal, pero del mismo modo aquélla no puede encontrarse en una situación peor en el caso que la que se encontraba Valiente, salvo cláusula expresa entre ambos que no se elaboró en el contrato de compraventa bajo análisis.En la hipótesis de eventual falta de pago de la aseguradora la persona que asumió la deuda -López- debería haber satisfecho el crédito respecto de la acreedora hipotecaria. Pero abonado el crédito por la aseguradora no resulta admisible exigirle el cumplimiento de tal prestación prevista en el contrato de compraventa porque esa deuda fue satisfecha por la aseguradora misma.

Los apelantes confunden así entre el pago por subrogación y el pago de una póliza. Pero resulta obvio que no se aplica el mismo instituto respecto del asegurador que ha contratado un seguro de vida -y cobrado obviamente una prima por él- y que satisface el saldo de crédito hipotecario. El pago de dicho crédito no es más que el cumplimiento del contrato de seguro asumido y no un pago efectuado por un tercero en los términos de los arts. 767 y 768 del Código Civil. El mismo art. 80, tercer párrafo , de la ley 17.418 establece inequívocamente que la subrogación es inaplicable en los seguros de personas (ver esta Sala del 29-12-76 pub. en LL 1977-C, 115 y López Saavedra, ob. cit., pág. 409). La aseguradora canceló el crédito ejecutando la prestación a la que se había obligado en un seguro que no se inserta entre los de responsabilidad civil y que, por consiguiente, no da derecho a subrogación alguna conforme lo prescribe inequívocamente la legislación especial al respecto.

La beneficiaria inmediata o directa y tomadora del contrato de seguro es la compañía aseguradora, el beneficiario mediato del pago del seguro son los herederos de Valiente (ver CNCom, Sala D del 8-8-01 en JA 2003-I-33)quienes de no haber existido aquél habrían tenido que pagar la deuda en caso de muerte con el patrimonio del causante (art.3363 del Código Civil) y la beneficiaria mediata -en un segundo grado- es la persona que asumió la deuda, en el caso, López que no tiene que pagar el crédito respecto del Banco de la Provincia de Buenos Aires al cual se había obligado en el boleto de compraventa. No pueden reclamarle entonces los herederos a López el pago de la deuda porque ésta ha sido cancelada por la compañía aseguradora en ejecución de la obligación previamente asumida respecto de la entidad bancaria. El reclamo efectuado supone así un enriquecimiento sin causa toda vez que la deuda fue pagada por la aseguradora y el reclamo del pago de la deuda a la compradora se sostiene en un justificativo -el eventual reclamo de esa empresa en concepto de pago por subrogación- que resulta imposible porque en esta clase de seguros su misma naturaleza impide que se aplique a favor del asegurador (Stiglitz, Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2004, 4ª ed., T. III, nº 1099, pág. 2007).

III. Los demandados han señalado en su memorial que se produjo un empobrecimiento del vendedor -el de cujus- puesto que ha salido del patrimonio del causante el 50 % indiviso del inmueble y no ha entrado la correlativa contraprestación puesto que la deudora nunca se hizo cargo de abonar el saldo que comprometió saldar como precio de venta puesto que de haberlo hecho hubiera estado en el acervo sucesorio.

Se trata de un error. La adquirente no se comprometió a pagar al vendedor la suma de u$s 30.000 de modo que jamás habría entrado ese monto en el patrimonio de Valiente. López sólo se había obligado a pagar la deuda que tenía el vendedor con la entidad bancaria en la cual existía una cláusula accesoria conteniendo un seguro de vida.Por supuesto que Valiente bien podría haber optado por enajenar su mitad indivisa por esa suma -sin otra mención- con lo cual el eventual pago de la aseguradora respecto del saldo de precio en nada habría modificado la situación. En esta hipótesis el vendedor -o sus aquí herederos- habrían tenido derecho a reclamar de Muñoz el precio de venta adeudado aunque hubiera sido cancelado el mutuo por la aseguradora la deuda hipotecaria. Lo que no advierten los apelantes es que el vendedor optó por una solución aleatoria en que la entidad del sacrificio de las partes no podía ser conocida y apreciada al momento de celebrar el contrato (Leiva Fernández, El álea en los contratos, Buenos Aires, 2002, nº 8, pág. 11) y que en el caso colocó a la concubina -precisamente por el hecho incierto de la fecha de la muerte del vendedor- en una posición relativamente ventajosa ya que parte del precio de venta era la asunción de la deuda. Dentro del álea de este boleto de compraventa -con particulares características- podría encontrarse el supuesto de que Valiente no falleciera dentro del plazo de pago previsto en el mutuo en cuyo caso la compradora tenía a su cargo el pago de la hipoteca preexistente "en las condiciones de su constitución" como se había señalado en el instrumento de fecha 28 de marzo de 2001.

Adviértase que no cabe duda que la intención implícita del asegurado, al adherir al seguro de este tipo, es favorecer a sus sucesores, ya que la finalidad perseguida es la extinción de una deuda que pesa sobre el patrimonio de ese asegurado que, en caso de muerte de éste, se transmitirá sin esa obligación pendiente (Halperín y Barbato, Seguros. Exposición crítica de las leyes, 17.418, 20.091 y 22.400 , 3ª ed. Buenos Aires, 2003, nº 25 (A), pág.873). Del mismo modo la intención implícita del vendedor-asegurado fue favorecer a la compradora para que en caso de muerte se extinguiera la deuda que aquélla había asumido en el boleto de compraventa y la pretensión de los demandados supone así exigir una deuda que no se les podría haber reclamado precisamente por el destino o finalidad del seguro que se había contratado. Extinguida la deuda para los herederos ante el cumplimiento de la prestación por la aseguradora queda consiguientemente también extinguida para la persona que asumió el pa go de la deuda y satisfecho el pago del precio ante la prueba del pago de las restantes prestaciones a las que se había obligado en el boleto respectivo.

En realidad, el problema central en este caso es que los herederos dan por sentado que en el patrimonio del causante existía un crédito por una suma de dinero en moneda extranjera en contraprestación por la venta de la mitad indivisa cuando, en realidad, sólo tenía un crédito contra López para que ésta abonara el saldo pendiente de pago del mutuo hipotecario. Valiente podía exigirle que López le pagara a la acreedora hipotecaria pero no podía exigirle que le pagara a él. El saldo de precio de venta -en este contrato de complejas características- consistió en una asunción de deuda por parte de la compradora. Si el vendedor así lo aceptó y consideró que resultaba apropiado el método utilizado no es posible ahora después de su fallecimiento considerar que lo que se había contraído era el pago de una suma de moneda extranjera. Los herederos no pueden reclamar un mejor derecho que el que tenía Valiente (conf. art. 3270 del Código Civil) y es por ello que no es procedente admitir el pago de la suma reclamada por los reconvinientes.

De lo antes referido se sigue que el planteo de los demandados para que se revoque la sentencia con sustento en el principio del enriquecimiento sin causa resulta injustificado.Es verdad que, como se señala en la expresión de agravios (ver fs. 859 vta.), Valiente no le donó el inmueble a López. Pero lo que sí hizo fue vender el bien con dos modalidades de pago distintas. Así por un lado estableció dos pagos a plazo que fueron satisfechos por la adquirente y otro consistente en un pago sujeto a una condición suspensiva según la cual a partir de ese momento nacía la obligación de la aseguradora de pagar la parte del crédito insoluto (arts. 528 y 545 del Código Civil), tratándose en el caso de una condición y no de un plazo porque la ocurrencia del hecho condicionante dentro del plazo fijado para el pago del crédito principal era un hecho incierto.

De todos modos e independientemente de la modalidad que le pudiera atribuir a la deuda asumida por López, lo cierto es que sea que se trate de un plazo o de una condición, no era una deuda pura y simple como entienden los apelantes e implicaba que el mismo vendedor sometía el pago de la deuda por la compra a la misma modalidad que surgía de la deuda relativa al mutuo, esto es, la posibilidad de que esta fuera satisfecha en su integridad por la compañía aseguradora en los supuestos de incapacidad o de muerte.

IV. Los demandados reclaman el valor locativo por el período en que López no ha pagado el saldo de precio puntualizando concretamente que lo debe "al menos desde que esta parte inició la sucesión", es decir a partir de octubre de 2002 (ver fs. 295 vta.). De las constancias de este expediente surge que el reclamo de los coherederos por el cobro del valor locativo sólo se ha formalizado a partir de la fecha de la presentación de la reconvención de fecha 18 de octubre de 2005 (ver cargo de fs.295 vta.). Por ser ello así en lo que concierne al lapso anterior, como a la ocupación gratuita le son aplicables las normas del comodato (esta Sala c. 312.602 del 19-3-01) y habiéndose exteriorizado la voluntad de los demandados para percibir el canon locativo que solicitan recién con la notificación del traslado de la demanda, cesó en tal oportunidad su consentimiento tácito a la anterior ocupación gratuita del inmueble (CNCiv., sala A, del 14-6-94, ED 159-726 y Sala D del 12-10-91 en LL 2002-B, 280) razón por la cual no corresponde admitir dicha petición por el período anterior a la fecha citada. En lo que respecta al período posterior tampoco resulta admisible porque a la data de la notificación del traslado de la demanda los apelantes se encontraban en mora en el cumplimiento de la obligación de escriturar que les correspondía en el caso como sucesores de Valiente, de manera que su pretensión de cobro resultaba injustificada debiendo, por ende, rechazarse esta pretensión (art. 510 del Código Civil).

Por las razones expuestas debe entenderse pues que ante el pago del saldo de precio en el caso y la inexistencia de obligaciones pendientes en cabeza de la actora, corresponde desestimar el recurso intentado y confirmar la sentencia apelada imponiendo las costas a los demandados y reconvincentes vencidos (art. 68 del Código Procesal).

Los señores jueces de Cámara Dres. Dupuis y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. JUAN CARLOS DUPUIS. FERNANDO M. RACIMO. MARIO P. CALATAYUD.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº del Libro de Acuerdos de la Sala "E" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, junio 10 de 2009.

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal).

Notifíquese y devuélvase.