Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

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Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

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Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

Notapor Topanga » Jue, 06 May 2010, 21:14

El 20 de abril de 2010 se dictó un fallo donde se resuelve que proceden los intereses sobre los montos depositados judicialmente que estuvieran invertidos a plazo fijo.

Ahora bien, el fallo se remite a los términos del dictamen de la Dra. Gils Carbó (Fiscal) quien manifiesta que así sean invertidos a plazo fijo o a la vista, lo mismo devengan intereses.

Ello da por tierra con la jurisprudencia de las salas comerciales que había determinado que si estaban a la vista, no eran fructíferos y no devengaban intereses.

Alguno me puede dar más precisiones. ???


Es un caso de una quiebra en que se depositó el saldo de precio proveniente de la subasta de un activo de la fallida a fines de diciembre de 2001. Luego vino la feria, y en febrero se pesificó, sin que se hubiera podido invertir a plazo fijo.

El síndico la inconstitucionalidad de las leyes de emergencia respecto de los depositos judiciales lo que fue resuelto por la Corte en 2007 por el caso "Emm c/Tía", pero que nada dijho acerca de la procedencia de los intereses.

Ahora sale este fallo que es calrísmo en cuanto que se aplica a los fondos invertidos con anterioridad a la pesificación, pero en el dictamen dice que es lo mismo que sean depósitos "a la vista" que a "plazo", que lo mismo ambos ingresaron a la capacidad prestable de banco y este debe liquidar intereses.

Les agradezco su opinión.

Desde yt
a muchas gracias
Topanga
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Registrado: Mar, 08 Sep 2009, 15:57

Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

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Re: Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

Notapor juancapa » Jue, 06 May 2010, 22:12

no sabía sobre ese fallo, voy a buscarlo, me vendría bárbaro para un par de exptes...
juancapa
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Re: Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

Notapor Topanga » Vie, 07 May 2010, 16:15

Es Algodonera Lavallol SA.
Topanga
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Mensajes: 11
Registrado: Mar, 08 Sep 2009, 15:57

Re: Fallo de la Corte sobre depósitos judiciales. intereses

Notapor MABENDICENTE » Dom, 09 May 2010, 01:53

Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
1
S u p r e m a C o r t e :
- I -
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto
aquí resulta pertinente, ordenó mantener en dólares estadounidenses,
los fondos depositados en la cuenta abierta en
las presentes actuaciones, que habían sido invertidos en los
años 1998 y 1999 en un plazo fijo a 30 días renovable
automáticamente, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (v.
fs. 2621, 3031, 3411, 3419 y 3426 -nótese error en el foliado-).
Para así decidir, el Máximo Tribunal -remitiéndose
a los fundamentos expuestos en el precedente de Fallos 330:971
("EMM")- sostuvo que, en el supuesto especial de los "depósitos
judiciales", está comprometida tanto la división de poderes
como el derecho de propiedad. En este sentido, afirmó que,
conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional que establece
un área de reserva para los magistrados, son ellos quienes deben
resolver el destino de los bienes litigiosos, sin ingerencia
de los otros poderes, inclusive mediando una declaración de
emergencia.
A su vez, en el pronunciamiento mencionado se dejó
sentado que resultaban aplicables, en forma subsidiaria, las
reglas del depósito irregular, y que, en ese contexto legal,
el banco depositario se transformaba en el dueño del bien
recibido en custodia y soportaba todos los riesgos, aún los
del caso fortuito; no quedando obligado a devolver la misma
cosa, sino su valor, sin ninguna disminución.
Al respecto, la Corte Suprema agregó que "no es
razonable que quien ha disputado un bien en un pleito, se vea
perjudicado por una decisión en la que no participó, por riesgos
que no negoció, compartiendo una pérdida con un banco que no
eligió", siendo, en cambio, "racional que una entidad bancaria,
2
que acepta celebrar con el Poder Judicial un vínculo para la
custodia de bienes sometidos a litigio, conociendo de antemano
los riesgos que asume, deba soportarlos".
- II -
Con fecha 12 de agosto de 2008, la Sala C de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial condenó al Banco de
la Ciudad de Buenos Aires a abonar la suma resultante de aplicar
una tasa del 12% anual, en concepto de intereses
correspondientes al depósito judicial invertido en un plazo
fijo en dólares estadounidenses a 30 días renovable
automáticamente, que de acuerdo a lo decidido por el Máximo
Tribunal en el fallo antes citado, debía mantenerse en la moneda
de origen (fs. 3464/3465, con remisión a los fundamentos
expuestos en un precedente del mismo tribunal en autos "Nuñez,
Juan Carlos c/ Magán Argentina S.A. s/ ejecutivo" del 12/11/07,
fs. 3462/3463).
El a quo sostuvo que los intereses resultan ser una
consecuencia lógica del hecho del depósito judicial en el banco,
que deben ser afrontados por la entidad financiera que asumió
los riesgos de la custodia de bienes sometidos a litigio. Para
ello, valoró que según el criterio expuesto por la Sala en
anteriores pronunciamientos y, en igual sentido, por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo referido en el
punto I del presente dictamen, las normas dictadas con motivo
de la emergencia que ordenaron la conversión a pesos de todos
los depósitos en dólares estadounidenses existentes en el
sistema financiero (en particular, el art. 2º, Dec. Nº 214/02),
resultan inaplicables a los depósitos judiciales.
- III -
Contra dicho pronunciamiento, el Banco de la Ciudad
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
3
de Buenos Aires, dedujo recurso extraordinario, que fue concedido
(fs. 3470/3480 y 3492). En síntesis, alega que existe
cuestión federal, pues se encuentra en tela de juicio la interpretación
de un pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictado en la misma causa; y, asimismo,
sostiene que la sentencia es arbitraria, pues se basa en
afirmaciones dogmáticas sin sustento fáctico, y omite el
tratamiento de cuestiones oportunamente opuestas por su parte,
conducentes para la resolución de los aspectos en debate.
En particular, aduce que la tasa del 12% aplicada
es confiscatoria, resultando ampliamente superior a la vigente
para las inversiones a plazo fijo en dólares estadounidenses
para el período reclamado, sin que la alzada haya producido
prueba tendiente a determinar esta situación. Explica que los
costos de la actividad bancaria son cubiertos por la diferencia
entre la aplicación de la tasa pasiva -que pagan por los
depósitos recibidos y que representa el costo financiero de
la operatoria- y la tasa activa -que cobran a sus clientes por
los préstamos que otorgan-, por lo que -entienden- la decisión
recurrida, genera un enriquecimiento sin causa a favor de la
quiebra, y un quebranto para el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
Sostiene que el tema en debate trasciende el interés
de las partes, revistiendo gravedad institucional, lo cual
habilitaría, asimismo, la apertura de la instancia extraordinaria.
- IV -
En tales condiciones, a mi modo de ver, el recurso
deducido es, en principio, procedente, en tanto se compromete
la inteligencia y alcance de un pronunciamiento del Máximo
Tribunal recaído en la misma causa, en cuyo mérito el recurrente
4
funda el derecho que estima asistirle (Fallos 317:201; 324:3411;
327:3725; entre otros).
No puedo dejar de recordar que este Ministerio Público
ha sostenido en reiteradas ocasiones que cuando la cuestión
planteada se centra en la inteligencia de un pronunciamiento
anterior de ese Tribunal -dictado en la misma causa- son los
miembros del Máximo Tribunal, quienes revisten el carácter de
intérpretes naturales y finales de los alcances de sus
sentencias (v. dictámenes en causas S.C. C. Nº 537, L. XXXIV
y S.C. C. Nº 578 L XXXV). Dicha pauta adquiere particular
relevancia en el caso, pues el Sr. Procurador General de la
Nación emitió opinión en autos "EMM", el día 15 de septiembre
de 2005, en un sentido diverso al resuelto por el Máximo Tribunal
en esa causa el 20 de marzo de 2007 (Fallos 330:971),
conformando, los fundamentos de esta última decisión, parte
integrante de la sentencia emitida por la Corte Suprema en estas
actuaciones (v. pto. I del presente dictamen).
Recuérdese que en el dictamen referido se ha opinado
que los depósitos judiciales forman parte del sistema financiero,
y, en tales condiciones, se propició su conversión
a pesos en los términos de los artículos 2º y 4º del Decreto
Nº 214/02. En aquella oportunidad, el Procurador General manifestó
que "si bien es cierto quelos bancos son los
depositarios de los fondos con una finalidad tuitiva, en tanto
colaboradores del servicio de actividad jurisdiccional y están
obligados a recibirlos por manda legal, también lo es que, con
ellos se incrementa la capacidad prestable, presentándose como
un negocio bancario desde el momento en que posibilitan la
realización de operaciones de colocación de fondos. Ello es
así y, por lo tanto, su existencia afecta el nivel de los
depósitos comunes y su movimiento y entrega puede ocasionar
una disminución de fondos en el sistema financiero".
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
5
Y "en ese estado de cosas, al ser el Banco de la
Ciudad el depositario de los fondos y permitírsele su usono
puede sino aplicar a esas cuentas las normas de los negocios
financieros porque los bancos sólo pueden actuar dentro del
marco de la ley de entidades financieras y bajo las
reglamentaciones que dicte el Banco Central de la República
Argentina. La relación jurídica de los bancos se desarrolla
dentro del sistema financiero, es decir, no pueden actuar
aisladamente sino que, como intermediarios habituales entre
la oferta y la demanda de recursos financieros (art. 1º de la
ley 21.526), quedan comprendidos en la regulación legal estatal
y a su control deben someterse."
Allí se agregó que "a pesar de su carácter
obligatorio y de su ingreso a los bancos oficiales con fines
prácticos y de seguridad, forzoso también es concluir que los
depósitos judiciales -salvo aquellos cuya custodia se encuentra
en una caja de seguridad- son capital de préstamotoda vez
que sería impensable obtener de otro modo el beneficio de los
intereses que su entrega al banco supone, ni podría exigírsele
a la entidad que abone una ganancia por la mera custodia".
De todos modos, no obstante lo expuesto, más allá
de la interpretación auténtica que el Tribunal pueda realizar
de su fallo, atendiendo a la relevancia de las cuestiones en
debate y a la vista que se corre a fojas 3524 del recurso de
apelación contra la sentencia agregada a fojas 3464/3465 expondré
mi opinión sobre los puntos en debate. En tal sentido,
a mi juicio, la decisión de ese Tribunal sobre la materia de
fondo que concluyó con el mantenimiento de la divisa
original -dólares estadounidenses- de los depósitos judiciales,
no importó resolver en sentido contrario al eventual
devengamiento de los frutos que generen las imposiciones, según
6
sea su naturaleza (depósitos a la vista o a plazo).
En efecto, el fallo de la Corte Suprema se sustenta,
básicamente, en el resguardo de las decisiones de los jueces
respecto del destino de los bienes litigiosos, que no pueden
ser alcanzadas por los otros poderes, ni siquiera en tiempos
de emergencia; es decir, excluye a los depósitos judiciales
de las medidas adoptadas en el marco de la Ley Nº 25.561 -y
normas concordantes-, en la inteligencia de que una solución
diversa, permitiría que el ejercicio de una de las funciones
del Estado interfiera con el regular cumplimiento de otra de
ellas.
Al respecto, V.E. ha dicho que los depósitos judiciales
son solamente disponibles por el magistrado a cargo de
la causa, desde que la administración y disposición de fondos
en los procesos judiciales implica el ejercicio del poder
público estatal a cargo de los jueces, que se encuentra legalmente
regulado (v. doctrina de Fallos 316:1066, citado en
el dictamen de esta Procuración General emitido en autos "EMM",
el día 15 de septiembre de 2005). Agregó que corresponde
aplicar, en forma subsidiaria, las reglas del depósito
irregular, y que, de tal forma, el banco depositario se
transforma en el dueño del bien recibido en custodia y soporta
todos los riesgos, no quedando obligado a devolver el mismo
bien, sino su valor, sin ninguna disminución.
Ello encuentra fundamento en el artículo 2220 del
Código Civil que establece que el depositario, cuando el depósito
es irregular, está obligado a restituir otro tanto del
dinero depositado, con tal que sea de la misma especie (v.
doctrina de Fallos 18:255 y disidencia del doctor C. Fayt en
autos "Bustos" Fallos 327:4495, pto. 26), y más allá de la
interpretación que pueda otorgarse a dicha norma, cuyo alcance
ha generado arduos debates en doctrina, lo cierto es que ello
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
7
no impide que el bien depositado genere intereses, en el marco
de un eventual acuerdo de partes sobre el modo de su restitución
o de una orden judicial de inversión. Máxime cuando se trata
de depósitos de dinero en entidades financieras, respecto de
los cuales el artículo 2185 inciso 4º del Código Civil y el
artículo 579 del Código de Comercio establecen que las reglas
del contrato de depósito se aplican sólo en forma subsidiaria,
es decir, en defecto de la legislación especial, a los efectos
de los depósitos bancarios.
Ahora bien, en el supuesto de autos, la inversión
en dólares estadounidenses de los fondos judiciales (v. fs.
2182, 2244, 2371/2373, 2378, 2383vta., 2653, 2866, 3031), fue
dispuesta por el magistrado competente, con anterioridad al
dictado de la Ley Nº 25.561 (6/1/02) en la entidad financiera
demandada, en una operación que devenga réditos (en este caso,
plazo fijo). Como lo sostuvo V.E. constituye, en igual medida,
una decisión dentro de la órbita de poder del juez. Es claro
que ello responde a una realidad económica en la que el buen
desempeño de la función jurisdiccional, exigía la preservación
de su valor adquisitivo (v. Fallos 316:1066). En tales
condiciones, el mantenimiento del depósito judicial en la moneda
de origen -dólares estadounidenses- no puede, en el contexto
antes señalado, tener como efecto anular el beneficio económico
que la imposición legalmente genera, en tanto dicha consecuencia
fue el objetivo que también tuvo el magistrado al efectuar esa
inversión.
Los argumentos del banco en orden a que los intereses
sólo serían procedentes en el depósito irregular en el marco
de lo dispuesto por el artículo 2222 del Código Civil, no logran
modificar la conclusión antes expuesta, toda vez que los
accesorios previstos en la norma referida poseen naturaleza
punitiva, siendo presupuesto de su viabilidad, en los términos
8
del artículo antes citado, que el uso del depósito hubiese sido
prohibido y la mora en la entrega. Cierto es que en el caso,
como dicen los quejosos no concurren tales presupuestos
sancionatorios, pero, sin embargo, el reclamo se basa en otro
aspecto: se requieren, finalmente, los intereses, legalmente
autorizados, que genera el capital correspondiente a la quiebra,
que fue invertido en una operación a plazo en una entidad
financiera, por el juez actuante en el proceso universal, a
pedido de parte, con el objeto, justamente, de obtener esos
réditos, operación que fue admitida por la entidad bancaria.
No configura un hecho controvertido que el plazo fijo
constituido originariamente en dólares estadounidenses,
devengaba intereses, los cuales, vale señalar, según el
mecanismo utilizado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires
para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal en el
pronunciamiento antes señalado (redolarización), fueron
imputados al saldo de la cuenta para la adquisición de la moneda
extranjera (fs. 3425/3426, nótese error en el foliado).
Es oportuno recordar, en este punto, que esta Procuración
General en la causa "EMM", en el dictamen ya referido
(v. acápite VII), expuso su opinión en torno a que los fondos
judiciales -depositados a la vista o a plazo- integran la
capacidad prestable de las entidades financieras depositarias,
razón por la cual devengan intereses; y agregó que "la propia
ley de autarquía judicial (ley 23.853) incluye como recursos
específicos, afectados al Presupuesto de Gastos e Inversiones
del Poder Judicial, a "... los importes liquidados por las
instituciones financieras originados en razón de las
inversiones dispuestas por los señores jueces nacionales o
federales en los juicios que tramitan.." (art. 3º inc. c) y
a "toda renta que se obtenga por operaciones financieras que
puedan efectuarse con los fondos obtenidos con los recursos
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
9
enumerados precedentemente." (inc. e). Entre las inversiones
se detallan las operaciones en moneda de curso legal y en moneda
extranjera -tanto se refieran a depósitos a la vista o a plazo
fijo, estipulando el porcentual de comisión por la diferencia
entre la tasa activa y la pasiva, conforme, a su vez, a la
capacidad prestable del depósito- y la compraventa de títulos."
En tales condiciones, considerando que en el caso
se trata de un depósito a plazo fijo en dólares estadounidenses
(constituido con anterioridad al dictado de la Ley Nº 25.561
por el juez a cargo del proceso universal con una finalidad
de inversión), es razonable que los intereses devengados, como
un accesorio de la obligación principal contraída por el banco,
a los efectos de su cálculo, sigan su suerte -en lo que al signo
monetario respecta-. En ese contexto, la sentencia de la Cámara,
en mi opinión, no se aparta, en la forma antes descripta, de
lo decidido anteriormente en estas actuaciones por el Máximo
Tribunal.
Sin perjuicio de ello, habida cuenta que el banco
apelante se agravia, también de la tasa de interés impuesta
por el a quo al depósito judicial invertido en plazo fijo,
resulta pertinente agregar que la aplicación de dicha tasa (12%
anual) conduce a un resultado excesivo, que deriva en un
enriquecimiento incausado del patrimonio falencial, y se aparta
palmariamente del accesorio que hubiere generado la imposición
en dólares estadounidenses en el lapso en cuestión (v. mutatis
mutandis doctrina de Fallos 305:1816).
En efecto, la determinación por los jueces del
porcentaje para el cálculo de los intereses del depósito judicial
invertido en un plazo fijo en moneda extranjera, no se
sustenta en las constancias de la causa, ni en las normas legales
aplicables, como así tampoco en las tasas que para operaciones
de idénticas características pagaban las entidades financieras
10
durante el período reclamado, desnaturalizando la finalidad
de la pretensión, cual es, en el marco de la decisión del Máximo
Tribunal, la obtención de los réditos que naturalmente hubiese
generado el capital en la moneda de origen, provocando, por
lo tanto un menoscabo en el derecho de propiedad de la entidad
financiera (art. 17, C.N.).
De tal forma, a mi juicio, teniendo en cuenta que
la problemática vinculada con los depósitos judiciales ha sido
largamente discutida por los depositantes y las entidades
bancarias, corresponde que el Tribunal, de estimarlo pertinente,
se avoque al estudio de este punto, para dejar dirimida
una controversia atinente a innumerables procesos y bajo la
égida de los jueces, según sostuvo V.E. en el precedente "EMM"
citado.
Por mi parte, interpreto que asiste razón -en este
punto- al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que el
tribunal para fijar una tasa del 12% anual, aplicable al depósito
abierto en las actuaciones e invertido en un plazo fijo en
dólares estadounidenses a 30 días renovable automáticamente,
se apartó, sin dar razones que lo justifiquen, de los intereses
vigentes en los lapsos correspondientes, para las imposiciones
a plazo en dicha divisa.
De ahí que la mera invocación por parte de la Cámara
del argumento expuesto por el Máximo Tribunal para resolver
la cuestión de fondo, relativo a que la entidad bancaria debe
asumir el riesgo de los bienes litigiosos en custodia, no subsana
el exceso indicado, desde que si bien la alzada adoptó la tasa
propuesta por la sindicatura en la presentación de fojas
3421 -nótese error en el foliado-, dicha sugerencia no fue
apoyada en pauta objetiva, real o legal alguna. Es más, los
parámetros utilizados parecen tener relación con los accesorios
que devengaban las operaciones en moneda nacional (v. fs.
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra.
S.C. A. Nº 1300; L. XLIV.-
Procuración General de la Nación
11
3419/3421, nótese error en el foliado).
En tal contexto legal, y valorando que los intereses
que el tribunal resolvió imponer no tienen causa en la mora
del banco, como bien señala esa parte en su recurso extraordinario,
su determinación debe ajustarse a datos objetivos
y reales. Para ello, en mi opinión, deberá estarse a la tasa
de interés que generaban las nuevas imposiciones en dólares
estadounidenses -particularmente para los plazos fijos a 30
días, renovables automáticamente- en el banco depositario, que
se encontraban legalmente permitidas durante el período en
cuestión -y luego del dictado de la Ley Nº 25.561-, de acuerdo
a lo dispuesto por la Resolución Nº 9/02 del Ministerio de
Economía -y sus mod.- y las Comunicaciones B.C.R.A. "A" Nº 3426
y Nº 3427 -y concs.-.
- V -
En virtud de lo expuesto, opino que corresponde
confirmar la decisión en cuanto declaró procedentes los
intereses del depósito judicial de autos invertido en un plazo
fijo a 30 días, y revocarla en relación a la determinación de
la tasa aplicable para su cálculo, con el alcance indicado en
el punto IV, último párrafo de este dictamen.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
Dra. Marta A. Beiró de Goncalvez.
Es copia.
12
A. 1300. XLIV.
Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra .
Año del Bicentenario
13
Buenos Aires, 20 de abril de 2010
Vistos los autos: “Algodonera Lavallol S.A. s/ quiebra”.
Considerando:
Que las cuestiones planteadas en autos han sido
adecuadamente examinadas en el dictamen de la señora Procuradora
Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde
remitirse por razones de brevedad.
Por ello, de conformidad con lo sostenido por la señora
Procuradora Fiscal, se hace lugar al recurso extraordinario
planteado y se deja sin efecto la sentencia apelada, con los
alcances expuestos en el acápite IV del mencionado dictamen.
Costas por su orden en virtud de las particularidades de la
relación jurídica sobre las que versaron las actuaciones (art.
68, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación). Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI -
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurso extraordinario interpuesto por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por el Dr. Pedro Miguel Lorenti.
Traslado contestado por Rosalía Parga, en su carácter de Síndica, con el patrocinio
letrado del Dr. Jorge Schrager.
Tribunal de origen: Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial n10.
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