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Notapor LeoRodini » Mar, 21 Ago 2012, 17:41

Hola gente, un gusto estar acá. Me presento, me llamo Leonardo, resido en la ciudad de Rosario y estoy cursando la carrera.

See me presentaron un par de dudas, respecto a un fallo. Resumiendo brevemente consta de un secuestro de un camión de parte del Banco de la provincia de Sta Fe a un particular en razón de una prenda que ya a caducado. El mismo inicia una demanda reclamando indemnización por lucro cesante, daño emergente y perdida del valor venal del automotor.


Las preguntas son dos y son las siguientes, espero me puedan orientar.

- ¿Estima que la sentencia hubiere sido distinta si no hubiere mediado embargo del crédito a cuyo pago fue condenado el demandado? Fundamente.

- Supuesto hipotético: De no haber mediado embargo alguno, ¿podría el Sr. Celiz oponer a la Provincia la compensación del monto reconocido en el juicio precitado a su favor con otra deuda que tiene con ésta?. Fundamente.

A continuación el fallo.

Sumarios:

1. El acreedor prendario es responsable por los daños y perjuicios ocasionados al actor con motivo del secuestro del automotor prendado, dado que el secuestro se realizó cuando la inscripción de la prenda había vencido, pues la caducidad de la inscripción en el registro correspondiente extiende sus efectos tanto a los terceros como a las partes contratantes en razón de que el artículo 23 del decreto-ley 15.348/46 ratificado por ley 12.962 (Adla, LV-E, 5996 - Adla, VII-229) no hace distinción alguna entre las partes y aquellos, declarando la caducidad por el mero transcurso del tiempo. (del voto del doctor Genesio)

2. La entidad financiera acreedora prendaria es responsable por los daños derivados a la actora, en razón del secuestro de su camión como ejercicio de una medida cautelar dictada en el marco de una ejecución prendaria, dado que su conducta devino antijurídica al materializarse el secuestro cuando la inscripción de la prenda había caducado por su omisión culposa de no reinscribirla (del voto del doctor Saux)

3. Corresponde hacer lugar a la indemnización por lucro cesante requerida por quien fuera privado del uso de un vehículo de su propiedad con motivo de su secuestro por parte del acreedor prendario cuando la prenda había fenecido, pues su temporal privación acarrea, per se, la consecuencia de un perjuicio resarcible, aún en el supuesto de que aquel derecho no se haya ejercido con anterioridad a su privación (del voto del doctor Genesio)



Texto Completo: 2ª Instancia. — Santa Fe, marzo 8 de 2006.



1ª ¿Es nula la resolución recurrida? 2ª ¿Es ella justa? 3ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictarse?



1ª cuestión.— El doctor Genesio dijo:



El recurso de nulidad que la actora interpusiera y que el a quo franqueara, no ha sido debidamente sostenido en este grado jurisdiccional.



Ello unido a que no se advierte en la sentencia alzada ni en el procedimiento que le ha precedido vicio alguno que permita decidir su invalidez de oficio, hace que a esta cuestión vote por la negativa.



Los doctores Saux y Cordini expresaron, a su vez, iguales razones en parecidos términos y votaron, por lo tanto, negativamente.



1ª cuestión.— El doctor Genesio dijo:



En esta causa Mario Oscar Celiz y Daniel Alejandro Celiz vinieron a demandar al Banco de Santa Fe SAPEM por los daños y perjuicios que le causó el secuestro de un camión —el 14/4/1998— en el marco de una ejecución prendaria con base a un contrato que había caducado el día 19/10/1997, viéndose forzados a prescindir de la utilización de la unidad en el transporte de mercaderías, que era su medio de vida, con gran detrimento patrimonial. Reclaman por daño emergente y lucro cesante, así como por pérdida del valor venal del automotor.



Sustanciada que fue la causa el judicante se pronuncia mediante sentencia de fecha 16/5/2005 (fs. 147/149) por la que rechaza la demanda cargando las costas a los actores perdidosos. Para arribar a ese resultado el A quo tuvo en cuenta que no se abonó la deuda, como lo reconoció el propio Daniel Celiz y que si la deuda no está cancelada, la actitud del Banco resulta entendible "porque una cosa es renunciar a la situación de privilegio (...) y otra a la deuda", como lo apunta el juzgador quien también destaca que ni los testigos ni las facturas colectadas en las medidas de aseguramiento de pruebas identifican a la unidad como relacionada con la demanda. Asigna la resolución particular importancia a que el secuestro se concretó el 14/4/1998 mientras que la petición de devolución fue efectuada recién el 5/6/2000. En cuanto a los rubros reclamados las conclusiones del fallo fueron las siguientes: a) lucro cesante: nada se sabe respecto de la actividad de los actores a partir del secuestro del camión; b) daño emergente: no se configuró porque se reintegró el camión en el mismo estado en que fue secuestrado; c) pérdida de valor venal: no se comprobó.



Impugnada esa sentencia por la actora, ésta vino a expresar sus agravios de apelación los que justificó en lo siguiente: a) se encuentra probado que seis meses antes del secuestro del camión había caducado la prenda inscripta el 19/10/1992, privándose a esa parte del uso de la unidad por un período mayor de dos años; b) Caducada la prenda con registro, no es lícito el secuestro de la unidad a tenor del art. 39 de la LPR aclarándose que el Banco nunca inició proceso de ejecución prendaria o contradictorio donde la recurrente pudiese hacer valer defensa u oponer excepciones; c) existe culpa en el agente que, haciendo uso de un mandamiento caduco y por ende nulo, secuestra el automotor referido en autos; d) ese accionar produjo un daño resarcible, suficientemente probado en estos autos no sólo como lucro cesante y como daño emergente sino también por la depreciación sufrida por el camión; e) la relación de causalidad entre el acto cumplido por el Agente, el Banco demandado y el daño causado; f) en autos está debidamente probada la actividad comercial ejercida por los demandantes, la utilización del camión identificado y el pago de la deuda, no siendo éste último un tema de discusión en esta causa ni tratarse este proceso de una ejecución prendaria de las normadas por el art. 26 de la LPR. En su síntesis (ver fs. 174 vto.) apunta el recurrente que se trata éste de un típico caso de responsabilidad por daños originados por la comisión de un hecho ilícito, indubitablemente probado, que es el haber realizado un secuestro sin derecho, utilizando un mandamiento devenido nulo por haberse operado la caducidad de la prenda que lo originó.



Iterándolo, el andamiaje que la recurrente dio a sus agravios parte del aserto de que la demandada debe responder por los daños causados por el secuestro del camión en ejercicio de un derecho que la ley confiere al acreedor prendario que reúna los requisitos listados en el art. 39 LPR y del que la accionante no disponía por haberse operado antes la caducidad del contrato prendario.



Como es sabido, la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares. La consecuencia será la pérdida o extinción del derecho o potestad no ejercida. Es a todas luces evidente que, por operar de pleno derecho, el secuestro del camión tuvo lugar cuando se había extinguido la potestad que para ello le confería el régimen prendario.



Esta Sala tiene dicho que la caducidad de la inscripción de la prenda en el registro correspondiente extiende sus efectos tanto a los terceros como a las partes contratantes pues el art. 23 del decreto-ley 15.348/46 ratificado por ley 12.962 no hace distinción alguna entre las partes y aquellos y lisa y llanamente declara la caducidad de la prenda por el solo transcurso del plazo legal (in re: "Sifa SA c. Ramírez" del 19/4/2001, publicado en la LL Litoral, 2002-1287; ver también José Luis Amadeo, "Ley de Prenda con Registro", Ed. Leonardo Buschi SRL. Buenos Aires, 1983, p. 82; Roberto A. Muguillo, "Régimen General de la Prenda con Registro" Ed. Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 115; Gómez Leo-Coleman, "Nueva Ley de prenda con registro", Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 84, etc.).



Es decir que conforme con ello no se advierten en principio reparos para la procedencia de la acción resarcitoria y el acogimiento de los daños en tanto éstos se hallen probados. Es que para que exista responsabilidad civil no sólo es necesario acreditar la relación de causalidad entre la falta imputada y el daño, correspondiendo a la parte actora demostrar que el proceder de la accionada ha constituido una condición "sine que non" del daño, sino que además, debe ser cierto, ya que, de lo contrario, tendría lugar un enriquecimiento sin causa a expensas del responsable. Lo dicho es determinante para la suerte de la causa porque habré de recordar que el a quo desestimó el reclamo por daño emergente, lucro cesante y depreciación del vehículo por falta de pruebas.



En cuanto al primero de esos rubros —daño emergente— la recurrente dice haberse probado que debieron efectuarse reparaciones necesarias en el camión luego de más de dos años de abandono del mismo en un galpón, sin efectuarle ninguna clase de mantenimiento. A juzgar por la documental arrimada, se trata de un antiguo camión modelo 1984 (ver fs. 3) al que, en efecto, se la habrían efectuado reparaciones generales a tenor de lo listado en el presupuesto agregado a fs. 52 —reconocido a fs. 94— sin que se haya acreditado la real incidencia que en la producción de los daños pudo haber tenido la inmovilización del rodado. Puede empero admitirse, por ser un valor entendido en el medio automovilístico que por tratarse el camión de un bien activo su inmovilización algún efecto negativo le acarreó aunque no en la magnitud pretendida. Parece razonable asignar para el concepto el 25 % de lo presupuestado por reparaciones mecánicas, es decir que se admite la demanda en ese rubro por la suma de $ 5875.



Ya en la consideración del lucro cesante, esta Sala tiene dicho que el derecho de uso de bien cualquiera tiene, en principio, un indiscutible valor económico. Su temporal privación acarrea, per se, la consecuencia de un perjuicio resarcible, aún en el supuesto de que aquel derecho no se haya ejercido con anterioridad a su privación. Basta que el uso o utilización sea factible, sin que interese en qué grado, circunstancia ésta que sólo servirá de guía para establecer el quantum indemnizatorio (in re: "Corazza de Escher c. Municipalidad de Santa Fe", del 20/3/1997, publicado en Zeus, t. 78, p. R-31 y en la LL Litoral, 1997-999). Ello entendido y a partir de inferirse no suficientemente probado que el camión haya sido el único medio de transporte disponible por la actora —alguna testimonial refiere a "camiones"— y siendo que tampoco resulta de la pericia obrante a fs. 97/101 cómo afectó en el flujo de ingresos la indisponibilidad del camión —sí consta la "ganancia bruta mensual" de los actores antes del encuentro: $ 3750 por la explotación del corralón (pericia, fs. 100, respuesta a pregunta '1')— luce razonable en mi opinión fijar un canon mensual resarcitorio de $ 400 es decir que corresponde asignar para todo el período por el concepto analizado la suma de $ 10.400.



Por fin y en lo que refiere a la depreciación de la unidad debe advertirse que se trataba de una unidad con no menos de catorce años de rodamiento al momento del secuestro con lo que no se advierte que por el transcurso del tiempo pudo haber sufrido una pérdida considerable en su valor venal. Nada prueba en mi opinión y en favor de la pretensión analizada los informes glosados a fs. 73 y 76 que sólo aluden a la cotización al día de la unidad.



En consecuencia corresponde acoger parcialmente la demanda por la suma de $ 16.275 con más sus intereses a tasa pasiva desde la fecha del hecho y hasta la del efectivo pago, sin capitalizaciones. Las costas en el orden causado atento al resultado obtenido. Así lo voto.



El doctor Saux dijo:



Entiendo que el caso —cuyos contorno fácticos reseña con claridad el voto precedente, y por tanto obvio reiterarlos— presenta algunos matices originales, que inusualmente hacen que, a diferencia de lo que vemos con frecuencia, no medie entre las partes prácticamente disenso en orden a la secuencia de esos hechos (ambas admiten la existencia de una deuda garantizada con un contrato de prenda sobre un camión de propiedad de los aquí actores, deudores en dicha relación negocial, que dicha prenda fue inscripta registralmente en octubre de 1992, que la misma fue endosada por el acreedor prendario originario —tercero en este juicio— en el año 1996 en favor del Banco aquí demandado, que en ese mismo año se promueve la ejecución prendaria y que en abril del mismo se solicita el secuestro del vehículo en los términos del art. 39 del dec.-ley 15.348/46 —ley 12.962—, librándose el respectivo mandamiento de 9 de mayo de 1996, pero efectivizándose el mismo recién casi dos años después, el 14 de abril de 1998, cuando la inscripción registral de la prenda había caducado seis meses antes conforme el plazo quinquenal normado en la ley aplicable, sin que fuera solicitada en el ínterin su reinscripción, y que en virtud de aquel vencimiento de la inscripción de la prenda en junio de 2000 los aquí actores solicitaron y obtuvieron del juez de la causa el reintegro de la unidad, la cual estuvo dos años depositada en la sede del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Jorge), en tanto sí hay esenciales divergencias en orden a las consecuencias jurídicas que ambos asignan a tal contexto fáctico.



Los actores postulan que dicho secuestro, operado cuando ya la inscripción de la prenda había vencido, implica un acto formalmente ilícito conformado por la antijuridicidad que dimana de la falta de derecho del acreedor prendario para echar mano a la mecánica del secuestro prevista por el art. 39 de la ley de prenda, por el factor de atribución subjetivo culposo que conlleva así haberlo hecho, dejando pasar dos años entre el momento en que se pidió la incautación del bien y aquel en el cual se efectivizó materialmente, y por el daño que tal privación del uso y deterioros habidos en el camión se generaron por los otros dos años que mediaron entre el secuestro y el momento en el cual se pidiera y obtuviera el cose de dicha medida.



La parte demandada niega tales aseveraciones de la demanda —el escrito de la contestación de fojas 41/42 es singularmente escueto— manifestando que la responsabilidad por los hipotéticos daños —que declara inexistentes— es sólo imputable a la desidia del propio actor, quien dejó pasar nada menos que dos años desde que camión fue secuestrado hasta que solicitó su reintegro, con lo cual mal pueden imputársele a sus parte las consecuencias pretensamente lesiva de tal privación.



El juzgador de anterior instancia en un pronunciamiento que entremezcla los fundamentos para estimar no juzgada la entidad de los daños con los que tienen que ver puntualmente con la existencia o no de ilicitud generadora del débito recarcitorio, declara respecto de este último aspecto del "una cosa es renunciar a la situación de privilegio" (relación con la prioridad de cobro y la perspectiva de la ejecución extrajudicial que le confiere el art. 39 de la LP luego del secuestro), y otra a la deuda (la cual juzga impaga, o al menos no documentada como cancelada), señalando que también tuvo incidencia causal en los supuestos perjuicios invocados en la demanda la falta de reclamo alguno de los accionantes luego de que fueran privados —según ellos, sin derecho— del uso de su utilitario. Adscribe su criterio al de doctrina judicial —que cita— conforme al cual la caducidad de la inscripción del contrato de prenda "...sólo juega para terceros, subsistiendo entre las partes la obligación y la garantía prendaria". Ello, sumado a la ausencia de medios de prueba contundentes en orden a la efectiva materialización de los rubros resarcitorios invocados en el escrito introductivo de la instancia, lo llevan al rechazo de la demanda, con costas, lo que determina la articulación de los recursos de nulidad y apelación por parte de los actores.



Al tiempo de expresar sus agravios (fojas 166/175) los accionantes reiteran en gran medida los fundamentos desarrollados en la demanda, tanto en orden a la efectiva perpetración de un acto ilícito por parte de quienes secuestraran su camión no obstante haber caducado la inscripción de la prenda en el ínterin entre que pidieran la medida y la efectivizaran, como respecto de la real existencia de los daños por los cuales reclaman (privación de uso, desvalorización de la unidad y costo de su puesta en funcionamiento correcto, todo lo cual suma, según el escrito de fojas 4 y ss., nada menos que casi $ 400.000.- más sus intereses.



El Banco demandado argumenta al contestar los agravios que la instrumentación del secuestro cuando ya había vencido el plazo de inscripción de la prenda no configura en sí un acto ilícito ni tampoco abusivo, ya que la caducidad de esa inscripción del derecho real de garantía lo que afecta es el privilegio de cobro que la ley asigna al acreedor, pero no conmueve la existencia en sí ni de la deuda —negocio principal— ni del contrato accesorio de prenda que garantiza su cumplimiento, con lo cual estando vigente la prenda conservaba al actor el derecho a perseguir judicialmente el cobro de su acreencia, y con ello obtener la cautelar de marras. Colige de ello que estando subsistente la deuda —la que expresa que no fue cancelada— y la prenda —válida entre las partes, aunque perdiera eficacia ante terceros por la caducidad de la inscripción registral—, tenía y mantiene su derecho a pedir y obtener el secuestro, con lo cual mal puede endilgársele ilicitud alguna.



Frente a este panorama, estimo —tal como lo hace el Vocal preopinante— que cabe diferenciar lo atañente a la efectiva existencia de ilicitud civil generadora de un débito resarcitorio por los daños causados —en lo que entrará en juego la valoración de la conducta esencialmente del Banco, pero también de los propios pretensores—, de un segundo estadio de análisis, conforme al cual si del primero sugiera una respuesta afirmativa, correspondería evaluar cuáles han sido los perjuicios efectivamente sufridos conforme a las pruebas de autos.



El orden a lo primero, coincido con el criterio expuesto en el voto que me precede, en el sentido de que la eventual argumentación de que la caducidad de la prenda afecta sólo a la relación externa con los terceros pero no incide en la que vincula a las partes relacionadas con la deuda garantizada con el derecho real de prenda ha sido desestimada por algún precedente afín emanado de esta misma Sala (caso "SIFA SA c/ Ramírez", publicado en LL Litoral 2002-1287 con nota de Nelson Cossari), así como por las otras calificadas opiniones a las que pasa revista el doctor Genesio. Mas allá de la existencia de criterios dispares en doctrina autoral y judicial sobre la cuestión (el propio comentarista del fallo premencionado de esta sala pareciera enrolarse en el punto de vista divergente), no se advierten razones para modificar lo que allá sostuvimos, a cuyos extensos fundamentos me remito en honor a la brevedad, pero poniendo el acento singularmente en aquel que estima que el texto del art. 39 de la LP es claro al no diferenciar ambos estamentos de receptores de las secuelas de esa caducidad de la inscripción, así como que esa norma al autorizar el secuestro por el acreedor prendario no se limita a conferirle un simple privilegio de cobro ante la eventual ejecución judicial del bien, sino que incluso va mas allá y preordena dicha mecánica en previsión de la ejecución extrajudicial por el propio acreedor, como lo hacen en materia de garantía hipotecaria normas todavía vigentes que resguardan de manera enfática los créditos de los Bancos oficiales en operatorias sobre dicho rango de préstamos.



Digo con ello entonces que el secuestro materializado cuando tal inscripción había caducado no puede equiparse —como parecería sugerirlo la apelada— a una cautelar requerida en un proceso común o aún ejecutivo, toda vez que lo que la ley autorizaba a hacer al acreedor era no sólo cautelar el bien prendario, sino pedir su secuestro, y hacerlo en miras a obtener su ejecución extrajudicial para cobrarse su acreencia de su producido. Y entonces, si lo hizo cuando tal herramienta legal privilegiada había fenecido a su respecto por la omisión culposa de la reinscripción de la prenda, va de suyo que carecía de derecho para instrumentarlo (prueba fehaciente de lo expuesto es la ulterior procedencia del cese del secuestro y el reintegro del bien a los deudores dispuesta por el mismo juez de la causa ante el pedido de éstos, y consentida por el propio Banco que ningún cuestionamiento ni impugnación hizo al respecto), y de esa antijuridicidad y de la culpa que subyace en los hechos que se relatan se deriva el crédito resarcitorio del actor que el voto preopinante señala como existente, a lo que adhiero.



Ahora bien, no puedo dejar de analizar tampoco la propia conducta asumida en la causa por los accionantes, quienes no obstante argumentar —con razón— que fueron privados de su vehículo por un acreedor que no tenía derecho a hacerlo, dejaron transcurrir prácticamente dos años antes de solicitar el cese del secuestro, coadyuvando con su injuria al incremento de los propios daños por los cuales accionan. Llama poderosamente la atención al respecto que si, como se pretende en la demanda, el viejo camión era tan imprescindible para el giro comercial de los reclamantes, y su ausencia generó una suma que con capital e intereses supera holgadamente en su estimación el medio millón de pesos, hayan tolerado que durante casi veinticuatro meses el vehículo estuviera arrumbado en el Cuartel de Bomberos a partir de una orden judicial solicitada por quienes habían perdido su derecho a efectivizarla (aún cuando lo tuvieran al pedirla y obtenerla).



El viejo adagio romano que reza aquello del "nemo auditur turpitudinem suam allegans" viene a cuento exactamente para el caso.



En su virtud, y en la notoria ausencia de prueba de los cuantiosos rubros que se reclaman como daños efectivamente sufridos —seguramente alentados en su entidad por la carta de pobreza obtenida in limine—, encuentro fundamento para coincidir cuantativamente con lo estimado como justo en el caso como indemnización según el voto precedente, al que entonces adhiero conforme a esta ampliación de fundamentos.



Similar coincidencia predico respecto de la forma en que se dispone la imposición de las costas en ambas instancias. Así voto.



El doctor Cordini expresó, a su vez, iguales razones en términos semejantes a los expuestos por el doctor Genesio y votó, por consiguiente, en igual sentido.



3ª cuestión.— Los doctores Genesio, Saux y Cordini manifestaron, sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde acoger parcialmente el recurso de apelación desestimando el de nulidad y en su consecuencia hacer lugar parcialmente en la demanda por la suma de $ 16.275 con más sus intereses a tasa pasiva que paga el Banco de Nación Argentina para colocaciones a treinta días de plazo, sin capitalizaciones. Las costas de ambas instancias, en el orden causado.



Por los fundamentos del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: Acoger parcialmente el recurso de apelación desestimando el de nulidad y en su consecuencia hacer lugar parcialmente a la demanda por la suma de $ 16.275 con más sus intereses a tasa pasiva que paga el Banco de la Nación Argentina para colocaciones a treinta días de plazo, sin capitalizaciones. Las costas de ambas instancias, en el orden causado. Los honorarios de alzada se liquidarán en la proporción establecida en el art. 19 de la ley 6767, oportunidad en que se correrá vista a la Caja Forense. — Juan C. M. Genesio. — Edgardo I. Saux. — Raúl J. Cordini




Espero ansioso sus respuestas, gracias!


A continuación el fallo.
LeoRodini
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Registrado: Mar, 21 Ago 2012, 17:27

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