Demanda accidente, acc. civil.

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Notapor ROBLEDO94 » Jue, 11 Abr 2013, 15:59

Estimados colegas, mi consulta es respecto a que tengo que iniciar una demanda de accidente por estres y mobbing, accion civil, el Psiquiatra le diagnostico Síndrome Depresivo Mayor, mi duda surge por la reciente modificación a la LRT por la 26773, que si bien la leí, no se como se está procediendo en los tribunales, conviene declararla insconstitucional toda o algunos arts. y tb. el 39, 46 etc. de la 24557, tengo firmado un pacto de cuota litis, lo presento y pido la inconstitucionalidad del art. que lo prohibe, se sigue aplicando la jurisprudencia del fuero, como Aquino, C.C.D.c/ Best Market, RRG c/ Bco. Santander Río y otros similares. Si algun forista me puede orientar un poco como se está procediendo despues de la reforma, estare mas segura si estoy en lo correcto y muy agradecida.
ROBLEDO94
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Re: Demanda accidente, acc. civil.

Notapor eltam88 » Jue, 11 Abr 2013, 16:36

ROBLEDO94 escribiste:Estimados colegas, mi consulta es respecto a que tengo que iniciar una demanda de accidente por estres y mobbing, accion civil, el Psiquiatra le diagnostico Síndrome Depresivo Mayor, mi duda surge por la reciente modificación a la LRT por la 26773, que si bien la leí, no se como se está procediendo en los tribunales, conviene declararla insconstitucional toda o algunos arts. y tb. el 39, 46 etc. de la 24557, tengo firmado un pacto de cuota litis, lo presento y pido la inconstitucionalidad del art. que lo prohibe, se sigue aplicando la jurisprudencia del fuero, como Aquino, C.C.D.c/ Best Market, RRG c/ Bco. Santander Río y otros similares. Si algun forista me puede orientar un poco como se está procediendo despues de la reforma, estare mas segura si estoy en lo correcto y muy agradecida.


SI LA ENFERMEDAD TIENE SU PRIMERA MANIFESTACIÓN INVALIDANTE LUEGO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2012, VA LA LEY 26773.

AQUINO NO IRÍA PORQUE SE DEROGÓ TAL ARTÍCULO.

CASTILLO, VENIALGO, MARCHETI SI, PUES AÚN SIGUEN ESTANDO EL TRÁMITE ANTE LAS COMISIONES MÉDICAS.

LO DEL PACTO DEBÉS PLANTEARLO.

LUEGO ATACA EL ART. 4, PUES ESE ARTÍCULO ES TODO INCONSTITUCIONAL.

ENTRA A LA PÁGINA DE HORACIO SCHICK QUE HAY MUCHO SOBRE EL TEMA.

AHORA SUBO UN INFORME DE FORMARO.
PUENTES DONDE HAY MUROS.
eltam88
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Re: Demanda accidente, acc. civil.

Notapor eltam88 » Jue, 11 Abr 2013, 16:37

NOTA DE FORMARO

Vías para garantizar la indemnidad de los trabajadores frente a la sanción de la ley 26.773.
por Juan J. Formaro
(publicado en La Ley, Sup. Esp. Nueva Ley de Riesgos del Trabajo, 2012 -noviembre-, p. 91)
I.- Advertencia liminar.
La sanción de la ley 26.773, llamativa y burdamente regresiva, ha profundizado la atención que merece el estudio del régimen de riesgos del trabajo. Su rápido tratamiento por la doctrina (y por la jurisprudencia en la medida de las acciones que se intenten) es central a fin de no reiterar la experiencia de su aciago antecedente, la ley 24.557, con la cual la nueva norma viene a conformar un “conjunto” (art. 1º, ley 26.773) que parece destinado a sufrir una misma “enfermedad congénita”[1]. Fuera de los debates académicos, y aún de los intereses políticos y económicos, lo cierto es que se halla en juego aquí la suerte de los trabajadores enfermos o accidentados y sus derechohabientes. No podrá en consecuencia tolerarse nuevamente el zigzagueo acaecido desde la sanción de la LRT hasta que la Corte Suprema refrendara la supremacía constitucional para poner cierto fin a los extravíos que implicaban en la práctica la violación de los derechos humanos de las víctimas de los infortunios[2].
Siendo ello así, abordamos en este comentario solo una de las múltiples cuestiones que revisten interés (postergando el tratamiento de las restantes), pues constituye arista fundamental: la forma de garantizar al trabajador -sin cortapisas, retaceos ni opciones- la indemnización de todos los perjuicios que padezca producto del daño sufrido bajo dependencia.
II.- Los principios que deben regir la materia.
La opción con renuncia que establece la ley 26.773 debe ser analizada partiendo de una serie de principios: a) aquellos sobre los que se asienta el derecho del trabajo y b) los que estructuran el derecho de daños. La conjunción de ambos permite arribar al llamado “derecho de daños laborales”, cuyas premisas constitutivas no pueden ser alteradas bajo pena de incongruencia e irrazonabilidad de la normativa que debe operativizar el mandato constitucional.
Desde el primer ángulo (a), no puede sino advertirse que la reforma al régimen de riesgos del trabajo comporta básicamente la violación de los principios de indemnidad, protección especial, irrenunciabilidad y progresividad.
En torno al segundo campo (b), la ley parece ignorar que la vigencia del adagio “alterum non laedere” no puede ser condicionada y sujeta a renuncias previas cuando se trata de daños a la integridad psicofísica. Si muy antiguamente se decía que es absurdo poner en pie de igualdad al extraño a quien la mala suerte hace víctima por una consecuencia accidental de tiempo y espacio, con aquel que debe permanecer en su puesto, sujeto a una labor, y que recibe el daño como consecuencia y en ocasión del trabajo[3], mal puede hoy utilizarse el argumento de la dependencia para violar justamente el trato preferente que merece el trabajador dañado (art. 14 bis, Const. Nacional) y constreñirlo a una opción que no existe en otros regímenes tuitivos pues justamente no sortea la lógica protectoria que les da nacimiento diferenciado.
Ya situados en el terreno de los daños laborales, es preciso comprender que en el ámbito contractual lo que responsabiliza es el incumplimiento de la obligación autónoma, implícita dentro del desarrollo del plan de cumplimiento de las restantes obligaciones de rango convencional, que garantiza seguridad al dependiente, y que se aduna al citado adagio de vigencia general (alterum non laedere) y a los factores de atribución subjetivos y objetivos en virtud de las conductas, la intervención de cosas, las actividades riesgosas, las omisiones ilícitas, etc.. Máxime frente a la inminente sanción del Código Civil y Comercial, que unifica los regímenes de responsabilidad.
Comprendiendo que se trata de responsabilidad fundada en la delegación o sustitución en el quehacer, fácil es arribar al factor objetivo de atribución, a la par que se simplifica el procesamiento de las causas (remitiendo para un análisis mas profundo de la cuestión a otros estudios que efectuáramos[4]).
Solo así se torna operativo el respeto al principio de indemnidad, que mal puede ser coartado cuando una persona, en su labor por y para otra -en ocasión de su tarea-, sufre un daño[5]. Mas aún cuando indemnizar es eximir de “todo” daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento[6], habiéndose catalogado al derecho a la vida (y a la salud) como primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva[7].
En tal contexto no puede existir valla pues la opción con renuncia es incongruente con la razón de ser del derecho de daños laborales, donde la tutela debe ser ampliada y no retaceada, máxime cuando, como enseñara Colmo, “el obrero perjudicado lo es en su único patrimonio, su persona, que ha comprometido por entero en el trabajo”[8]. De lo contrario, y frente a la coacción que implica la opción, no queda sino concluir que es la propia ley especial la que debe llenar los fines reparatorios con características de plenitud, pues de otro modo el imperativo constitucional perecería violado.
Ambas vías serán tratadas en los apartados que siguen.
III.- El planteo de inconstitucionalidad de la opción excluyente.
1.- La vigencia del art. 11 de la LRT y la irrenunciabilidad de las prestaciones.
El art. 4º de la ley 26.773 pretende instaurar la opción excluyente entre las indemnizaciones sistémicas y las que pudieran corresponder por otras vías.
En paralelo, el art. 11 de la ley 24.557, en su ap. 1º, dispone: “Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas”.
Aún cuando podría invocarse que la primera (ley 26.773) es ley posterior con respecto a la segunda (ley 24.557), el principio no juega en la especie por una pléyade de razones evidentes:
a) No existe derogación tácita pues la ley 26.773 contiene una disposición específica atinente al tópico. Se trata de su art. 17, que en el ap. 1º clara y únicamente establece: “Deróganse los arts. 19, 24 y los incs. 1, 2 y 3 del art. 39 de la ley 24.557 y sus modificatorias”. El régimen de derogación es expreso, y el art. 11 de la LRT se mantiene vigente por decisión del Congreso.
b) Tal como tiene dicho la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema, no cabe suponer el olvido o la imprevisión por parte del legislador[9].
c) El propio art. 1º de la ley 26.773 establece que “las disposiciones sobre reparación de los accidentes y enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo” y refiere al “conjunto integrado” por dicha ley y la LRT 24.557. Queda en claro entonces que el legislador ha previsto la totalidad de la normativa que congloba en un “régimen de reparación” que por eso mismo no puede tolerar inconsecuencias intrínsecas.
d) La interpretación de la ley no puede contradecir su explícita finalidad: esta última (más allá de cuales fueran los verdaderos objetivos de los mentores de la norma) se expresa en el mensaje de elevación del proyecto elaborado por el P.E.N., que alega buscar que “el régimen ofrezca una reparación plena del daño”. El objetivo reparador no puede ser, por ende, menoscabado en la operatividad de la ley.
e) La ley no puede retrogradar y convertir en renunciable lo que antes en el mismo régimen, y de modo expreso, se reconoció como “irrenunciable”. Juega sin ambages la progresividad (su regla de no regresión), tal como puntualizaremos mas adelante.
2.- La reinstauración de la opción con renuncia y su regresividad. El cúmulo admitido por la LRT.
Se alega, como argumento de defensa de la opción, que aquella fue instaurada por la ley 9688, invocándose además que se trata de la mecánica legislativamente aceptada en materia de infortunios laborales.
El argumento pierde de vista la redacción del ap. 1º del art. 39 de la ley 24.557:
En efecto, el art. 17 de la ley 9688 consagraba para los damnificados la opción entre la ley especial o “las acciones que pudieren corresponderles según el derecho común por causa de dolo o negligencia del patrón”. Es decir que el obrero o causahabiente no podía accionar por la vía civil ni siquiera ante el dolo del empleador: recurría a la ley especial laboral o, excluyentemente, al “derecho común”.
La misma opción mantuvo el art. 16 de la ley 24.028 entre las indemnizaciones del “sistema de responsabilidad especial” y el “derecho civil”.
La cuestión es sustancialmente distinta en el régimen de la LRT: esta retrogradó al prohibir la demanda por reparación integral que hasta allí se intentaba en base a la culpa o la responsabilidad objetiva, pero posibilitó la acumulación de acciones cuando se tratara de la hipótesis del art. 1072 del Cód. Civil. Esto último con un importante aditamento: la reparación de los daños y perjuicios (ap. 2 del art. 39) no quita derecho a las prestaciones de la ley especial (ap. 3 del art. 39), supuesto en el cual la norma ni siquiera alude a su deducción (como sí lo hace en el ap. 4, al reglar los casos de daños causados por terceros).
Podría argumentarse entonces que en caso de dolo del patrón el texto expreso de la ley 24.557 instauró un cúmulo absoluto.
Receptada por la Corte Suprema la vigencia del principio de progresividad, que según su jurisprudencia opera especialmente en materia de laboral[10], es inadmisible la regresión normativa en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba.
De allí que mal puede la ley consagrar la opción excluyente, cuando la legislación anterior (mas allá de sus vicios no invalidantes de esta previsión beneficiosa) la dejara explícitamente de lado.
Es evidente también que jamás podría considerarse renunciable lo que la ley 24.557 consagró como “irrenunciable” (referimos a las prestaciones sistémicas), mas aún cuando la calificación se mantiene (art. 11, LRT) tal como hemos advertido en el título anterior. De lo contrario también resultaría flagrante la violación del principio de progresividad y su regla instrumental.
3.- La obligación del Estado de garantizar la indemnización.
Según advierte con acierto Curutchet, la norma privaría al trabajador del contenido mínimo de las prestaciones por accidentes y enfermedades del trabajo previsto en los Convenios 17, 42 y 102 de la OIT (todos ratificados por la República Argentina)[11].
Los aludidos instrumentos (arts. 1º y 11 del primero, 1º del segundo, y 31 del tercero) imponen al Estado la obligación de “garantizar” a las víctimas y a sus derechohabientes el pago de una indemnización frente al infortunio. El término utilizado tiene especial trascendencia, puesto que la garantía implica “seguridad o certeza sobre algo”[12] y tal afianzamiento se corrobora pues la obligación se impone “en toda circunstancia” (art. 11 del Convenio 17).
De allí que la indemnización prevista por la legislación interna sobre accidentes laborales constituye el mínimo garantizado, y por ende la opción con renuncia pretendida es inadmisible.
4.- La absurda presunción de renuncia.
Bien se ha dicho que el artilugio de colocar al trabajador que cobra indemnizaciones tarifadas en situación de no poder reclamar el daño mayor que pudiera haber sufrido, implica una burda extorsión a partir del estado de necesidad. Una coacción de ese tipo vicia todo consentimiento –expreso o tácito- así otorgado y constituye una ficción para transformar en renunciable lo irrenunciable[13].
Así como ni la salud ni la vida pueden ser objeto de cláusulas de irresponsabilidad, pues no solo desvirtuarían la esencia del vínculo obligacional sino que además comprometen derechos subjetivos no disponibles (como la integridad corporal) resultando nulas de nulidad absoluta (arts. 19, 21, 872, 953, 1047 y cctes. del Cód. Civil), el ejercicio de una acción en procura de la reparación integral del daño jamás puede, lógicamente, implicar la renuncia al mínimo que la pretensión citada contiene insita.
La cuestión entronca con los alcances de la teoría de los actos propios: de ningún modo puede hablarse de deliberada y eficaz voluntad anterior tendiente a restringir derechos indemnizatorios cuando el trabajador persigue el cobro de una prestación que constituye un mínimo irrenunciable, como así tampoco evidencia liberalidad respecto de la base tarifaria el procurar la reparación integral del daño sufrido (que obviamente comprende aquél mínimo).
No pueden exigirse actitudes heroicas del trabajador accidentado[14], menos aún cuando se trata de créditos que se devengan en situaciones de emergencia[15].
En síntesis, la norma que pretende tornar renunciable lo que la misma ley consagra como irrenunciable (art. 11, ap. 1º, LRT), se constituye en una abierta coacción tendiente a evitar el ejercicio del derecho a peticionar justicia (art. 18, Const. Nacional) y obtener resarcimiento en la medida del quebranto sufrido (art. 19, ídem). Y por ello la acción en procura de la reparación integral debe contener el numerario que surge de la tarifa. Del mismo principio emana la regla que indica que no es lícito interpretar que la percepción de una indemnización menguada (“opción” que no resulta libremente ejercitada en función de la condición del dañado), por un sujeto que depende de su labor y ha sufrido un infortunio, implica renuncia a obtener lo que constitucionalmente le corresponde (art. 19 cit.) y le veda el acceso a la justicia, que es constitucionalmente irrestricto (art. 18, cit.). De allí que la pretensión en procura de la indemnización total debe ser ejercitable con prescindencia de que se hubiera percibido la tarifa (con deducción de aquella) o transitado procedimiento alguno para obtenerla.
Máxime cuando, en adición, la ley no contempla la exigencia de patrocinio letrado obligatorio para valorar la renuncia, ni la intervención de autoridad administrativa o judicial para verificar la validez del acto (art. 15 LCT).
5.- La falsedad del argumento que invoca un arraigo de la opción.
Es falaz la tesis que alude a una supuesta ausencia de cuestionamientos a los regímenes anteriores que consagraban la opción.
A modo de muestra memoramos que vigente el art. 16 de la ley 24.028, Fernández Gianotti publicó un trabajo que rotuló “Vulneración constitucional por el carácter excluyente de las acciones indemnizatorias del daño infortunístico”[16]. El título es contundente y aleccionador: resulta inconstitucional la norma que pretenda otorgar carácter excluyente a las acciones derivadas de daños laborales, cuando dicho perjuicio no se halle completamente reparado.
Por otra parte, un juez y doctrinario de la valía de Alfredo Colmo (cuyos votos en materia de daños laborales son señeros), consideraba que en la demanda ordinaria se supone incluida la acción especial en una suerte de contenido subsidiario implícito, de modo que rechazada la demanda fundada en el derecho común igualmente el magistrado debía pronunciarse por aquella si se daban sus presupuestos de procedencia. La acción especial, por su menor intensidad, queda comprendida dentro de la fundada en el derecho común[17].
El propio Poder Legislativo dictó la ley de accidentes de trabajo nº 23.146, que en su art. 10 modificaba el art. 17 de la ley 9688 para dejar establecido que “los trabajadores amparados por la presente ley, o sus derechohabientes, en su caso, podrán reclamar conjuntamente las indemnizaciones tarifadas que les confiere la misma y las que pretendan la reparación integral del daño según el derecho común”.
La ley citada, sancionada por el Congreso de la Nación con fecha 30 de septiembre de 1984, fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional el 31 de octubre del mismo año, que entre las razones para devolver el envío sin promulgar consignó: “El equilibrio de las relaciones laborales en épocas de crisis debe mantenerse aún a costa de resignar derechos que aunque legítimos, pueden incidir directa o indirectamente dentro de un conjunto interdependiente de elementos sustantivos para el ataque global y simultáneo del fenómeno inflacionario”. Como las supuestas leyes del mercado no conforman la legalidad que nos rige, ni pueden hacerlo[18], el argumento economicista es hoy insostenible. Queda en pie entonces el antecedente parlamentario que da por tierra con el argumento que pretende colocar a la opción como jamás cuestionada.
Por otro lado, como advierte Elizondo[19], en el régimen general del derecho del trabajo y en materia de indemnizaciones por incapacidades laborales, la acumulación de beneficios es la regla, tal como sucede a título de ejemplo en el caso del párrafo 5º del art. 212 de la LCT, según el cual la indemnización por incapacidad absoluta se acumula y no es incompatible con las prestaciones de la LRT[20]. Lo mismo ocurre con el pago en torno a obligaciones originadas en la relación laboral, que es considerado como entrega a cuenta del total adeudado aunque se reciba sin reservas (art. 260, LCT).
6.- La jurisprudencia de la Corte Suprema en los casos “Aquino”, “Cura”, “Llosco” y “Cachambí”.
Declarada inconstitucional la prohibición de accionar fijada en el ap. 1º del art. 39 de la LRT, la Corte Suprema estableció claramente que la solución no eximía a las aseguradoras de abonar las prestaciones a su cargo[21]. Consagró así la admisión jurisprudencial del cúmulo, que ratificó al desestimar la aplicación de la teoría de los actos propios al fallar las causas “Cachambí”[22] y “Llosco”[23].
Sobre la base de tales fallos se ha expedido la doctrina, concluyendo mayoritariamente que se trata de precedentes que no podían ser soslayados a la hora de reformar el régimen de la ley 24.557. Así lo entendió incluso el Grupo de Expertos en Relaciones Laborales convocado por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación[24]. Advirtiendo Rodríguez Mancini que “la jurisprudencia de la CSJN ha adoptado soluciones claras y terminantes en los antecedentes ´Aquino´, ´Llosco´ y ´Cachambí´”, en virtud de los cuales “no hay margen de interpretación alguno para entender que la aceptación de la víctima o sus derechohabientes de prestaciones reguladas en la ley especial, veda la vía de la acción civil”. Según puntualiza el mismo autor, la Corte declaró inconstitucional -en “Llosco” y “Cachambí”- la pretensión de que el trabajador víctima deba “dejar de percibir lo menos para demandar lo mas”; afirmando tajantemente que “la opción excluyente no se puede imponer”[25].
Cabe tener presente, asimismo, que los tribunales inferiores reiteradamente han aplicado el criterio de la subsidiariedad, en la comprensión de que la acción judicial que intenta el resarcimiento de un daño laboral se basa en el hecho del infortunio y que a aquél se le aplica el derecho (iura novit curia), otorgando la indemnización tarifada cuando no se había podido probar el fundamento de la mal llamada responsabilidad “civil”[26].
7.- La evidente intención de proteger al empleador en perjuicio del dependiente.
Como la verdadera razón de ser de la ley ha sido proteger a la empresa, el legislador ratifica el cúmulo cuando el daño ha sido causado por un tercero (restringiendo la derogación del art. 39 de la ley 24.557 a sus tres primeros incisos, y manteniendo los dos últimos).
La solución es correcta, pero evidencia a la par el aludido objetivo velado de la norma:
Si existe responsabilidad de un tercero, el trabajador o sus derechohabientes pueden cobrar la tarifa e iniciar la acción por reparación integral.
Si por el contrario media responsabilidad del empleador, la posibilidad se restringe y nace la opción entre las prestaciones del sistema y la legislación civil.
Resulta interesante advertir que jamás se cercena a la aseguradora o empleador autoasegurado la posibilidad de repetir el valor de las prestaciones.
Ello quiere decir que el único perjudicado es el obrero y que paradojalmente se admite la violación de la indemnidad cuando el daño es responsabilidad del empleador y el trabajador percibe una prestación de mínima, pero el adagio alterum non laedere recobra vigencia cuando la comprometida es la responsabilidad de un tercero. Llamativa dualidad, pues la protección debiera agudizarse cuando el responsable se halla unido al dañado por un lazo contractual (del que se infiere un peldaño superior en materia protectoria, posterior al deber general de no dañar que lógicamente también aprehende).
La verdadera intención de la ley se confirma por el tratamiento diferenciado que termina brindando a los accidentes in itinere: el 20% adicional que contempla su art. 3º solo se otorga “cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador”. Vil maquinación que sagazmente conoce que según la doctrina tradicional (que esquiva sin argumentos la naturaleza contractual) cuando el daño acaece en el trayecto no existe factor de atribución de responsabilidad (pues la jurisprudencia sólo hace jugar, fundamentalmente, los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil). Ello así, frente al convencimiento de que en tales casos el trabajador no podrá tramitar con suerte una “acción civil”, restringe la tutela (y por eso no coloca el anzuelo del porcentaje adicional, lo que devela que la norma no pugna por la protección del obrero accidentado, sino de la empresa).
Incluso se protege al empleador que no cumple la ley, puesto que el no asegurado debe otorgar las prestaciones (art. 28, ap. 1º, LRT), pero si el trabajador las percibe renuncia a la reparación integral (art. 4º de la ley 26.773). Resulta una incoherencia manifiesta premiar al empresario temerariamente incumplidor que no se afilia a una ART pese a la clara obligación legal, y castigar al trabajador dañado en tales condiciones.
Por último, resulta objetivo que el régimen sancionado desdeña de la prevención (que interesa primordialmente a los trabajadores), puesto que promueve la indiferencia de los obligados[27] ya que al insertar la opción coloca al trabajador en la disyuntiva de elegir el mínimo o accionar por la indemnización plena con riesgo de perderlo todo. No es difícil predecir que elección podrá realizar un sujeto hiposuficiente que además se encuentra disminuido en su integridad psicofísica producto de un siniestro.
8.- La ausencia de opción en el caso de las enfermedades no listadas.
Frente a la veda dispuesta por el ap. 1º del art. 39 de la ley 24.557, tuvo lugar la teoría de las enfermedades “extra-sistémicas” como forma de eludir la necesidad de declaración de inconstitucionalidad de la norma: sostuvo aquella que podía el trabajador acudir al derecho común sin barreras, puesto que lo que eximía de responsabilidad civil al empleador eran “las prestaciones de esta ley” (LRT), y justamente no había en principio derecho a ellas si la enfermedad no se encontraba contemplada por el listado.
El valor de la construcción se evidenció acotado al comprenderse que, de ese modo, se prescindía del amparo sistémico (que no debía soslayarse sino, por el contrario, acumularse), máxime cuando el decr. 1278/00 contempló un mecanismo de inclusión de enfermedades que, frente al planteo de inconstitucionalidad de la intervención de los organismos previstos en torno al trámite, terminó siendo competencia de la justicia especializada del trabajo.
Sin perjuicio de ello, y al no haber modificado la ley 26.773 lo atinente al tópico referido, otorga la omisión del legislador otro argumento para la tacha de la opción que instrumenta: si ciertas enfermedades no se hallan en principio cubiertas por la ley, mal puede considerarse que el trabajador realiza una opción cuando justamente debe accionar para el reconocimiento de la dolencia sin saber certeramente si su pretensión será admitida.
9.- La acción por responsabilidad civil contra la ART no implica ejercicio de la opción.
Es sabido que conforme jurisprudencia uniforme, y con base fundamentalmente en los arts. 4 y 31 de la LRT y 1074 del Cód. Civil, es posible responsabilizar a la ART a fin de que aquella solvente la reparación plena del daño cuando el siniestro acaeciera por su omisión frente a la obligación legal de prevenir “eficazmente” los riesgos del trabajo.
El texto original del art. 39 de la ley 24.557 contemplaba dos hipótesis: la acción por reparación integral contra el empleador (que vedaba salvo caso de dolo -apartados 1, 2 y 3 del citado art. 39-) y la misma acción pero intentada contra terceros (que autorizaba plenamente -apartados 4 y 5-).
La ley no hacía distingos y la única acción civil vedada era la que tuviera como legitimado pasivo al empleador. Aún cuando por decr. 491/97 (art. 12), y en evidente exceso reglamentario (art. 99, inc. 2º, Const. Nacional), se pretendió decir que a los fines de las acciones previstas no se consideraría tercero “al empresario principal que ceda total o parcialmente, o que contrate o subcontrate, trabajos o servicios dentro o fuera del establecimiento habilitado a su nombre”, jamás se mencionó a la ART.
Ahora, la ley 26.773 instaura la opción (art. 4º) y para habilitar la acción (art. 17) contra el empleador deroga los tres primeros apartados del art. 39 de la LRT, pero deja subsistentes los dos últimos (modificación que introdujo el Senado de la Nación, pues el proyecto del Poder Ejecutivo derogaba el art. 39 en forma total).
Es por ello que en la lógica de LRT, que según ley 26.773 conforma con aquella (y otras disposiciones), en conjunto, el “régimen de reparación” (art. 1º), la acción que implica renuncia a la tarifa es la intentada contra el empleador, pues cuando se intente contra terceros (denominando como tales a todos quienes no sean el “empleador”, y la ART no lo es) se conserva el derecho a percibir las prestaciones, que se deducirán de la indemnización plena.
Siendo ello así, y considerando que puede iniciarse acción civil contra la ART sin necesidad de demandar al empleador (es decir, autónomamente), no se renuncia en tales casos a la tarifa (que incluso goza de las garantías previstas por el fondo de reserva -art 34, LRT-).
10.- La incomprensible mecánica de intervención de la ART para la cobertura de la tarifa.
En su art. 6º, la ley 26.773 impone a la ART la obligación de depositar “en el respectivo expediente judicial o administrativo” el importe de la tarifa a su cargo. En la misma proporción se la responsabiliza frente a las costas.
Lo llamativo es que la solución no rige solo para los casos en que mediare sentencia judicial, sino también para las hipótesis de conciliación o transacción. Y lo mas incomprensible aún es que no se establece un mecanismo de intervención que garantice el derecho de defensa.
Todo ello dará lugar a un sinfín de cuestionamientos e incidencias, que lejos de contribuir a la celeridad del régimen será caldo de cultivo de la supuesta litigiosidad (estadísticamente inicua) que se pretende coartar.
Si la competencia de las acciones se intenta trasladar al fuero civil (ap. 2 del art. 17 de la ley), donde rige la instancia de mediación previa obligatoria sin el mínimo control estatal, es fácil preguntarse cómo podrá establecerse la cuantía tarifaria si resulta imperioso para su cálculo tener precisión acerca de dos variables que generalmente son discutidas (ingreso y porcentaje de incapacidad) y que no resultan de un acuerdo (que además tendría dudosa oponibilidad por gozar de aptitud para dar lugar a hipótesis de fraude).
Por eso también la opción excluyente es inviable, y la mecánica que garantiza los derechos constitucionales de todas las partes se halla con la instauración del cúmulo relativo, permitiendo el debate entre todos los interesados (e incluso el acuerdo entre ellos), con eventual posibilidad de acceso a la reparación integral, garantía del mínimo irrenunciable, compensación de conceptos indemnizatorios homogéneos y cobertura del empleador hasta la tarifa, e intervención de tribunales especializados para resolver las controversias inconciliables.
Vale destacar, por último, que la parte final del citado art. 6º vuelve una vez mas a poner en evidencia la intención de “castigar” al trabajador que se atreve a procurar una reparación integral de su daño, pues “si la sentencia judicial resultare por un importe inferior al que hubiera correspondido abonar por este régimen” el excedente debe depositarse a la orden del Fondo de Garantía. Ello sin comprender que la existencia de la tarifa obedece a la obligación de otorgar prestaciones mínimas irrenunciables (art. 11 LRT), a fin de evitar asimismo el extravío por escasez de quien tiene la responsabilidad de cuantificar los daños.
11.- La burda alteración de la competencia y sus implicancias.
El último párrafo del art. 4º de la ley 26.773 establece: “En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil”. La norma se complementa con el ap. 2º del art. 17, que consagra la competencia (en la Capital Federal) de la Justicia Nacional en lo Civil.
Lo dispuesto reviste gravedad, no solo por sus efectos, sino en virtud del contenido retrógrado que impunemente evidencia, dejando al descubierto una desconfianza que tiñe a todos los jueces de un fuero (el laboral) y debiera merecer repudios por las asociaciones de magistrados.
Se trata, en primer término, de un burdo intento de desplazar a los trabajadores de sus jueces naturales. Soslaya que lo verdaderamente relevante a efectos de fijar la competencia material es la alegación de un vínculo de naturaleza laboral, pues la normativa aplicable a aquél es vasta, y no se ciñe en modo alguno a los preceptos especiales del derecho del trabajo. Lo que importa es que se trate de una relación de linaje laboral, y por ello las leyes de procedimiento fijan competencia para los juicios "aunque se funden en disposiciones de derecho común" (art. 20, ley 18.345).
No es casual tampoco la remisión a los preceptos procesales del fuero civil: se intenta desproteger así a las víctimas y sus derechohabientes, con pérdidas de eximición de gravámenes fiscales (art. 41, ley 18.345) y beneficios de gratuidad automáticos que consagran múltiples normas rituales laborales. Es innecesario memorar que la colocación de una barrera económica es sumamente apta para frustrar el acceso a la justicia. Por la misma razón se quitan el impulso oficioso y la facultad/deber de investigación que con mayor ahínco campea en el fuero del trabajo, al igual que el resto de particularidades que caracterizan a la justicia que se ocupa del derecho social (y cuyo nacimiento ha sido el resultado de la conciencia social de la Nación toda[28]).
El conflicto derivado de las relaciones del trabajo, por su complejidad, por su finura, por sus propias necesidades, se escurre de la trama gruesa de la justicia ordinaria. Por eso requiere un tipo de proceso gratuito y rápido, la reducción de las formas a lo que estrictamente lo exija la garantía del ejercicio del derecho, y el desenvolvimiento de la libre iniciativa del juez evitando asimismo que los litigantes tiendan y caigan en redes[29].
Por último, en lo que respecta a los principios, simplemente basta marcar la contradicción con el Proyecto de Código Civil y Comercial que impulsara el mismo Poder Ejecutivo cuando en el segundo párrafo de su art. 1252 establece que "los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral".
En definitiva, tal como apuntara Fernández Madrid, cuando debe acudirse a una norma del derecho común se la debe interpretar a la luz de los principios del derecho del trabajo que la adecuan a la realidad de las relaciones laborales[30]. Sólo una clara, lógica y firme afirmación de la institución madre, el derecho laboral y sus principios generales, servirá para dar el hilo conductor a la razonabilidad del intérprete, que debe mantener la inserción vigorosa de la especie —el sistema normativo laboral— en el mundo general del derecho —público y privado—[31].
IV.- El planteo de inconstitucionalidad de la tarifa.
1.- El declamado objetivo de la ley: la trascendencia de su remisión a la “reparación plena”.
En el mensaje de elevación (nº 1721) del proyecto se estableció que “el damnificado percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas del sistema, de modo tal que el régimen ofrezca una reparación plena del daño”. El mismo mensaje concluía afirmando que las reformas propuestas tienen “el fin de instalar un sistema reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas”.
En tal dirección, el art. 3º del texto legal sancionado recoge la previsión y cuantifica en un 20% de la tarifa la aludida “compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas”.
La ley 26.773 reconoce entonces, expresamente, lo que ya podía extraerse del art. 1º, inc. 2, ap. b) de la ley 24.557.
Si los objetivos de la LRT son “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales”, y la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, la tarifa que mas adelante se establece es inconstitucional si no llena los aludidos fines reparatorios. En primer lugar, pues las normas son susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irrazonables -o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran-[32]; en segundo término, por violación de la manda de los arts. 14 bis y 19 de la Ley Fundamental, al contradecir el principio que esta última establece –lo que resulta aún mas inadmisible frente a quien merece máxima tutela-.
Tal formulación lógica se corrobora y profundiza con los renovados objetivos que inserta la ley 26.773, pues ésta expresamente alude -como hemos visto- a la plenitud de la reparación y a la compensación por “cualquier otro daño”.
La tarifación arbitraria en un 20% del monto de otra tarifa anterior que también resulta tabulada con parámetros férreos sin consideración de otras particularidades del agente dañado mas que su edad, grado de incapacidad y salario, resulta antojadiza. Aún cuando se considerase que la formula primaria cuantifica daño material y el adicional pretende incursionar en el terreno de lo extrapatrimonial, es innecesario memorar la reiterada jurisprudencia que reputa errado el criterio de atar la estimación de un perjuicio al otro pues no tienen la interdependencia que la nueva ley pretende consagrar dogmáticamente.
De allí que, demostrada en juicio la insuficiencia de las prestaciones, se abre la posibilidad de acceder a un resarcimiento pleno pues se trata justamente de operativizar los fines de la norma (leyes 24.557 y 26.773) de consuno con la disposición superior (art. 19, Const. Nacional).
2.- La doctrina de la CSJN en “Lucca de Hoz” y su aplicación en el marco de la ley 26.773.
La cuestión señalada en el título anterior no es novedosa y ha sido tratada por la Corte Suprema en la causa "Lucca de Hoz”[33], al abocarse a la resolución de una "acción sistémica" donde la legitimada pasiva era la ART (la responsabilidad del empleador, desestimada, quedó firme por rechazo del recurso en los términos del art. 280 CPCC) y en la cual la parte actora se quejaba de la insuficiencia de la tarifa vigente al momento del infortunio que causara la muerte al cónyuge de la accionante.
Se dijo allí, en el dictamen fiscal que la Corte recogió: "... corresponde que se admita el planteo con fundamento en que la indemnización reconocida no repara integralmente a la viuda…”, agregándose que “…la respuesta dada en el fallo con fundamento en que el reclamo se limitaba a las prestaciones reguladas en el art. 15 de la LRT y no en la reparación integral en los términos del derecho común (v. fs. 756), no lo sustenta suficientemente, y deja sin respuesta concreta al planteo de impugnación constitucional de la referida norma en los términos señalados”.
Seguidamente, y luego de citarse el precedente “Aquino” (en punto a las deficiencias del método de cálculo de la formula y su exclusiva y retaceada atención a la faz patrimonial), agregó que “la LRT no se adecua a los lineamientos constitucionales a pesar de haber proclamado que tiene entre sus objetivos, en lo que aquí interesa, "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales (art. 1°, inc. 2.b); y ha negado, a la hora de proteger la integridad psíquica, física y moral del trabajador, frente a supuestos regidos por el principio alterum non laedere, la consideración plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente por esa Corte, que no debe cubrirse sólo en apariencia…”. Luego, remitió a la doctrina de “Milone” y “Arostegui” para puntualizar que lo que debe evaluarse es si la indemnización consagra una reparación equitativa (que resguarde sentido reparador “en concreto”), evitando partir tan solo de la base de criterios “exclusivamente materiales”.
Ha explicado Cornaglia al comentar la sentencia citada: "Lo sustancial del decisorio que define la actual doctrina de Corte precisada en este fallo está en definir que para reclamar una reparación razonable y suficiente dentro de las previsiones de los casos comprendidos por la Ley de Riegos del Trabajo 24.557, en caso de declararse inconstitucionales las previsiones que fijan los montos tarifarios prescriptos en la misma, basta con invocar la acción de derecho común laboral que de ella se desprende. Y en consecuencia no resulta necesario articular una fundamentación propia de la normativa que en materia de daños prescribe el Código Civil, en otras acciones de derecho común, que difieren en cuanto a los factores atributivos de responsabilidad... Los instrumentos que el derecho laboral positivo vigente pone a disposición son los artículos 1 y 6 de la ley 24.557, que enuncian como fin de la norma reparar los infortunios y los definen. Ambos han debido ser reinterpretados a mérito de la calificación parcial de inconstitucional que la Corte hiciera de ellos. Pero esta calificación lejos de vaciarlos del contenido reparativo que los inspira procura desactivarlos de los vicios que refieren a su irrazonabilidad agraviante del art. 28 de la Constitución Nacional. Es decir, saneados de sus tachas, los confirma en su función respetando la voluntad del legislador en cuanto ella no agravia la Constitución"[34].
Lo expuesto implica, vigente la ley 26.773, que la doble tarifa (su monto original y su rígido incremento proporcional mediante art. 3º) es inconstitucional si carece de plenos alcances reparadores, pues solo se llenarán los objetivos del régimen resarcitorio de los daños laborales si la indemnización que se otorga se compadece con todos los perjuicios sufridos (reiterando que es la propia norma la que remite a los conceptos de integralidad o plenitud, y que no puede presumirse la inconsecuencia y la imprevisión en el legislador[35]). La acción por reparación integral está insita en la ley especial.
Si también en virtud de la doctrina de la Corte la indemnización debe ser “integral” y “equitativa”, no existe otra alternativa que conjurar todos los daños atendiendo para ello a las particularidades del agente que los sufre, pues solo es equitativo lo “justo en el caso concreto”[36] y ello muchas veces se diferencia de las fijaciones de la ley, que es incapaz de aprehender los detalles de la realidad por su propia característica de generalidad y abstracción.

[1] “Mal” sobre el que advierte Maza, Miguel A., Tres buenas noticias y mucha decepción en relación al proyecto de reformas a la ley sobre riesgos del trabajo remitido por el PEN al Congreso, DT, octubre 2012, año LXXII, nº 10, p. 2755
[2] Prueba paradigmática de ello lo constituye la “confesión” del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, que al conceder un recurso extraordinario federal para su tratamiento por la Corte, destacó que “sobre la cuestión objeto de litigio hubo, tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en ese Tribunal, cambios y vaivenes jurisprudenciales de importancia, que a su entender, no sólo confundieron a las partes y sus letrados, sino también a los magistrados de todo el país, resaltando que en autos se dejó sin reparar, ni resarcir, un accidente de trabajo que tuvo consecuencias fatales para el empleado, por lo que entendió se vulneraron derechos federales constitucionales fundamentales que ameritan la concesión del recurso”; conf. Dictamen de la Procuración General que la CSJN hizo suyo en la causa “Guerrero, Estela M. por sí y sus hijos menores c. Insegna, Rubén L.”, sent. del 2/3/11, Fallos 334:120
[3] Cam. Civ. 1º de la Capital Federal, 31/8/34, “Rached, José c. Cervecería Palermo”, JA, 47-586, voto del doctor Tobal
[4] Formaro, Juan J., Juicio por accidentes y enfermedades del trabajo, 2º ed., Hammurabi, 2010, t. 1; “La existencia de un derecho de daños laborales y las pautas que lo rigen”, LL 2011-D-902; “El derecho de daños laborales a partir del análisis crítico de la jurisprudencia”, LL 2011-E-562, entre otros
[5] Enseñara Bialet Massé que cuando se lucra, aunque haya sido imposible evitar el daño, se responde, porque es el colmo de la inmoralidad que el patrón se enriquezca con el peligro del obrero y no responda del daño que este sufra (El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo, Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1968, cap. XVI)
[6] CSJN, 26/6/67, “Provincia de Santa Fe c. Nicchi, Carlos A.”, Fallos 268:112
[7] CSJN, 6/11/80, “Saguir y Dib, Claudia G. s. autorización”, Fallos, 302:1284
[8] Colmo, Alfredo, De las obligaciones en general, 3º ed., Abeledo Perrot, 1961, p. 87
[9] CSJN, 8/8/89, “García de Storniolo, Noemí F. c. Est. Nac. (Estado Mayor General del Ejército Argentino)”, disidencia de los doctores Fayt y Bacqué, Fallos 312:1283; ídem, 4/11/03, “Empresa Geosur S.A. Rawson s. competencia”, Fallos 326:4530; ídem, 28/9/04, “Lacour, Rosana M. y Vélez Vázquez, Marcelo s. infracción al art. 189 bis del Código Penal”, Fallos 327:3984
[10] Entre muchos otros: CSJN, 3/5/07, “Madorrán, Marta C. c. Administración Nacional de Aduanas”, Fallos 330:1989; ídem, 26/2/08, “Medina, Orlando R. y otro c. Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro”, Fallos 331:250
[11] Curutchet, Eduardo E., Informe sobre la reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo presentado en el Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, octubre de 2012
[12] Diccionario de la Lengua Española, 22º ed., Real Academia Española
[13] Declaración del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados referente al proyecto de reforma de la ley 24.557, del 1º de octubre de 2012
[14] SCBA, 1/4/04, “Vázquez, Lázaro D. c. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.”, Juba, L. 80.179
[15] CSJN, 6/7/82, “Carrizo, Domingo y otros c. Administración General de Puertos”, Fallos 304:972
[16] Fernández Gianotti, Enrique, Vulneración constitucional por el carácter excluyente de las acciones indemnizatorias del daño infortunístico (art. 16, ley 24.028), en La responsabilidad. Homenaje al profesor doctor Isidoro H. Goldenberg, Atilio A. Alterini – Roberto M. López Cabana (dirs.), Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 833
[17] conf. Curutchet, Eduardo E., Inviabilidad de la opción excluyente en el contexto normativo y jurisprudencial actual, ponencia en el V Encuentro Quilmeño y III Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Colegio de Abogados de Quilmes, mayo de 2012
[18] CSJN, 14/9/04, “Vizzoti, Carlos A. c. AMSA”, Fallos, 327:3677
[19] Elizondo, Jorge L., Riesgos del trabajo. Luces y sombras de un proyecto, DT, octubre 2012, año LXXII, nº 10, p. 2758
[20] conf. Etala, Carlos, Contrato de trabajo, 6º ed., Astrea, Buenos Aires, 2008, t. 2, p. 166
[21] CSJN, 21/9/04, “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.”, Fallos 327:3753; ídem, 14/6/05, “Cura, Hugo O. c. Frigorífico Riosma S.A.”, C.1936.XL, en www.csjn.gov.ar
[22] CSJN, 12/6/07, “Cachambí, Santos c. Ingenio Río Grande S.A.”, LL, 2007-E-154
[23] CSJN, 12/6/07, “Llosco, Raúl c. Irmi S.A. y otra”, LL, 2007-F-253
[24] Estado actual del sistema de relaciones laborales en la Argentina, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008, que aborda la temática de los riesgos del trabajo a partir de su pág. 218
[25] Rodríguez Mancini, Jorge, Sobre el proyecto de modificación a la ley de riesgos del trabajo, DT, octubre 2012, año LXXII, nº 10, p. 2745
[26] véase Formaro, Juan J., Juicio por accidentes y enfermedades del trabajo, 2º ed., Hammurabi, t. 1, cap. XII
[27] tal como también sostiene Schick, Horacio, Reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo. Análisis del proyecto del PEN con media sanción del Senado y del Decreto 1720/12, MJ-DOC-6013-AR
[28] Cornaglia, Ricardo J., Derecho de daños laborales, Némesis, Buenos Aires, 1992, ps. 22 y 23, quien agrega que su implementación no fue casual. Su sentido protectorio, lejos de corresponder a un privilegio, es la racional respuesta a un orden social desequilibrado donde los débiles cada vez resultan más débiles y desarmados ante el tremendo fortalecimiento de los poderosos. Consiste en una herramienta social para hacer frente a una injusticia social. Su fuerza expansiva corresponde a un sentido ético de la vida que sólo encaja en los Estados sociales de derecho
[29] Masnatta, Hector, Los hechos nuevos en la ley 5178 de la Provincia de Buenos Aires, JA, 1948-I-543, con cita de Couture y Octavio Trigo
[30] Fernández Madrid, Juan C., Tratado práctico de derecho del trabajo, La Ley, Buenos Aires, 1989, t. I, p. 163
[31] Cornaglia, Ricardo J., Derecho de daños laborales, Némesis, Buenos Aires, 1992, p. 18
[32] CSJN, 26/10/04, “Bustos, Alberto R. y otros c. Estado Nacional y otros”, voto de la doctora Highton, Fallos 327:4495
[33] CSJN, 17/8/10, “Lucca de Hoz, Mirta L. c. Taddei, Eduardo y otro", Fallos 333:1433
[34] Cornaglia, Ricardo J., La vigencia plena del derecho de daños laborales. Un fallo de la Corte que pone de manifiesto la innecesariedad de la acción civil a mérito de la acción laboral, LL on line
[35] CSJN, 19/8/99, “Verrocchi, Ezio D. c. Poder Ejecutivo Nacional - Administración Nacional de Aduanas”, disidencia de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y López, Fallos 322:1726
[36] La equidad es la expresión de lo justo natural en relación con el caso concreto. Es decir, la equidad es lo justo, pero no lo justo legal tal y como se desprendería de las palabras de la ley, sino lo auténticamente justo respecto del caso particular (Recaséns Siches, Luis, comentario a la voz “Equidad”, en Enciclopedia Jurídica Omeba, t. X, p. 429).
PUENTES DONDE HAY MUROS.
eltam88
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Re: Demanda accidente, acc. civil.

Notapor ROBLEDO94 » Jue, 11 Abr 2013, 17:44

Gracias eltam88 por el aporte a esta colega, es muy valioso y me va a servir para concretar la demanda.
ROBLEDO94
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Re: Demanda accidente, acc. civil.

Notapor EvitaG » Mié, 20 Nov 2013, 17:44

Tengo una consulta para hacerles estimados foristas:
resulta que viene a verme un cliente que sufrio que en 2008 tras la manifestación de una enfermedad profesional y al día siguiente lo despidieron.
Un abogado que tomó el caso por ese entonces inció acción civil por reparación integral contra el empleador y la misma fue desestimada recientemente en 2da instancia. Ya no hay posibilidades de recurrir porque venció el plazo.
Mi pregunta es: puede iniciarse una nueva acción?
Entiendo que durante el tiempo del proceso no corrió el plazo de prescripción pero tengo dudas sobre si es posible volver a accionar.
Alguien me podría orientar?
Gracias
EvitaG
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