FALLO LAPLAGNE

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Notapor andredoc » Mar, 14 Oct 2008, 21:33

HOLA A TODOS LOS COLEGAS NECESITARIA SI ALGUIEN ME PUEDE ENVIAR AL MAIL O PUBLICAR EN EL FORO ESTE FALLO PUES TENGO DOS CLIENTAS QUE NO SE PUEDEN PENSIONAL POR LA REGULARIDAD DE LOS APORTES DE SUS DIFUNTOS ESPOSOS. MUCHAS GRACIAS.- MI MAIL ES PARA DATOS DE CONTACTO, UTILIZAR "PERFIL" O "MP".com.ar
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Re: FALLO LAPLAGNE

Notapor afscotto » Mié, 15 Oct 2008, 08:28

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EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:

Contra la sentencia del juzgado federal nro. 9 del fuero que rechazó la demanda interpuesta, la actora dedujo recurso de apelación.

De las constancias de la causa se desprende que la actora solicitó beneficio de pensión, en virtud del fallecimiento de su cónyuge acaecido el 24 de abril de 2.001. En organismo administrativo rechazó su pretensión, en virtud de no encontrarse reunidos la totalidad de los requisitos exigidos.

Contra ello planteó demanda de conocimiento y dedujo la inconstitucionalidad del decreto reglamentario del art. 95 de la ley 460/99 , propuesta que no tuvo acogida favorable.

En su expresión de agravios, reitera nuevamente la inconstitucionalidad del mentado cuerpo normativo, y alega que no puede encuadrarse dentro de la categoría de aportante irregular sin derecho a quien reúne 26 años y seis meses de servicios con aportes y que no pudo reinsertarse en el mercado laboral como consecuencia de su edad -48 años al cese- y desempleo generalizado.

Encontrándose el causante fuera de los supuestos contemplados por el 460/99, que caracteriza como aportante irregular con derecho al afiliado que hubiera aportado durante dieciocho meses dentro de los últimos treinta y seis meses anteriores a la fecha del fallecimiento o bien como en el caso de autos a quien acredite mas del 50% de los aportes exigidos y reúna doce meses dentro de los últimos sesenta, cabe desestimar la queja, en tanto resulta insuficiente al fin pretendido la sola invocación de la imposibilidad de reingreso al sistema por razones de “desempleo generalizado”, máxime que tampoco se afilio al régimen de autónomos cuando en rigor de verdad afirma que el de cujus continuó realizando trabajos; ni tampoco se acredito que tuviera algún padecimiento que le impidiera realizar actividades laborales.

En razón de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público, se propicia: declarar formalmente admisible el recurso deducido, disponer su rechazo y confirmar el decisorio atacado en lo que decide y fue materia de agravios. Costas por su orden en la Alzada (art. 21 de la ley 24.463) .

EL DOCTOR NÉSTOR A. FASCIOLO DIJO:

I. De las constancias de autos y de los administrativos que corren por cuerda se desprende que el causante, nacido el 7.5.43 y fallecido el 24.4.01, acreditó mediante las pertinentes certificaciones haber prestado servicios dependientes del 2.8.62 al 31.5.84 y del 12.6.89 al 31.10.91 por lo que le fueron reconocidos 24 años 2 meses y 18 días de servicios con aportes según planilla de computo de fs. 31 del trámite ante ANSes., no obstante lo cual, el organismo rechazó el reclamo de pensión formulado por su viuda por aplicación del art. 95 de la ley 24241 y el dto. 460/99, mediante resolución del 25.10.02.

A fin de impugnar lo decidido con arreglo al art. 15 de al ley 24463 la parte actora promovió demanda, que tramitó por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social nro. 9, cuyo titular, por sentencia de fs. 40/42 rechazó la acción, impuso costas por su orden y reguló honorarios a la dirección letrada de la parte actora en la suma de $500.

Contra lo así resuelto se dirige el recurso de la parte actora de fs. 45, que fue concedido a fs. 46 y sustentado a fs. 50/53, por el que se agravia de lo decidido en cuanto al fondo del asunto.

II.En primer lugar cabe precisar que en virtud de lo dispuesto por el art. 3 del dto. 460/99, sus previsiones resultan aplicables al sub examine pues rigen con efecto retroactivo a partir del 15.7.94. (Cfr. sentencia nro. 101860 del 13.5.04 in re 32970/97 “Coluccio Lidia Mirta c/ANSeS s/pensiones”).

Ello así, considero que la reglamentación de la condición de aportante irregular con derecho establecida por el mentado decreto resulta irrazonable e inconstitucional para este caso, por cuanto deja fuera de esa condición al causante, que al cese producido el 31.3.91 acreditó 24 años 2 meses y 18 días de servicios con aportes, impidiéndole a su viuda -por ello- acceder a la pensión reclamada.

En este orden observo que los años de servicios con aportes computados, se aproximan a los 26 años de servicios con aportes que, como mínimo, eran exigibles en el año de su deceso (2001) según se desprende del art. 38 de al ley 24241 para ser catalogado como aportante regular a la luz del punto 1° art. 1° del Dto. 460/99.

Además, los años de servicios con aportes acreditados en autos superan holgadamente la mitad de los exigidos por la legislación vigente -al acaecimiento de la contingencia- para acceder a la jubilación ordinaria, tal como prevé el punto 3° del art. 1° del citado decreto. Empero, el incumplimiento de la condición adicional impuesta por esa cláusula (12 meses de aportes dentro de los 60 anteriores a su fallecimiento), conduce a calificar al afiliado como aportante irregular “sin derecho” alguno.

Esta situación contrasta con el trato dispensado por el punto 5 del artículo (1°) en tratamiento, pues un trabajador con menos de 36 meses de afiliación y de servicios con aportes podría acceder a la condición de aportante regular.

En estas condiciones, denegar la pretensión de la actora convertiría a las cotizaciones realizadas con motivo del desempeño laboral de más de dos décadas en un impuesto al trabajo sin contraprestación alguna por el estado, con total desprecio de su deber de otorgar los “beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable” (art. 14 nuevo de la C.N.) .

Por lo que vengo de exponer y sin perjuicio de reconocer que el dto. 460/99 ha venido a dar solución a diversas situaciones de injusticia a las que conducían los anteriores dtos. reglamentarios del art. 95 de la ley 24241 que le precedieron (trátase de los dtos. 1120/94 y 136/97), lo cierto es que en esta causa su aplicación ha de ser descalificada a fin de evitar la flagrante violación de elementales derechos constitucionales amparados en los arts. 14 nuevo tercera parte, 16 y 17 , y en resguardo del enunciado preliminar de promover el bienestar general, como última ratio del orden jurídico a la debe recurrir el Tribunal, (cfr. Fallos 260:153; 286:76; 294:383; 295:455 y 850; 299:393; 300:1087; 301:962; 302:457, 484 y 1049, entre otros).

Con el alcance aludido, se repite en autos la situación suscitada en casos análogos, resueltos por sentencias nros. 70486 y 72284, del 25.3.98 y 30.9.98, recaídas en autos 7907/96 “Rímoli Hebe Gladys c/ANSeS s/pensiones”, publicada en Revista Jubilaciones y Pensiones, 1998, Nro. 43, pág. 156 y siguientes, y 9786/98 en la causa “Medina Juana Vilma c/ANSeS s/pensiones”, por las que esta Cámara declaró la inconstitucionalidad del dto. 1120/94, la primera de las cuales fue atacada por recurso ordinario que el Alto Tribunal desestimó mediante fallo del 30.6.99.

Por lo expuesto, propicio dejar sin efecto la sentencia apelada y la resolución atacada, reconociendo el derecho de la parte actora a la pensión pretendida a partir del fallecimiento del causante.

A la retroactividad acumulada, deberá aplicarse la tasa de interés prevista por el art. 10 del dto. 941/91, de conformidad con la doctrina reiterada del Alto Tribunal a partir del pronunciamiento recaído el 14.9.93 en el caso "Varani de Arizzi, Bonafine", oportunidad en que se revocó lo decidido por esta Sala por Sentencia nro. 26115 del 16.6.92, con fundamento que aún hoy sostengo, Ahora bien, visto que el criterio marcado por la jurisprudencia del superior conserva aún vigencia, (ver entre otros sent. del 21.5.02 in re A.376.XXXV.R.O. “Aguilar, Froilán contra Anses s/ Reajustes por Movilidad”), deberá continuar aplicándose la misma tasa aún para las acreencias devengadas con posterioridad al 1.1.02.

Concédese a la demandada 90 días a partir de quedar firme el pronunciamiento para el cumplimiento de la condena.

Por lo expuesto, oído lo opinado por el Ministerio Público, propongo: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido por la actora; 2) hacer lugar al mismo y, por ello, dejar sin efecto la sentencia atacada, declarar para este caso la inconstitucionalidad del dto. 460/99 y reconocer el derecho de la demandante a la pensión pretendida en base a los fundamentos y con los alcances indicados en los considerandos; 3) imponer las costas de alzada por su orden (arts. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de la ley 24463). Naf.

EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz de la apelación deducida por doña Marta Ester Laplagne, a fs.45, contra la sentencia de fs. 40/42, en virtud de la cual no se hace lugar a la demanda iniciada por la citada contra la ANSES, tendiente a obtener pensión derivada del fallecimiento de don Ricardo Domingo Ayerdi, en razón de no reunir éste el requisito de aportante irregular.

Estimo que el pronunciamiento cuestionado se ajusta a derecho y a las constancias de la causa. La ANSES sostiene que el causante no acreditaba derecho a beneficio alguno al no alcanzar la calidad de aportante regular o irregular con derecho, en las condiciones previstas por el art. 95 de la Ley 24.241 y por su reglamentación, contenida en el Decreto 1120/94 . Ahora bien, el Decreto 136/97 flexibilizó los recaudos exigidos por dicha reglamentación y modificó esos requisitos por considerar “que en la práctica la aplicación de los recaudos establecidos podría generar situaciones no queridas y ajenas a la finalidad y espítitu de la normativa legal, limitando o suprimiendo el acceso a las prestaciones de la seguridad social”; agregando “que ello sería evidente en casos de circunstancias sobrevinientes y ajenas a la voluntad del afiliado, que pudieran afectar el empleo durante el curso del último año anterior a la fecha en que se invalide o fallezca”.

Posteriormente, el Decreto 460/99 introdujo una nueva reforma, considerando aportante irregular con derecho a la percepción del retiro transitorio por invalidez al afiliado en relación de dependencia al que se le hubieran efectuado las retenciones previsionales correspondientes durante 18 meses como mínimo dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación o, en caso de pensión, a la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad. Tratándose de un trabajador autónomo, el mencionado decreto asigna derecho a la percepción del retiro por invalidez al afiliado que hubiera aportado durante los períodos arriba indicados.

Estas sucesivas reformas pretendieron hacerse cargo de las consecuencias disvaliosas que la aplicación del principio entrañaba, sin lograr -en mi opinión- el resultado buscado. Estimo que el juzgador ha de evaluar estos casos con extrema prudencia, habida cuenta de la naturaleza del beneficio que nos ocupa, de la incapacidad que aqueja al peticionante y de la acentuada crisis laboral que sufre nuestra sociedad, dentro de la cual un porcentaje enorme de sus integrantes no logra acceder a un trabajo remunerado que asegure su sustento. Esta situación es mucha más crítica cuando nos hallamos ante personas que exhiben una capacidad laboral disminuida. Ante ello, considero que quien aportó al sistema previsional en forma prolongada y que durante la última fase de su vida activa no pudo efectuar con regularidad sus aportes a raíz de una incapacidad que lo inhabilitaba laboralmente exhibe una situación que no puede ser soslayada por el juzgador, el cual, en casos como el que nos ocupa, ha de declarar la inconstitucionalidad del art. 95 de la Ley 24.241 y de las reglamentaciones contenidas en los Decretos 1120/94, 136/97 y 460/99 haciendo lugar a la prestación solicitada.

V2

Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, y oído el Ministerio Público, el Tribunal RESUELVE: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido por la actora; 2) hacer lugar al mismo y, por ello, dejar sin efecto la sentencia atacada, declarar para este caso la inconstitucionalidad del dto. 460/99 y reconocer el derecho de la demandante a la pensión pretendida en base a los fundamentos y con los alcances indicados en los considerandos; 3) imponer las costas de alzada por su orden (arts. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de la ley 24463). Naf.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente remítase.

JUAN C. POCLAVA LAFUENTE MARTIN LACLAU NESTOR A. FASCIOLO

JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA



ANTE MI:

NICOLAS RIZZI JOSE M. GIAMMICHELLI

PROSECRETARIO DE CAMARA SECRETARIO DE CAMARA
Actividad Legal : area civil laboral comercial y previsional Area contable: impuestos
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Re: FALLO LAPLAGNE

Notapor andredoc » Mié, 15 Oct 2008, 15:31

UN MILLON DE GRACIAS NO LO CONSEGUIA POR NINGUN LADO . SERA CUESTION DE ESTUDIAR UN POCO ESTOS CASOS EXCEPCIONALES.-
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